México ordena regular las plataformas digitales, pero persisten riesgos para las infancias

Este miércoles se oficializó la regulación de plataformas digitales mediante medidas que obligan a las empresas a proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos en internet; sin embargo, los retos que persisten en el entorno digital, y que se expanden con rapidez, obligan a pensar en un trabajo y reflexión mucho más profundos.

Frente a los riesgos algorítmicos, el consumo problemático y los vacíos de acompañamiento, en las últimas semanas especialistas, organizaciones y jóvenes —según lo documentado por Animal Político— han coincidido en que la solución no radica en prohibiciones estrictas, sino en la modificación del diseño de las plataformas, la alfabetización digital y la atención socioemocional.

Además, el debate en torno al uso de redes sociales e internet por parte de niños, niñas y adolescentes puso desde el principio un énfasis particular en México: la necesidad de trasladar la exigencia de responsabilidad a las empresas tecnológicas y de software, en lugar de centrar la carga de supervisión únicamente en las familias o en la conducta individual de las personas menores de edad.

Esto se debe a que las plataformas digitales no fueron diseñadas pensando en el desarrollo de la infancia; sus estructuras visuales, lógicas de funcionamiento e interfaces fueron creadas para la población adulta. No obstante, las personas menores de edad acceden de forma cotidiana a esas herramientas sin contar con el mismo nivel de desarrollo neurológico y emocional.

El abogado y autor del libro Niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, Héctor Licona, apunta que la asimetría del sistema radica en haber permitido que las infancias naveguen en entornos no adaptados para su edad. Una regulación efectiva debe priorizar su modificación técnica, así como delimitar su uso conforme a etapas del desarrollo.

Otras personas expertas han criticado el modelo económico de las grandes empresas de tecnología, el cual se fundamenta en captar y mantener la atención continua de los usuarios mediante notificaciones y reproducciones automáticas diseñadas para generar ingresos publicitarios. Con ese fin, los algoritmos están programados para priorizar contenidos que causan alto impacto emocional o polémica. 

Karime Rocha, quien trabaja en talleres de prevención de la violencia con jóvenes de bachillerato, sostiene por separado que responsabilizar individualmente invisibiliza factores estructurales, como el diseño intencional de las aplicaciones para retener la atención, la escasez de espacios recreativos presenciales y la falta de una educación digital crítica. 

Por ello, concluyó que los marcos normativos estatales no deben penalizar a los usuarios menores de edad, sino fiscalizar el software y exigir responsabilidad corporativa a las firmas tecnológicas.

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El decreto firmado oficialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles obliga a las plataformas digitales a evitar que personas menores de edad accedan a contenidos que promueven odio, violencia sexual, bullying, autolesiones y material explícito; además, las obliga a verificar la edad, incluir controles parentales, retirar contenido violento de inmediato, contar con vías para hacer reportes y cooperar con las instituciones.

Los especialistas consultados por Animal Político han explicado también que las evaluaciones sobre esquemas estrictamente prohibitivos —como las restricciones absolutas de edad o el veto total de dispositivos— indican que esas medidas suelen resultar contraproducentes, pues solo fomentan conductas de evasión.  Entre ellas, la creación de perfiles falsos que simulan la identidad de personas adultas y la migración a redes no indexadas o “dark web”, donde se eleva de forma drástica el riesgo de exposición a redes de pederastia, tráfico de armas y comercio ilícito. 

Por otro lado, Save the Children advirtió aquí que la prohibición provoca que las adolescencias busquen ocultar su actividad digital a sus personas cuidadoras. Por ello, promueve un acompañamiento guiado mediante un proyecto de comunidades digitales que ya arrancó en la colonia Jalalpa, de la alcaldía Álvaro Obregón, y otras zonas vulneradas de la Ciudad de México. El modelo surgió para responder colaborativamente a las necesidades tecnológicas de diversas zonas urbanas —donde muchas veces ni siquiera hay acceso a una computadora— y propiciar que infancias y adolescencias aprendan a navegar de forma segura. 

Riesgos neurológicos, dinámicas algorítmicas y ciberdelincuencia

Las afectaciones asociadas al consumo intensivo de plataformas digitales van desde el plano neurológico hasta la seguridad física. En el ámbito psicológico, Mercedes Llamas, cofundadora del centro Restart, enfocado en el consumo problemático, explicó en entrevista que la exposición constante a estímulos digitales altera el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro, zona encargada del juicio, la atención, el pensamiento crítico, la regulación emocional y la resolución de conflictos. Esto ocurre debido a las constantes descargas de dopamina generadas por dinámicas de recompensa inmediata.

A esto se suma el fenómeno social denominado “orfandad digital”, en el cual nueve de cada diez personas menores de edad reportan que sus madres, padres o cuidadores utilizan el teléfono celular mientras conviven con ellos, lo que reduce el desarrollo lingüístico y la práctica de habilidades sociales. En materia de seguridad, el uso no supervisado incrementa la vulnerabilidad ante el acceso a pornografía promovido por algoritmos, el reclutamiento delictivo y el grooming; según datos de Restart, cuatro de cada diez menores de edad interactúan con desconocidos en plataformas como Roblox.

En tanto, la estructura de los algoritmos de recomendación expone a las personas usuarias a los llamados “túneles de radicalización” y “cámaras de eco”. Gabriela González, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, detalla que los primeros se presentan cuando una búsqueda inicial sobre un problema cotidiano —responder al acoso escolar, por ejemplo— devuelve progresivamente contenidos de mayor violencia, retos de autolesión o acceso a comunidades de armas.

A su vez, las “cámaras de eco” filtran la información para devolver solo contenidos acordes a los sesgos de la persona, facilitando la propagación de corrientes radicales. Una de estas es la “manosfera” o “machosfera”, un ecosistema digital descentralizado integrado por varones —incluso desde los ocho o nueve años de edad— que promueve discursos de rechazo a los derechos de las mujeres y al feminismo, y a la cual se han asociado al menos tres incidentes violentos en escuelas: en el CCH Sur, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Torreón, Coahuila, el último de los cuales aceleró la salida del decreto presidencial.

Diego Delfín, investigador de la Universidad Iberoamericana, ha advertido que ese ecosistema aprovecha el aislamiento y la vulnerabilidad socioemocional de los jóvenes para movilizar discursos misóginos que posteriormente se trasladan a los planteles educativos mediante acoso, conductas machistas y la alteración de imágenes de compañeras con inteligencia artificial.

En cuanto a la ciberdelincuencia, Animal Político documentó que el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha atendido más de 5 mil 500 reportes de delitos contra menores de edad. La mitad corresponde a la difusión de material de abuso sexual infantil —el 76 % imágenes o videos autogenerados— y el 35 % a extorsiones de carácter sexual, es decir, engaños o manipulaciones para obtener material íntimo y difundirlo, bajo amenaza, entre familiares y escuelas.

Además, el experto en ciberseguridad Mario Farias-Elinos ha señalado que la “ilusión de seguridad” —un sesgo cognitivo provocado por la inmaterialidad de la red— lleva a compartir información personal que jamás se entregaría en el entorno físico.

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Este panorama incluso tiene un reflejo en la percepción de las propias juventudes: de acuerdo con el informe Jóvenes México 2026, elaborado por la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, el 71.6 % de los adolescentes considera la tecnología como un elemento central en su vida diaria. Si bien el 88 % la utiliza para aprender y el 83 % afirma proteger sus datos, el 67.7 % reconoce que las redes lo distraen de asuntos importantes y el 60 % siente que pierde el control de su tiempo.

El nuevo decreto de Claudia Sheinbaum

Como respuesta a los hechos de violencia en entornos escolares relacionados con dinámicas digitales —el más reciente en Torreón, Coahuila—, el gobierno federal presentó las líneas generales del decreto coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Agencia de Transformación Digital.

La propuesta establece un marco de obligaciones para las empresas de servicios digitales que permiten la comunicación o intercambio de contenidos. Prohíbe a las plataformas permitir el acceso, la exposición o la recomendación de material que genere o promueva discursos de odio, extremismo violento, abuso y violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, ciberbullying y conductas ilícitas.

Las empresas deberán implementar mecanismos técnicos para retirar de manera inmediata cuentas y publicaciones vinculadas a esos temas: estarán obligadas a activar configuraciones de privacidad y seguridad de forma predeterminada para las cuentas de personas menores de edad, así como la incorporación de herramientas de verificación de edad, clasificación de publicaciones y controles de supervisión para padres y tutores.

Además, las plataformas deberán mantener un punto de contacto operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender requerimientos de autoridades investigadoras, preservar evidencia digital y alertar de inmediato ante situaciones que atenten contra la vida.

Durante la presentación del decreto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que tendrá carácter obligatorio, y precisó que, aunque inicialmente no incluye sanciones, de no registrarse el cumplimiento, se planteará convertirlo en ley para aplicar medidas punitivas. 

El esquema contempla también la creación de una Mesa de Trabajo para afinar el marco regulatorio, el acompañamiento a través de la Línea de la Vida (800-911-2000) y la distribución del documento “El ABC de las emociones” en el sistema educativo, con un plazo de 30 días naturales, tras su publicación, para que las empresas informen sobre las acciones adoptadas.

“El decreto será obligatorio, pero no tendrá sanciones. De ahí que no sorprenda que las plataformas ‘increíblemente estuvieron totalmente de acuerdo, agregaron algunos temas’ al decreto, como mencionó la presidenta Sheinbaum”, apunta Clara Luz Álvarez, investigadora de la Universidad Panamericana.

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“Si bien el decreto parece que abarcará desde el diseño de las plataformas para que tengan un producto seguro hasta la moderación e intermediación de contenidos, la solución no es tan simple”, añade.

Para ella, debe reconocerse el énfasis acertado del gobierno federal para implementar “El ABC de las emociones”, talleres sobre salud mental y guías, que son indispensables, así como señalar la responsabilidad primaria de las plataformas en lugar de culpar a las madres, a los padres y a las familias. No obstante, llama a que cualquier mecanismo garantice la libertad de expresión y sea producto de un diálogo verdadero, abierto, plural, con la participación de niñas, niños y adolescentes, madres y padres, docentes, investigadoras y periodistas, no solo una colaboración de las plataformas con el gobierno.

Alfabetización digital, acompañamiento y consulta a adolescencias

Aunque el decreto pone un acento relevante, especialistas, personas académicas y organizaciones civiles hacen énfasis en que las acciones legislativas y regulatorias son insuficientes si no se acompañan de políticas públicas permanentes de alfabetización digital.

Diego Delfín destaca que la alfabetización debe integrarse formalmente en los planes de estudio para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, y que puedan identificar los intereses económicos de los creadores de contenido, cuestionar discursos extremistas y verificar la validez de la información.

Por su parte, la organización Save the Children promueve en la Ciudad de México el modelo de “comunidades digitales” en zonas en vulnerabilidad mediante talleres prácticos que buscan educar en el uso seguro de tecnologías, la protección de datos personales y el autocuidado sin recurrir al aislamiento digital. Promotores de la agrupación remarcan que un acceso acompañado y consciente permite ejercitar otros derechos fundamentales, como la educación y la participación ciudadana.

En tanto, las voces de las adolescencias reclaman ser escuchadas en el diseño de las normativas que afectan su vida cotidiana. Junto a ellas, Karime Rocha advierte sobre la tendencia de “legislar sobre ellas sin ellas”, lo que reduce la protección a tutelaje. 

Las adolescencias consultadas por Animal Político han mostrado posturas diversas: algunas defienden la necesidad de establecer límites de tiempo y autorregulación para evitar la dependencia o el bajo rendimiento, otras cuestionan las prohibiciones generalizadas y reclaman espacios de participación activa para construir entornos virtuales seguros y conscientes.