Expertos proponen adecuar algoritmos y trabajar en alfabetización digital para regular plataformas
Marcela Nochebuena · 12 de octubre de 2026
Implementar un modelo regulatorio que obligue a las empresas tecnológicas a adaptar sus diseños e interfaces algorítmicas —configurados para población adulta—, y a asumir la responsabilidad de retirar contenidos vinculados con violencia, ciberacoso o extorsión es tan necesario como fortalecer la alfabetización digital entre infancias y adolescencias, señalan especialistas.
En lugar de optar por la prohibición general, que con frecuencia se elude o genera clandestinidad, es fundamental establecer un modelo regulatorio que no deje de lado los derechos de las infancias. Para lograrlo, se debe delimitar el uso de plataformas por etapas de desarrollo, modificar sus dinámicas de reproducción automática y complementar esas acciones con programas de alfabetización digital, así como con supervisión en hogares y escuelas.
Las plataformas de redes sociales e interacción digital funcionan mediante diseños estructurales, visuales y lógicos creados originalmente para personas adultas. No obstante, las niñas, los niños y los adolescentes acceden a esas interfaces sin poseer el mismo nivel de desarrollo cerebral y físico.
Esa asimetría provoca que la exposición a dinámicas de interacción intensiva, notificaciones continuas y patrones de diseño orientados a la permanencia impacte de manera diferenciada. Pese a que las empresas tecnológicas incorporan términos y condiciones de servicio, los controles de verificación no siempre impiden el registro de menores de edad.
Voces expertas indican que el planteamiento de regulación no debe dirigirse a la cancelación de la tecnología, sino a la adaptación obligatoria de sus interfaces y mecanismos de funcionamiento.
“Los niños están utilizando diseños electrónicos, visuales, de redes sociales, para adultos, con las consecuencias que implica. No es casualidad que pase eso, porque si bien las plataformas piden aprobación, no están pensadas para que un menor de edad tenga acceso a ellas. Nuestro sistema difícilmente puede estar preparado si no aceptamos todos la responsabilidad de que permitimos eso”, apunta Héctor Licona, abogado autor del libro “Niñas, niños y adolescentes en el entorno digital”.
De esa manera, la falta de adecuación en las plataformas fomenta que las niñeces queden expuestas a entornos digitales sin las protecciones proporcionales a su etapa de crecimiento. Bajo ese enfoque, la modificación técnica de las herramientas digitales debe ser uno de los primeros niveles de intención regulatoria, pero no el único.
“No está mal que existan. Lo que está mal es que no estén adaptadas, y creo que el problema empieza más abajo. La regulación se debería empezar a discutir sobre dónde y en qué momento se pueden usar, primero”, añade el especialista.
Mecánicas de retención, “túneles de radicalización” y “cámaras de eco”
Por otro lado, el modelo económico de las plataformas digitales se fundamenta en captar y mantener la atención de las personas usuarias durante el mayor tiempo posible con el propósito de mostrar publicidad. Sus algoritmos están programados para priorizar contenidos que generan polémica o causan un alto impacto emocional.
En el caso de las infancias y las adolescencias, el funcionamiento de esas dinámicas algorítmicas puede derivar en “túneles de radicalización”, un fenómeno que ocurre cuando un usuario realiza una búsqueda inicial sobre una inquietud o problemática personal —como métodos para responder al acoso escolar, por ejemplo— y obtiene por respuesta, de forma consecutiva, materiales de mayor intensidad que lo van involucrando en comunidades virtuales que promueven la violencia, el uso de armas o retos de autolesión, explica Gabriela González, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México.
A la par, coexisten “cámaras de eco”, espacios digitales donde la interfaz selecciona y muestra solo contenidos que coinciden con la actividad previa de la persona usuaria. Esa selección constante elimina posturas diversas, refuerza sesgos y aísla al usuario en entornos que reproducen de forma repetitiva sus propias búsquedas.
“Significa que te va llevando a entornos, a foros, a comunidades y demás donde por la propia configuración del algoritmo, solo te va devolviendo tu voz”, apunta González. Esta dinámica de filtrado algorítmico facilita la propagación de corrientes ideológicas organizadas dentro del entorno digital, como la “manosfera” o “machosfera”.
Límites de los modelos prohibitivos y evasión hacia entornos no moderados
El debate internacional sobre la regulación digital incluye antecedentes de esquemas estrictamente prohibitivos, como el de Australia a partir de 2025, que restringe el acceso a plataformas a las personas menores de 16 años. Sin embargo, las evaluaciones señalan que la prohibición total no elimina el consumo, sino que fomenta conductas de evasión.
Entre las principales respuestas registradas ante las restricciones de edad, se encuentra la creación de perfiles falsos mediante la simulación de identidades de personas adultas o familiares. Además, la migración de las personas usuarias hacia la red no indexada o “dark web”, donde los contenidos se encuentran encriptados, no existen controles parentales ni alertas de moderación y se incrementa el riesgo de contacto con redes de pederastia, tráfico de armas o comercio ilícito.
Esto en un contexto en el que el comportamiento de las personas usuarias en internet está condicionado por la “ilusión de seguridad”, un sesgo cognitivo que produce la inmaterialidad del entorno digital. Al no percibir riesgos físicos tangibles, las personas tienden a compartir información personal, imágenes u opiniones como no lo harían en el espacio público presencial, acota Mario Farias-Elinos, experto en ciberseguridad.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha atendido más de 5 mil 500 reportes de ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes. Más del 70 % de las infancias y adolescencias prefieren solicitar orientación jurídica y psicológica mediante el chat de WhatsApp (55 55 33 55 33).
La mitad corresponde a la difusión de material de abuso sexual infantil, es decir, pornografía. De esos casos, el 76 % de las imágenes o videos fueron autogenerados, lo que significa que las víctimas grabaron el material y lo enviaron, tras ser manipuladas, engañadas o inducidas por una persona adulta desde el otro lado de la pantalla.
La extorsión es la segunda causa principal de reporte (35 %). Gabriela González explica que en este porcentaje se configura un segundo delito, además de compartir el material, pues las interacciones escalan a un chantaje digital en el que el agresor amenaza con difundirlo con familiares, maestros o compañeros si no se le entregan más fotografías o videos.
El porcentaje restante de los reportes abarca delitos e incidentes como el ciberacoso o traslado del acoso escolar a plataformas virtuales, el robo de identidad, así como los fraudes y el robo de listas de contactos. Además, se han reportado riesgos en videojuegos y redes sociales, como perfiles que exhiben o manipulan armas punzocortantes o de fuego, realizan autolesiones o anuncian intenciones de cometer ataques.
Lo que plantea el esperado decreto federal
Ante la recurrencia de hechos de violencia en escuelas, planeados o incitados desde el entorno digital —como el ocurrido el viernes en Torreón, Coahuila—, el gobierno federal explicó las líneas generales de un decreto nacional que busca garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en esos espacios.
La disposición establece un marco de obligaciones dirigido a las empresas de servicios digitales que en internet permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias.
Este instrumento prohibiría eventualmente a las plataformas digitales permitir el acceso, la exposición o la recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan discursos de odio y extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Para ello, obligará a las plataformas tecnológicas a identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia; clasificar contenidos por edad; proveer herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras, así como mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos, al igual que privacidad y seguridad activas de manera predeterminada para que niñas, niños y adolescentes cuenten desde el inicio con la configuración más protectora.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el anuncio del viernes, se habilitará la colaboración con instancias de seguridad y procuración de justicia mediante un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender requerimientos de información de la autoridad investigadora, preservar y entregar evidencia e información, y alertar de manera inmediata cuando se identifique contenido que atente contra la vida.
En una publicación en sus redes sociales, ese mismo día la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una transmisión en vivo, que ocurrirá esta semana, sobre cómo garantizar ambientes seguros para infancias y adolescencias.
La manosfera, un tema urgente más allá de las plataformas
El ataque en Torreón, Coahuila, no es el primero presuntamente vinculado a la manosfera, un tema urgente de atender y para el que no bastará la regulación de las plataformas. Le anteceden el del CCH Sur y el de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Diego Delfín, investigador de la Universidad Iberoamericana, recuerda que ese ecosistema descentralizado, integrado principalmente por varones —incluso de 8 y 9 años de edad—, difunde discursos de rechazo hacia los derechos de las mujeres y el feminismo, posturas que se trasladan a las aulas y los centros educativos. Además, carece de una estructura centralizada, pero algunas veces se identifica mediante manfluencers que promueven ciertas narrativas.
Entre “las afinidades o los puntos en común que configuran las ideas de la manosfera está una especie de señalamiento de crisis de la masculinidad, de lo que significa asumirse como hombre y reivindicar el lado masculino, y que agarra como ‘chivo expiatorio’ a las mujeres, el feminismo y los movimientos para conseguir derechos de las disidencias sexuales”, apunta. Además, se vinculan con movimientos neoconservadores digitales.
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El especialista advierte que la cultura de la manosfera ha permeado en el entorno presencial, e impactado de manera directa en planteles educativos. Ante la falta de formación sobre el uso de las tecnologías de la información, las redes sociales y los medios digitales se han convertido en fuentes primarias de educación e identidad para las adolescencias.
Esa exposición fomenta la reproducción de conductas machistas en el aula, la propagación de discursos de odio y el uso de inteligencias artificiales para vulnerar la intimidad de compañeras mediante imágenes falsas. Delfín señala que la adscripción de niños y adolescentes a estas comunidades se origina en factores de vulnerabilidad socioemocional, como el aislamiento, la soledad y la búsqueda de sentido de pertenencia.
Así, la manosfera aprovecha el carácter afectivo de las redes sociales para movilizar odios masivos y generar “cámaras de eco” que radicalizan el discurso. Este fenómeno, que lleva más de seis o siete años gestándose en México, se conecta con estrategias mediáticas globales e “influencers intelectuales” que emplean argumentos pseudoacadémicos para validar posturas misóginas e incidir en escenarios políticos e ideológicos.
En cuanto a la posible regulación de plataformas, Delfín sostiene que los esquemas basados solo en la prohibición, la censura o el bloqueo de contenidos, resultan ineficaces. Como ocurre con la pornografía: las restricciones no impiden que las infancias y adolescencias encuentren formas alternativas de acceder.
Por ello, considera que aunque es necesario comprender el funcionamiento de los algoritmos y de la difusión mediática, la regulación no debe reducirse a intentos de censura, sino enfocar los esfuerzos en la formación y el uso consciente de las herramientas.
Una acción esencial, dice, es la incorporación de la alfabetización digital, mediática y algorítmica en las políticas públicas y en los planes de estudio del sistema educativo para formar pensamiento crítico y aprender a discernir información, verificar fuentes, identificar los intereses económicos de creadores de contenido y cuestionar la validez de discursos que se ostentan como “científicos”. Además, el profesorado debe ser capacitado para comprender lenguajes y códigos, y detectar a tiempo expresiones misóginas.
El especialista destaca la necesidad de fortalecer la educación socioemocional para atender de raíz la soledad y la falta de acompañamiento que viven los jóvenes atraídos por la manosfera, romper la “complicidad del silencio” en las escuelas, evitar normalizar o relativizar discursos discriminatorios y enseñar que la ampliación de derechos para las mujeres no disminuye los de los hombres.
Alfabetización mediática, uso por etapas y corresponsabilidad
Frente a las limitaciones de los esquemas prohibitivos y las medidas puramente punitivas, los especialistas coinciden en que las propuestas de regulación integral deben plantear combinar la responsabilidad corporativa de las plataformas con la alfabetización digital y mediática.
Parte de ello puede ser también establecer criterios de utilización por etapas de desarrollo: restricción de pantallas en la etapa de cero a seis años, y uso guiado exclusivamente con fines pedagógicos en etapas posteriores, opina Héctor Licona, para evitar desplazar el juego presencial, la lectura y la convivencia familiar.
La alfabetización mediática es indispensable para reconocer patrones de manipulación y detectar situaciones de riesgo antes de que se consolide un daño; sin embargo, esta formación fue omitida de las políticas públicas y los planes de estudio.
En el ámbito familiar, destacan la importancia de la supervisión activa por parte de madres, padres y tutores. La revisión de mensajes y la orientación directa sobre la interacción en internet constituyen medidas preventivas para evitar que las herramientas digitales masifiquen los riesgos de victimización, sostiene Farias-Elinos.
“Todos estos riesgos de alguna manera existían, aunque en menor proporción. Lo que han hecho las redes sociales o las tecnologías es masificar este riesgo a todo mundo y exponenciar la facilidad con la que las personas pueden caer en ellos”, apunta.
Por lo tanto, de acuerdo con los especialistas, la protección de las infancias y las adolescencias en el entorno digital requiere de un esquema de corresponsabilidad que vincule la reconfiguración técnica de las plataformas, la aplicación del marco normativo federal y la capacitación continua de las personas usuarias en el entorno familiar y educativo.
“Antes de decidir qué sí incide en la niñez [se deben] tomar en cuenta sus derechos, a cuáles de ellos toca, qué alternativa hay dentro de la actuación de una autoridad administrativa, de una empresa, qué incide en la niñez, si hay prioridad o no; sin satanizar la tecnología, porque el problema no es lo que pasa dentro de la pantalla, sino lo que la pantalla o la tecnología pueden llegar a desplazar; son cosas diferentes”, enfatiza Licona.