Jorge Avila · 7 de mayo de 2026
Pablo César Lezama Jiménez
Ya lo hemos platicado: desde enero de este año, los protocolos contra la violencia y/o discriminación en espacios de trabajo dejaron de ser una “buena práctica” para convertirse en una obligación legal ineludible en México. Son el mapa que toda organización debe tener; sin embargo, tener ese mapa no es lo mismo que saber caminar el terreno.
El protocolo es la estructura necesaria, el esqueleto; pero si nuestra única meta al aplicarlo es cumplir con el trámite y “cerrar el expediente”, el protocolo se queda en un cascarón vacío.
El problema de fondo es que seguimos operando bajo una lógica de justicia arcaica. Es esa visión punitiva que cree que la solución a la violencia laboral comienza y termina con encontrar a una persona culpable y aplicarle una sanción vertical.
Es una justicia que le “sirve” —así, entre comillas— a la burocracia porque genera resoluciones rápidas, pero que en la realidad no les sirve a las personas. Un despido o una sanción administrativa no borran el impacto de un acoso, ni una indemnización económica repara, por sí sola, la dignidad de quien fue vulnerado.
Para que la obligatoriedad de estos protocolos tenga vida, necesitamos transitar hacia una justicia restaurativa que sea, en última instancia, transformadora.
La justicia restaurativa, como bien proponen autoras como Virginia Domingo o los criterios de reparación integral de nuestra SCJN, no busca el castigo, sino la sanación del daño y la atención a las necesidades de las víctimas.
Es el camino para llegar a una justicia transformadora, aquella que no solo resuelve el conflicto puntual, sino que cambia las estructuras de poder que lo permitieron.
El primer paso es romper con el vicio de asumir qué es lo que la víctima necesita. En el modelo tradicional, el juez —o el director de Recursos Humanos— se sienta en su trono y dicta una sentencia sin mirar a los ojos a la persona afectada.
En la justicia restaurativa, la víctima no es un “objeto de prueba”; es la arquitecta de su propia reparación.
Se trata de sentarse a la mesa y preguntar: “¿Qué necesitas tú para que el daño sea reparado y para volver a sentir que este es un espacio seguro?”.
Poner a la víctima al centro es rebasar la rigidez del procedimiento y apostar por soluciones que realmente atiendan la dimensión humana.
Ahora bien, hay una parte que resulta compleja de procesar para muchas organizaciones: ¿qué hacemos con quien ejerció la violencia?
La justicia tradicional simplemente lo expulsa y se desentiende. La justicia restaurativa, en cambio, propone algo mucho más profundo: la responsabilidad activa.
Que la persona entienda el alcance de sus actos. Si no logramos ese entendimiento, lo único que hacemos es reciclar patrones. Esa persona llevará sus prácticas de una empresa a otra, pero también de un espacio a otro: de la oficina a la familia, y de la familia a la comunidad.
La violencia no se queda en el gafete; se carga.
Pero esto no es un asunto de dos. Aquí entra la comunidad. Ese equipo que a veces vio y calló, pero que en muchas otras ocasiones también fue víctima colateral del mismo entorno violento.
No siempre hay complicidad; a veces hay un miedo compartido que paraliza.
Por eso, la reparación debe ser colectiva y enfocarse en sanar aquello que se quebró en el entorno compartido.
Bajo los estándares de una justicia integral y restaurativa, la sensibilización y la capacitación no son talleres de “pasar lista” para cumplir con la norma, sino un verdadero proceso de sanación grupal.
Reparar no es “volver al pasado” —porque el pasado ya estaba roto si permitió la violencia—. Se trata de utilizar el conflicto como el punto de quiebre necesario para reconstruir sobre cimientos de integridad, responsabilidad y respeto irrestricto a la dignidad humana.
“Mucha justicia restaurativa… hasta que nos toca restaurar…”
Llegar a este punto requiere una valentía que no se enseña en las facultades de Derecho ni se encuentra en los mismos protocolos. Es una valentía que nace de lo más profundo de nuestra humanidad.
Es mucho más fácil aplicar una norma fría, dar un portazo y seguir como si nada hubiera pasado; lo verdaderamente revolucionario es quedarse a recoger los pedazos.
Restaurar es reconocer que estamos rotos y que el trabajo no es un lugar donde dejamos nuestra piel en la recepción para convertirnos en piezas de una máquina.
Como profesional que analiza estas grietas a diario, estoy convencido de que la justicia no es el mazo que golpea una mesa, sino la mano que se extiende para sostener lo que se ha caído.
Apostar por lo restaurativo es creer que, aunque el tejido social esté desgarrado, aún podemos bordar algo nuevo sobre la cicatriz.
Es entender que, si un lazo se quiebra en la oficina, hay un eco que retumba en nuestras casas y en nuestras calles.
Al final, el protocolo será solo un papel hasta que comprendamos que la justicia más real es la que nos permite, después de la tormenta, volver a mirarnos a los ojos sin que el miedo nos quite el habla.
Solo cuando la dignidad sea el centro, el trabajo dejará de ser una carga para convertirse, por fin, en un espacio para la vida.
*Pablo César Lezama Jiménez es asesor jurídico en la Coordinación de Atención del COPRED