Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en caso Ayotzinapa

Un juez de control vinculó a proceso a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada cometida en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Tras casi 14 horas de audiencia, el juez Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano determinó procesar al exmandatario al considerar que existen indicios suficientes de que ocultó y ordenó destruir evidencia en el caso Ayotzinapa.

Por ese motivo, la madrugada de este miércoles también determinó ratificarle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, al menos cuatro meses, tiempo que concedió para la investigación complementaria.

Durante la audiencia, el juez reclasificó el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó en un principio a Aguirre Rivero, por el de desaparición forzada cometida por servidores públicos, un delito por el que puede alcanzar una pena de 40 a 60 años de cárcel.

Sin aval las pruebas presentadas por defensa del exgobernador

Tras escuchar a las partes, el juez no avaló ninguno de los 31 datos de prueba expuestos por la defensa de Aguirre Rivero en torno a que el exgobernador de Guerrero no recibió y tampoco ordenó la destrucción de grabaciones de los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, como acusan dos testigos.

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Para intentar comprobar que el exmandatario estatal no ordenó ocultar ni destruir videos clave del caso, la defensa de Aguirre citó a declarar tanto a Jesús Martínez Garmelo, secretario general del Gobierno de 2011 a 2014, así como Felipe Martín Ornelas Rebollo, coordinador general de seguridad y transporte aéreo de Guerrero.

Ambos exfuncionarios aseguran que el exgobernador sostuvo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Ciudad de México en el día y la hora en la que dos testigos protegidos afirman que entregaron los videos al exgobernador.

Durante la audiencia estuvo presente el exmandatario, quien vistió una camisa gris manga larga, el cabello caño despeinado y se mantuvo en todo momento en silla de ruedas, en compañía de su esposa.

En la audiencia también estuvieron presentes ocho madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde la sala de testigos protegidos y cinco por videoconferencia, acompañados por representantes legales del Centro Prodh.

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Al salir de la audiencia el abogado Guillermo Barrada, de la defensa legal de Ángel Aguirre, aseguró que apelarán la resolución del juez de vincular a proceso al exgobernador de Guerrero.

Ángel Aguirre, el político marcado por el caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quedó marcado políticamente por la desaparición de 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.

Casi 12 años después de los hechos de Iguala, el exmandatario fue detenido el pasado 6 de agosto; la FGR lo señala por el presunto ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los normalistas.

Su proceso penal ocurre después de años en los que el caso Ayotzinapa condicionó su trayectoria política y mantuvo bajo cuestionamiento a los funcionarios que integraban el gobierno estatal durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando seis personas fueron asesinadas, decenas resultaron heridas y 43 normalistas desaparecieron en Iguala.

Aguirre Rivero dejó el gobierno de Guerrero el 23 de octubre de 2014, 27 días después de los hechos, luego de solicitar licencia al cargo en medio de la presión política y social por la desaparición de los estudiantes.

En aquel momento, el entonces gobernador sostuvo que su salida buscaba permitir que las investigaciones avanzaran sin que el debate se concentrara en su permanencia en el cargo.

Días después de dejar el cargo, en febrero de 2015, Aguirre Rivero renunció a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aseguró que estaba dispuesto a ser investigado por cualquier hecho que se le imputara.

En 2017, Aguirre Rivero intentó regresar a la vida electoral como precandidato a diputado federal por el distrito 08 de Guerrero, con sede en Ayutla de los Libres, como parte de la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El 27 de diciembre de ese año, durante el inicio de su precampaña, madres y padres de los 43 normalistas interrumpieron el acto para exigirle información sobre sus hijos desaparecidos.

Una de las madres le reclamó su responsabilidad política en el caso y le pidió colaborar para esclarecer los hechos.

Poco después, Aguirre retiró su precandidatura. El 7 de enero de 2018 informó que dejaría la contienda por una diputación federal.

Desde entonces, su presencia política se redujo a su papel como dirigente de la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) y a sus artículos de opinión en medios locales y nacionales, en los que abordó en distintas ocasiones el caso Ayotzinapa y defendió su actuación durante los hechos.