Caso Ayotzinapa: exfuncionarias denunciaron presiones y amenazas de Ángel Aguirre por videos clave

Dos exfuncionarias de Guerrero y una testigo presencial denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que sufrieron presiones y amenazas, incluso de muerte, del entonces gobernador Ángel Helodio Aguirre Rivero, actualmente detenido y vinculado a proceso por su probable involucramiento en el Caso Ayotzinapa.

Las supuestas intimidaciones se habrían dado en el contexto de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, con el objetivo de mantener en secreto el destino de dos grabaciones clave para las investigaciones sobre lo ocurrido con los jóvenes. 

De acuerdo con la orden de aprehensión que se giró en contra de Ángel Aguirre, a la que tuvo acceso Animal Político, las tres mujeres que comparecieron ante la FGR son Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora judicial del estado; y una testigo identificada con las iniciales MAC. 

Sus testimonios resultaron determinantes para la detención de Aguirre Rivero por su presunta vinculación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En sus declaraciones detallaron cómo se habría coordinado el ocultamiento y la posterior destrucción de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, lo que derivó en la pérdida de evidencia fundamental.

En respuesta, durante la  audiencia en la que fue vinculado a proceso, el exmandatario estatal reprochó a la entonces magistrada no haber entregado el material a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) al inicio de las indagatorias. Asimismo, Aguirre acusó a la exvisitadora judicial de mantener presuntos nexos con el crimen organizado.

“Yo estoy acreditando que nunca tuve en mis manos esos videos, que la señora que me denunció (Blanca María) es una mentirosa y una delincuente, y que la señora Lambertina debió entregar esos videos a la PGR, cosa que nunca hizo”, sostuvo el exgobernador.

Los tres testimonios clave que vinculan a Aguirre con la desaparición de videos

Los relatos de las tres mujeres forman parte de la investigación de la FGR a Ángel Aguirre y permitieron reconstruir el destino que habrían tenido los discos que contenían las grabaciones de las cámaras exteriores 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala y que captaron lo sucedido con los jóvenes que iban en uno de los autobuses la noche del 26 de septiembre de 2014.

Dichas cámaras registraron el momento exacto en el que elementos policiales interceptaron el autobús Estrella de Oro 1531 y privaron de la libertad a un grupo de estudiantes de Ayotzinapa. 

Blanca María del Rocío Estrada Ortega figura como la pieza central de la acusación. La exvisitadora del Consejo de la Judicatura local declaró ante el Ministerio Público que el 29 de septiembre de 2014 sustrajo los discos con las grabaciones del escritorio de la magistrada Lambertina Galeana y a las 20:30 horas se los entregó personalmente al entonces gobernador Ángel Aguirre.

Además, testificó haber presenciado cuando Aguirre ordenó vía telefónica a su sobrino y asesor, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, destruir toda la evidencia relacionada con la desaparición de los normalistas. La magistrada Lambertina Galeana Marín, por su parte, dio un testimonio complementario al señalar que la exvisitadora regresó “alterada” a su oficina tras entregar los discos. 

Según su declaración, Estrada Ortega le confesó haber obedecido bajo coacción por considerar al mandatario una persona “muy peligrosa”, por lo que ella también presentó denuncias formales manifestando que todas sus declaraciones posteriores a la noche de Iguala habían sido rendidas “bajo amenazas sobre mi persona y mi familia”. 

En esas denuncias, presentadas en enero y julio de 2026, señaló que estas amenazas provenían tanto del exgobernador Ángel Aguirre como del entonces procurador estatal Iñaki Blanco Cabrera, y que la primera ocurrió en octubre de 2015 cuando recibió en un sobre blanco una carta que decía con letras recortadas de periódicos y revistas la frase: “Labertina, vas a pagar caro tu traición”. 

La exmagistrada Lambertina Galeana Marín fue detenida en mayo de 2025 acusada presuntamente de destrucción de pruebas. Finalmente, la testigo presencial identificada como MAC detalló el origen de las amenazas de muerte.

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Bajo protesta de decir verdad, declaró que el 15 de mayo de 2025, en un domicilio de la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México, presenció una llamada telefónica en la que Ángel Aguirre amenazó a Blanca Estrada con “matarla y desaparecer a su familia” si aportaba información sobre la entrega de los videos.

La exvisitadora judicial presentó una querella formal denunciando que recibió amenazas de muerte directas por parte del exgobernador, asegurando que esa fecha, mientras se encontraba en su domicilio, recibió un mensaje de WhatsApp y una llamada de Aguirre. En esas comunicaciones, según refirió, la acusó de haber revelado que él ordenó borrar las evidencias y la amenazó.

“Si yo hablaba o decía algo más, me iba a desaparecer, empezando conmigo y después con mi familia”, declaró. 

Ángel Aguirre exige investigar a exvisitadora y niega entrega de evidencia

La madrugada del pasado 12 de agosto, tras una audiencia de vinculación a proceso de casi 14 horas, el exgobernador de Guerrero solicitó el uso de la palabra para pedir formalmente que se investigue a la exvisitadora general del Consejo de la Judicatura estatal.

“Ya me habían dicho que esto podía suceder porque la señora que me denunció me había pedido en múltiples ocasiones que la hiciera procuradora, presidenta del Tribunal Superior de Justicia o magistrada, pero yo me negué”, declaró Aguirre ante el juez.

“No sería imposible que ustedes investiguen a la señora. De hecho, en la primera recomendación de la CNDH por el Caso Ayotzinapa se menciona a ‘El Patrón’ y los vínculos de esa señora que dice que me entregó a mí esos dos videos. Lo único que intenta es dañarme”, añadió.

En los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ)  y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el alias “El Patrón” identifica a una figura clave descrita como el presunto autor intelectual o mando superior que emitió las órdenes de agresión y posterior desaparición de los normalistas.

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A lo largo de las investigaciones federales y estatales se han planteado diversas hipótesis sobre la identidad de “El Patrón”, señalando a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala; Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero; o a jefes de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos. Su identidad sigue siendo una de las incógnitas del caso.

En ninguno de los expedientes oficiales previos se menciona a Blanca María del Rocío Estrada Ortega. Su testimonio forma parte exclusiva de la carpeta de investigación FED/FEMDH/UEILCA-GRO/0000265/2026, integrada por la FGR para sustentar la orden de aprehensión contra Ángel Aguirre.

La perspectiva del GIEI sobre los videos clave y los accesos remotos

En entrevista con Animal Político, Ángela Buitrago Ruiz, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), profundizó en la trascendencia criminalística de estas videograbaciones clave en el Caso Ayotzinapa. Explicó que en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala se encontraba uno de los autobuses del cual fueron privados de la libertad entre 15 y 17 normalistas.

La experta del GIEI aseguró que el análisis inmediato de este material audiovisual “habría permitido desde el día uno entender qué autoridades estaban coludidas y qué corporaciones habían realizado la detención y posterior desaparición”.

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Además, según la abogada colombiana, las imágenes habrían permitido identificar con certeza el número de patrullas del municipio de Huitzuco, las unidades adscritas a la Procuraduría estatal y la presencia de la policía de Iguala. También habrían revelado las camionetas, furgones o vehículos particulares que transitaron frente al inmueble judicial mientras los estudiantes eran agredidos y desaparecidos.

Buitrago refirió que, desde el inicio del mandato del GIEI en 2015, se detectó la existencia de dichas grabaciones y se confirmó que el sistema de vigilancia registró los acontecimientos en su totalidad.

Sin embargo, sostuvo que al requerir formalmente el material, la magistrada Lambertina Galeana Marín reconoció inicialmente haber visto los videos clave de forma expresa, pero posteriormente cambió su testimonio para afirmar que los archivos se habían borrado y que ella se había equivocado.

Finalmente, Buitrago señaló que la investigación del grupo de especialistas logró certificar y probar la manipulación de la evidencia antes de las acusaciones contra Ángel Aguirre, concluyendo que “hubo tres accesos remotos a esos videos”.

Dicho hallazgo demostraría que al menos tres fuentes distintas ingresaron al sistema y descargaron copias de las grabaciones clave del Caso Ayotzinapa antes de que se provocara un daño físico intencional al dispositivo de almacenamiento (DVR) del Palacio de Justicia.

Juez determina que ocultar evidencia equivale a desaparición forzada

Durante la audiencia, el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal en “El Altiplano”, desestimó las pruebas de la defensa de Aguirre y le dictó auto de vinculación a proceso.

La defensa argumentó que el exgobernador Ángel Aguirre no podía ser imputado por desaparición forzada al no haber podido participar físicamente en tales hechos, argumentando que se encontraba ese día en Polanco con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación. No obstante, el juzgador resolvió que ocultar o destruir grabaciones públicas de videovigilancia que documentan una detención legalmente equivale al delito de desaparición forzada de personas.

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Para fundamentar su resolución, el juez aplicó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en la sentencia del Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México.

Dicho criterio señala que cuando intervienen servidores públicos en casos de desaparición forzada, la presentación de las pruebas debe ser “atenuada, flexible y sustentada en pruebas indiciarias y circunstanciales“, dado que la estructura estatal se utiliza para ocultar la evidencia directa.

Bajo este principio, el juez concluyó que la sustracción y posterior destrucción de los discos por órdenes de Aguirre constituyó una aportación material para perpetuar el ocultamiento de lo que pasó con las víctimas, configurando su probable coautoría en la desaparición forzada de los normalistas.