Celulares en escuelas: las fallas del nuevo acuerdo de la SEP

El nuevo acuerdo de la Secretaría de Educación Pública para normar el uso de dispositivos móviles en las aulas dejó más dudas que certezas. Especialistas en pedagogía y derechos digitales advierten que la medida carece de protocolos claros de sanción y traslada toda la responsabilidad a las escuelas, sin contemplar una estrategia integral de alfabetización digital ni presupuesto para su aplicación.

Según el acuerdo publicado este martes por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, la restricción del uso de los dispositivos en primarias y secundarias considera excepciones, como su utilización con fines educativos previamente programados, por motivos de discapacidad o ante necesidades particulares y extraordinarias.

En el caso de las escuelas de nivel medio superior y superior, se prevé un uso controlado del celular, aunque el acuerdo establece que cada plantel construirá acuerdos para la implementación que comenzará el próximo 3 de noviembre.

Sin embargo, organizaciones sociales y académicas apuntan que es necesario que se aclaren las responsabilidades de la custodia de los celulares, las sanciones al incumplimiento de la indicación y mecanismos para evaluar resultados.

Las dudas y debilidades del acuerdo publicado por la SEP

Para la académica Cimenna Chao, el acuerdo parte de un enfoque en el que se reconoce la autonomía y capacidad de autorregulación del estudiantado, pero más allá de los decálogos sugeridos para trabajar con las y los alumnos, no brinda herramientas para que sean una realidad.

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Además, la directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana señala que la SEP no consideró que aparte de los celulares algunos planteles no tienen otra infraestructura tecnológica o de conexión a internet. Tampoco define con claridad a qué se refiere el documento cuando se considera la posibilidad de su uso en “emergencias” ni quién será responsable de custodiar los aparatos que sean retirados por usarse sin autorización.

Paulina Amozurrutia, directora de la asociación civil Educación con Rumbo, apunta que la medida no prevé capacitación docente, presupuesto ni indicadores que permitan evaluar los resultados. En caso de que persistan estas problemáticas, alerta que el acuerdo quedaría “en palabras relevantes, pero que solo conducen a una carga más grande para las escuelas“.

Aunque la SEP estableció que cada semestre deberán reunirse las autoridades educativas para revisar y dar seguimiento a la implementación de la medida y realizar los ajustes necesarios, las expertas coinciden en que hay cuestiones que debieron contemplarse desde la publicación del acuerdo, empezando por un reglamento que no deje a interpretación o consideración de cada plantel lo que quiso decir la autoridad federal.

Actualmente, 19 estados del país cuentan con disposiciones o instrumentos normativos vigentes que regulan el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales en centros educativos: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Los beneficios educativos de la tecnología digital

La directora de investigación en la asociación Mexicanos Primero, Maura Rubio, subraya que la tecnología digital “puede tener beneficios educativos, pero esto depende de las condiciones en que se utilizan, del acompañamiento docente, del diseño pedagógico, de la calidad de las actividades educativas propuestas y de la capacidad de estudiantes y docentes para emplear de manera crítica las herramientas”.

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Como estrategia, Mexicanos Primero considera que la SEP “está apostando a la capacidad de los colectivos docentes para definir el uso de la tecnología digital, proponiendo una asamblea para que maestros y familias resuelvan cómo llevarlo a cabo”. En el caso de los primeros, “como profesionales toman decisiones sobre su práctica y pueden optar por usar o no las tecnologías digitales”.

La especialista comenta que “el papel de las familias es fundamental, pues el aprendizaje digital no ocurre solamente en la escuela. Son las familias quienes proveen los dispositivos a niños y adolescentes; entonces las familias son corresponsables, en definitiva, y requieren información sencilla y basada en evidencia sobre los efectos del uso inadecuado o excesivo de las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial”.

Maura Rubio agrega que “las escuelas tendrán que recabar información para rectificar o ratificar las decisiones que se van tomando, pero pensamos que toda decisión educativa tendría que estar basada en evidencia, porque no es posible que se tomen decisiones generales sin tomar en cuenta evaluaciones y datos que indiquen de dónde partimos y cómo resulta aquello que se decidió”.