Marcela Nochebuena · 21 de mayo de 2026
Xóchitl Ramírez Velasco fue detenida en mayo de 2023 por un delito que había cometido, en 2019, otra persona. A partir de ese día, su vida cambió por completo.
Aunque trabajaba en la defensa de derechos humanos, vivir esa experiencia en carne propia le mostró la pesadilla de cerca. Fueron dos años y dos meses de encierro en los que su salud se agravó, sin contar con la atención adecuada, y de marginación por levantar la voz. Después, nueve meses más de prisión domiciliaria.

Siempre fue inocente, pero el sistema le dejó “un tache rojo en la frente” que en muchas ocasiones permanece para siempre. “Mi corazón. No se pueden imaginar lo que yo sentí”, dice al relatar cómo fue su detención.
Aquel día salió a recoger a una niña pequeña, mientras su hijo la esperaba, como siempre, en casa. La confundieron —a partir de sus rasgos físicos, remarca— con la persona que había cometido el delito. Portaban armas largas. No le mostraron una orden de aprehensión ni le explicaron nada, fueron violentos y agresivos, y primero la llevaron a dar vueltas.
“Se llevaron a la niña… Ahí empezó el martirio, ahí empezaron los golpes, me hicieron firmar una hoja en blanco en donde decía ‘droga’, ‘armas’, y yo les dije ‘por qué voy a firmar la hoja, si no me encontraron nada de esto… lo que hice fue cancelarla con dos líneas y firmar; la rompieron, me querían obligar a grabar mi voz…”, recuerda.
No le hacían efectivo su derecho a un abogado, ni le explicaron por qué estaba detenida. La sacaron de la fiscalía y comenzaron a trasladarla, sin que supiera a dónde. Temió que la desaparecieran. Finalmente, ingresó al penal de Atlacholoaya, en Morelos, y ahí se enteró de que se le acusaba, erróneamente, de secuestro agravado. Apenas el 8 de abril pasado recuperó su libertad absoluta.
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“Yo había pisado reclusorios para visitar mujeres, mas nunca imaginé pasar esa barda. Es como entrar en un pozo profundo, en un desierto en el que no hay nadie, aunque haya personas, y no pude dejar de pensar en mi hijo, porque él estaba solo en la casa. Tarde o temprano, yo le avisaba cuándo iba a llegar”, cuenta.
Esa narración no es inusual: “en México, miles de historias se quedan atoradas entre rejas, expedientes fríos y sobre todo prejuicios. Cuando caminamos por el barrio, escuchamos la música, el mercado, la plática de la banda… pero hay un silencio ensordecedor que rodea a quienes han pasado por el sistema penal. Ese silencio es el que venimos a romper hoy”, anunció Sergio Campos, productor de Antifaz, al presentar el proyecto Semillas en el asfalto.
A partir de su propio trabajo con adolescentes privados de la libertad y de la convicción de que las prisiones lejos de solucionar problemas son solo un contenedor, la organización Algaraza puso en marcha esa serie de pódcast para narrar los procesos de las personas que han sido privadas de la libertad, pero, sobre todo, cómo han experimentado la crueldad humana.
“Tu vida te cambia y nadie te va a regresar esos casi tres años”, continúa Xóchitl. Se refiere al estigma que, en muchas ocasiones, se carga de por vida, como consecuencia de un Estado que llama “justicia” a la violación de derechos humanos.

Los episodios de Semillas en el asfalto, como con la historia de Xóchitl, buscan cuestionar los procesos judiciales desde su raíz y exponer las deficiencias estructurales que lastiman la dignidad de quienes, por diversas circunstancias, han perdido su libertad. Circunstancias que, subrayan, a veces ni siquiera se conocen o comprenden antes de juzgar.
Algaraza misma nació de la necesidad y la frustración de un grupo de amigos que, tras salir del sistema penitenciario, se encontraron con puertas cerradas y nulo apoyo institucional. Reunidos ante la pérdida del único programa de apoyo que existía entonces, decidieron que debían intervenir prioritariamente con adolescentes, pues es a esa edad cuando aún pueden sembrarse los cambios, las Semillas en el asfalto.
La organización trabaja también desde la apuesta por la reinserción social y la justicia restaurativa, para demostrar que la cárcel no es una solución a los problemas sociales. Agruparse representó la posibilidad de exigir nuevas oportunidades y demostrar que la experiencia de la privación de la libertad puede transformarse en una herramienta de activismo.
Su labor inició en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) en Morelos, donde dan talleres, acompañamiento y, sobre todo, una escucha empática a jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley.
Semillas en el asfalto es una extensión de esa labor y, al mismo tiempo, una narración del sistema penitenciario que, subrayan, pretende mostrar lo humano y alejarse del morbo. Sergio Silva, fundador de Algaraza, explica que no les interesa el relato del delito en sí, sino comprender qué factores sociales, psicológicos y estructurales llevaron a una persona a delinquir o a entrar en contacto con el sistema penal, particularmente a los adolescentes.
Para él es también un ejercicio de memoria y de segundas oportunidades que da voz a quienes realmente vivieron el sistema, permitiendo que hablen por sí mismos, cuando normalmente las organizaciones están acostumbradas a hablar por ellos.

“Llega la policía y pues pasa lo normal, ¿no? Que te pegan, preguntan tu nombre, con quién trabajas, y en aquel entonces estaba muy fuerte el grupo criminal, estaban muchos chavos… Entonces lo que escuchas en el momento son ruidos, y dejas de sentir, como que ya no sientes tanto los golpes ni nada de eso, entonces como que en un momento te pierdes…
“Ya cuando llegas a la fiscalía, pues que pases al doctor. De ahí pues estás con la pregunta, la duda de qué pasó, como que te quedas en shock. Sabes lo que hiciste, obviamente, pero no sabes qué está pasando, qué sigue, no te dicen nada. Esos son tus derechos: ‘tienes derecho a guardar silencio, ya después de que me dijiste lo que yo quise’… Esa es una realidad”.
Aunque lo ocurrido, como Jesús lo dice, se ha normalizado, no debería ser la regla. Esa es parte del testimonio que él compartió con Semillas en el asfalto. Al igual que el de Xóchilt, revela todas las violencias que las personas privadas de la libertad viven generalmente desde su detención, especialmente las mujeres. Animal Político ha documentado cómo en la prisión no encuentran reinserción, y solo se exacerban las violencias que antes marcaron su vida.
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Además, el sistema judicial fabrica culpables a través de la coacción y la tortura, acusan productores, conductores e invitados. A menudo, policías o agentes de la fiscalía exigen a los detenidos firmar hojas en blanco o leer declaraciones prefabricadas, amenazándolos con más violencia si no obedecen.
Aunado a ello, esas violencias están profundamente atravesadas por el racismo y el clasismo: el sistema penal perfila y criminaliza a las personas por el simple hecho de ser morenas, estar tatuadas o vivir en la periferia.
Los productores y conductores de Semillas en el asfalto acusaron que las “revisiones de rutina” son usadas como excusas para acosar a jóvenes que solo se congregan, pero lucen de una manera particular. Kenia, también conductora del proyecto, apunta que el sistema de justicia no es ciego ni daltónico: la cárcel está marcada por un sesgo racial y social innegable.

El pódcast de Algaraza se interna en esos muros que Xóchitl nunca pensó cruzar, para narrar también la vida cotidiana de las personas privadas de la libertad, especialmente de los adolescentes. Las condiciones internas reflejan que el sistema apuesta por el castigo y el sufrimiento, no por la reinserción, que prácticamente es solo un concepto en un papel.
Un ejemplo es la experiencia de la Navidad en el encierro. Mientras en el exterior se celebran las fiestas, en centros como CEMPLA los adolescentes la pasan con una cena que se sirve como siempre, a las 5 de la tarde, y el Año Nuevo no es una celebración, sino “un año menos de sentencia”. La alimentación digna es otro derecho humano sistemáticamente violado.
La denuncia más relevante de Semillas en el asfalto es la ausencia de una reinserción social efectiva. El rechazo social y laboral es común: la realidad les hostiliza y la “carta de antecedentes no penales” permanece como un requisito en muchas empresas. Por otro lado, las instituciones están ausentes y suelen empujarlos de nuevo a la vulnerabilidad.
En cambio, el crimen organizado recibe a esos jóvenes con los brazos abiertos. La cárcel se convierte entonces en un ciclo constante de reincidencia. La discriminación social, la falta de redes de apoyo, la ausencia de programas gubernamentales para quienes egresan y el estigma de ser considerado para siempre un “delincuente” destruyen cualquier posibilidad real de reinserción.

“Es complicado hablar de reinserción social cuando el sistema también te pone esas mismas barreras, cuando no hay. Justo por eso surgimos nosotros como Algaraza, eso es lo interesante en Morelos… Cuando yo salí no había este pedo, no había alguien que dijera ¿qué hacemos con estos güeyes? ¿Qué salen? ¿A dónde van a llegar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto de vida? ¿A dónde van a ir? El próximo paso es la cárcel de adultos”, apunta Sergio, quien tiene 36 años de edad, hace 15 que obtuvo la libertad y sigue buscando la reinserción.
Por eso, también urge creatividad para pensar otras formas de justicia, señala Denise, quien también forma parte del proyecto. Eso implica pensar en verdaderas alternativas, y en que la violencia no siempre se percibe como mala, sino que es un entorno y circunstancia en los que crecen muchos jóvenes. A eso se suma que “la cárcel tiene color, y no tenemos un sistema de justicia que ponga en el centro a las víctimas”.
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La propuesta de Algaraza es transitar hacia una verdadera justicia restaurativa, lo cual es una responsabilidad de toda la sociedad, no solo del sistema penitenciario, de las personas que estuvieron privadas de la libertad o de aquellas instituciones enfocadas en la reinserción.
Sergio advierte que las autoridades suelen confundir la justicia restaurativa con simples mecanismos alternativos, pero el concepto va mucho más allá: se requiere de la participación comunitaria, la reparación real del daño y el acompañamiento humano, elementos hoy inexistentes en la justicia estatal.
Semillas en el asfalto insiste en la urgencia de desnormalizar la violencia institucional, pese al miedo que a veces impide levantar la voz. “Uno como persona privada (de la libertad) sigue sin voz, sin ser escuchado, puedes gritarlo y decirlo, y al ratito te cae el sistema de comida más culera, tratos más indignos, te quitan privilegios, y a la familia también… estamos ante un sistema punitivo”, concluye Silva.