“Es mejor entre menos distracciones tengan”: el primer día sin celulares en escuelas
Marcela Nochebuena · 4 de noviembre de 2026
Para miles de madres, padres y docentes, este martes 3 de noviembre fue casi como cualquier otro día de escuela, pero esta vez con la tranquilidad, para muchas de ellas y ellos, de que sus infancias y adolescencias no tendrán la distracción de un dispositivo electrónico en su entorno educativo.
Consultados en las inmediaciones de escuelas públicas de educación básica primaria y secundaria, la mayoría de ellos dijeron estar al tanto y de acuerdo con la medida. Incluso una de las madres contó que se les invitó a firmar un papel en el que expresaron su acuerdo.
Esto a pesar de que ninguno de los planteles contaba con un anuncio visible a las puertas de sus instalaciones, como sí fue promovido el día anterior en promocionales y videos en redes sociales: “¿Tus hijos llevan celular a la escuela? Estas son algunas reglas que se aplican a partir del 3 de noviembre para primaria y secundaria”, señaló el corto gubernamental.
El celular debe guardarse en casa o en la mochila, se utilizará para fines pedagógicos solo cuando el maestro lo indique, y su uso será exclusivo por emergencias, motivos de salud o discapacidad, además de fomentar la lectura, la escritura y la capacidad de atención y comprensión sin distracciones, son parte de las medidas que anunció el gobierno federal.
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La medida impulsada por la Secretaría de Educación Pública se aplicó a partir de este martes en un sistema al que pertenecen 34.1 millones de estudiantes, 2.2 millones de docentes y 263 mil 600 escuelas. En los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción comprende toda la jornada escolar.
La dependencia justificó que, en una consulta nacional, el 80% de los docentes identificó dificultades de sus estudiantes para mantener la atención; el 79% para recordar información, y el 73% para regular sus emociones o afrontar la frustración; en total, un 81% estuvo de acuerdo en que era necesario adoptar medidas. Ante ello, especialistas y organizaciones han señalado la falta de consulta a las propias infancias y adolescencias.
Esa voz de los docentes se reflejó también en el primer día sin celulares. A la salida de la escuela primaria Estado de Guerrero una de ellas hizo énfasis en la distracción que el celular representaba para sus estudiantes. “Aunque ya en las clases varios les pedíamos que los guardaran, para mí es mejor que haya una instrucción a nivel general que lo respalde”, comentó.
Ahí mismo, una de las mamás que recogía a su hijo pequeño aseguró que las madres y padres sí tenían conocimiento de la medida, “y de hecho, nos hicieron firmar un papel de que estábamos de acuerdo”. A ella le parece razonable, porque, asegura, no hay necesidad de llevar celulares a la escuela a esa edad. En realidad, antes de la medida, desde casa no se lo permitía a su hijo.
Un panorama similar se vivió en la escuela primaria Estado de Quintana Roo, en la que madres y padres de familia mostraron en general un acuerdo con la restricción. “Es mejor entre menos distracciones tengan, a menos que les sirvan para aprender, pero si están en clase, el celular no es necesario, y en eso creo que la mayoría estamos de acuerdo”, aseguró una de las madres.
En otras escuelas, como algunas privadas, la restricción viene incluso de tiempo atrás. Así lo relató María José, de 13 años, en un testimonio para Animal Político. El director de su escuela determinó hace varios meses que no permitiría el uso de celulares en el plantel y así se ha hecho. María José no está de acuerdo pues está segura de que ella es capaz de dejar de utilizarlo cuando quiera.
Este mismo martes, la organización Cultivando Género volvió a hacer énfasis en la falta de atención a uno de los principios de los derechos de las infancias en relación con el entorno digital, que es el respeto y participación de sus opiniones, pues los riesgos se deben abordar escuchándoles.
En grupos focales puestos en marcha por la agrupación, algunas de las perspectivas relevantes recabadas fueron que niñas, niños y adolescentes conocen las herramientas de seguridad digital; que en general cuestionan por qué a ellas y ellos se les prohíben los dispositivos en los centros educativos y a las personas adultas no, y que tienen conciencia de que no deben sacarlo en clase.
Al mismo tiempo, mostraron preocupación de que al retirarles el teléfono para resguardo, las personas adultas puedan revisar su contenido, así como el hecho de que los entornos digitales y el internet “son muy grandes” y nadie les habla del tema. Por otro lado señalaron que muchas de las personas que están a cargo en las escuelas no saben del tema digital o no les creen cuando exponen una situación de violencia.
Por eso, independientemente de las restricciones, Cultivando Género remarca la necesidad de, además, no escatimar la información que se les provee a niñas, niños y adolescentes sobre los procesos de resguardo; mantener el diálogo, la comunicación y el acompañamiento de acuerdo a su autonomía progresiva; incorporar habilidades digitales como parte de la formación; proveer de educación digital y herramientas de acompañamiento a personas adultas, y garantizar los derechos digitales de infancias y adolescencias mediante un acceso seguro, tanto como a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
Más allá de la prohibición escolar: la regulación y alfabetización que falta
En medio de la discusión respecto a la prohibición y restricción del uso de dispositivos a infancias y adolescencias, y durante todo el periodo previo al decreto gubernamental que finalmente entró en vigor este 3 de noviembre, especialistas y organizaciones han puesto el acento en la necesidad de escuchar a las propias niñas, niños y adolescentes, pero también de abordar las diferentes aristas que intervienen en el derecho que tienen a los entornos digitales al tiempo de lograr hacerles conscientes de los riesgos.
Para los promotores de la iniciativa que Save the Children ha puesto en marcha en comunidades donde muchas veces ni siquiera hay acceso a internet, existen muchos riesgos en el entorno digital; sin embargo, una prohibición total de los dispositivos no necesariamente es efectiva sin una formación previa, que plantee a infancias y adolescencias cómo usarlos con conciencia, o qué puede pasar cuando interactúan con gente que no conocen.
Por ejemplo, en entornos escolares suelen repetirse advertencias generales, pero muchas veces hace falta acompañarlas de ejercicios prácticos, que ayuden a las infancias y adolescencias a vivir y experimentar por cuenta propia, o a no asumir que “no pasa nada”. La prioridad en esas comunidades digitales es dotar a la niñez de habilidades para navegar de forma segura.
Por otro lado, especialistas señalan que un modelo regulatorio que obligue a las empresas tecnológicas a adaptar sus diseños e interfaces algorítmicas, destinados a población adulta —otra medida determinada desde la Presidencia— y a asumir responsabilidades para retirar contenidos vinculados con violencia, ciberacoso o extorsión, es tan necesario como fortalecer la alfabetización digital.
Ante la recurrencia de hechos de violencia en escuelas, planeados o incitados desde el entorno digital —sobre todo los más visibles en Lázaro Cárdenas, Michoacán; el CCH Sur y Torreón, Coahuila—, el gobierno federal expidió también un decreto nacional que busca garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en esos espacios.
La disposición establece un marco de obligaciones dirigido a las empresas de servicios digitales que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos. El instrumento prohíbe que las plataformas den acceso a menores de edad a contenido, imágenes y videos que generen o promuevan discursos de odio y extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Aunque la regulación a las empresas es necesaria, porque la falta de adecuación en las plataformas fomenta que las niñeces queden expuestas a entornos digitales sin las protecciones proporcionales a su etapa de crecimiento, la modificación técnica de las herramientas digitales debe ser uno de los primeros niveles de intención regulatoria, pero no el único.
El debate internacional sobre regulación digital
El debate internacional sobre la regulación digital incluye antecedentes de esquemas estrictamente prohibitivos, como el de Australia a partir de 2025, que restringe el acceso a plataformas a las personas menores de 16 años. Sin embargo, las evaluaciones señalan que la prohibición total no elimina el consumo, sino que fomenta conductas de evasión.
Especialistas consultados por Animal Político han explicado también que esas medidas suelen resultar contraproducentes porque comúnmente derivan en la creación de perfiles falsos que simulan la identidad de personas adultas y la migración a redes no indexadas o “dark web”, donde se eleva de forma drástica el riesgo de exposición a redes de pederastia, tráfico de armas y comercio ilícito.
Por otro lado, organizaciones especializadas en infancias coinciden en que el decreto presidencial del pasado 14 de octubre que obliga a las plataformas digitales a implementar medidas para identificar, restringir y retirar contenidos es un avance, y destacan la importancia de que se atribuya a las corporaciones tecnológicas la responsabilidad directa de ofrecer entornos virtuales más seguros.
Sin embargo, al mismo tiempo advierten que la medida no garantiza por sí sola una protección efectiva. Entre las brechas críticas en la normativa, destaca que el plazo de 30 días fijado para las empresas carece de sanciones inmediatas, mientras que la supervisión recae en los informes de las plataformas, que quedarán como “juez y parte”.
Por otro lado, alertan sobre los riesgos para la privacidad que implica verificar la edad sin un marco de protección de datos; la posible censura involuntaria de contenidos educativos sobre prevención debido a definiciones legales ambiguas, y la falta de una consulta previa con infancias y adolescencias.
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