Caso Ayotzinapa: detención del exgobernador de Guerrero por destrucción de videos clave
Alfredo Maza · 7 de agosto de 2026
Este 6 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ángel Helodio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en delitos de desaparición forzada y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy Ramos, la detención derivó de un “nuevo modelo de investigación” y de un reanálisis profundo de las pruebas sobre la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala hace casi 12 años.
En un mensaje a medios, Godoy señaló que la pérdida de los videos de dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala —que registraron la detención del autobús Estrella de Oro 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014— no fue un fallo técnico, sino una “operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Ejecutivo estatal”.
Desde sus primeros informes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó la existencia de dichas grabaciones y que no se entregaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El GIEI supo también, tras solicitar los videos, que por orden de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fueron borrados.
Esto no solo constituyó la destrucción de evidencia fundamental para la investigación, sino que también bloqueó la posibilidad de conocer el paradero de más de 15 estudiantes que iban a bordo de ese autobús.
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En entrevista con Animal Político, Ángela Buitrago Ruiz, exintegrante del GIEI, subrayó la importancia de estas grabaciones, al recordar que en esa escena del Palacio de Justicia “hay uno de los camiones de donde desaparecen más o menos de 15 a 17 estudiantes”.
De acuerdo con la abogada penalista colombiana, conservar y analizar esos videos de manera íntegra “habría permitido desde el día 1 entender qué autoridades estaban coludidas y qué autoridades habían realizado la detención y desaparición”.
La escena del Palacio de Justicia, según el GIEI
La noche del 26 de septiembre de 2014, las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala captaron el momento exacto en que policías municipales y estatales interceptaron de forma violenta el autobús Estrella de Oro 1531.
Durante los primeros años, las autoridades sostuvieron que dicho material no existía o se había perdido por fallas técnicas en el sistema de almacenamiento.
Sin embargo, la indagatoria actual indica que el control de esta prueba pasaba por una red de subordinación política. La presidencia del Tribunal era ocupada, en aquel momento, por la magistrada Lambertina Galeana Marín, quien accedió al cargo con el apoyo explícito de Aguirre Rivero.
Desde su primer informe, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, el GIEI documentó la inspección inicial al Palacio de Justicia de Iguala y constató la existencia de las grabaciones.
El grupo de especialistas, que se conformó para investigar de forma independiente la desaparición de los estudiantes, especificó que la magistrada Galeana Marín ordenó su borrado en lugar de proporcionar la evidencia a la PGR, lo que resultó en la pérdida de datos vitales sobre el destino de los normalistas de esa unidad.
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En su informe final, Ayotzinapa. Hallazgos, avances y pendientes, el GIEI detalla que la destrucción fue ejecutada por personal técnico de soporte de la institución.
“Teníamos la primera información de que sí había habido grabación, de que se había entregado de manera inmediata al día siguiente a la parte administrativa de la jurisdicción que estaba bajo el mando de una magistrada [Galeana Marín], quien inmediatamente después de que solicitamos los videos nos afirmó que ya los había visto; posteriormente, salió a decirnos que no, que se habían borrado, que ella se había equivocado y que no los tenía”, recuerda Ángela Buitrago.
Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su nueva recomendación de julio pasado sobre el caso Ayotzinapa —en la que cuestiona la labor del GIEI y excluye de responsabilidad al Ejército— el organismo también detalla la cadena de mando entre el exgobernador y la entonces presidenta del Tribunal.
Por estos hechos, Galeana Marín fue detenida en 2025 y actualmente enfrenta un proceso penal por obstrucción a la justicia.
Los testimonios clave de la FGR
Según la fiscal Ernestina Godoy, el expediente contra Ángel Aguirre se consolidó mediante dos testimonios clave recabados durante el primer semestre de este año.
En enero de 2026, una persona colaboradora confirmó ante el Ministerio Público Federal la existencia física de las grabaciones del Palacio de Justicia, identificó de manera directa a la persona que sustrajo los discos y detalló cómo fueron entregados personalmente al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Asimismo, este testigo denunció la existencia de amenazas graves que impidieron su declaración en años anteriores.
En mayo de 2026, un segundo testigo protegido señaló que el exmandatario convocó a una reunión urgente con su gabinete para instruir la eliminación de cualquier evidencia que vinculara a las fuerzas estatales con los hechos ocurridos debajo del puente del Palacio de Justicia.
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Ante estas revelaciones, la abogada Ángela Buitrago es enfática en señalar la responsabilidad compartida de toda la cadena de mando. “Tanto los que cumplieron la orden, tanto los que tenían los videos y los que los desaparecieron, como quien dio la orden, deben ser responsables”, afirmó.
Buitrago sentenció que los implicados fallaron al “incumplir la sagrada obligación que tiene un funcionario público de no cumplir órdenes ilegales, pero sobre todo de poner a disposición las pruebas que demuestran una grave violación de derechos humanos, como fue la desaparición de los 43 estudiantes”.
La caída de la defensa política del exgobernador
Durante más de una década, Aguirre Rivero sostuvo que fue un “chivo expiatorio” de la administración de Enrique Peña Nieto. En foros como el de la Asociación Civil Acapulco en 2021, insistió en que su figura fue utilizada como un recurso de distracción política ante la tragedia de Iguala.
“¿Qué pasó ahí? Había que buscar un chivo expiatorio, porque el gobierno federal no le dio ninguna importancia a un hecho tan triste como el que se escribió en la ciudad de Iguala”, argumentó el exgobernador públicamente en aquel foro y también cuestionó la inacción federal, señalando directamente a exfuncionarios, como Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso.
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No obstante, la FGR desmanteló esta coartada al señalarlo como el emisor de la orden directa para eliminar las pruebas en video.
Con esta captura, Ángel Helodio Aguirre Rivero se convierte en el segundo exfuncionario de más alto nivel detenido por el caso, detrás de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, quien actualmente permanece bajo prisión domiciliaria.
La postura de las familias y el Centro Prodh
Tras confirmarse la detención del exmandatario, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que asumió desde el inicio la defensa legal de las familias de Ayotzinapa, emitió un pronunciamiento en su representación:
En el comunicado asientan que “los padres y madres de los normalistas y las organizaciones que les hemos acompañado no hemos sido notificadas de la misma y por lo tanto no conocemos aún los extremos de la imputación”.
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“De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, finaliza.
Con información de Olivia Zerón Tena