Caso Ayotzinapa: de Ángel Aguirre a Murillo Karam; estos son los personajes clave

A más de una década de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el caso Ayotzinapa se mantiene como una de las heridas más profundas en la historia reciente de México. 

La trama en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas expuso una compleja red donde las fronteras entre el crimen organizado y las instituciones del Estado quedaron completamente desdibujadas, dando paso a años de opacidad, impunidad y exigencia incesante de justicia por parte de las familias de las víctimas.

En el centro del entramado operativo se ubicó la colusión entre autoridades locales y el grupo delictivo Guerreros Unidos, señalados como los ejecutores directos de la agresión. 

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El caso escaló hacia los más altos niveles de poder tras la construcción de la llamada “verdad histórica”, promovida desde el Ejecutivo federal y la extinta Procuraduría General de la República, esta narrativa buscó dar un carpetazo al crimen.

El posterior desmantelamiento de esa versión oficial —catalizado por organismos internacionales y la Comisión para la Verdad (CoVAJ)— recalificó los hechos como un crimen de Estado y reabrió las vías de la acción penal. 

El siguiente recorrido detalla a los personajes clave que articularon este caso, desde quienes presuntamente ordenaron y ejecutaron las desapariciones, hasta quienes gestionaron la respuesta institucional o incluso quienes habrían encubierto las evidencias.

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Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador y más reciente detenido

A lo largo de su trayectoria en la política, Ángel Aguirre ha formado parte de dos partidos, el primero fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después se sumó a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La primera vez que fue gobernador de Guerrero, ejerció el cargo como sustituto entre el 12 de marzo de 1996 y el 31 de marzo de 1999. 

Llegó al puesto después de que el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer solicitara licencia debido a la fuerte presión política generada por la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, en la que agentes de la policía estatal mataron a 17 campesinos en el municipio de Coyuca de Benítez.

La segunda vez que Aguirre ganó las elecciones fue en 2011 y asumió como gobernador constitucional de Guerrero el 1 de abril de ese año. Su segundo mandato se vio marcado por la creciente violencia y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, hecho que lo obligó a solicitar licencia y dejar el cargo en octubre de ese mismo año.

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Desde que dejó trunca su gubernatura se mantuvo alejado de los primeros planos políticos, hasta este miércoles 6 de agosto de 2026, que la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el marco de un reanálisis de la investigación del caso.

Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”

Jesús Murillo Karam es un político mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue gobernador del estado de Hidalgo, entre 1993 y 1998, senador y diputado federal en diversas ocasiones. Durante la desaparición de los 43 normalistas, se desempeñaba como procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Murillo Karam es el autor de la llamada “verdad histórica”, la cual fue presentada como la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014. Dicha versión sostenía que los estudiantes fueron secuestrados por policías locales, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan.

La “verdad histórica” fue ampliamente rechazada por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH, la ONU y los familiares de las víctimas debido a irregularidades, omisiones y presuntas fabricaciones en la investigación.

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Murillo Karam fue arrestado en agosto de 2022 por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y un juez lo vinculó a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el marco de la supuesta fabricación de la investigación oficial.

Enrique Peña Nieto y su respaldo a la “verdad histórica”

Es un político originario del Estado de México. Es abogado y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue gobernador del Estado de México y presidente de México durante el sexenio de 2012 a 2018. Durante la desaparición de los normalistas, Peña Nieto se desempeñaba como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Su administración promovió e institucionalizó la llamada “verdad histórica”, elaborada bajo la gestión del procurador Jesús Murillo Karam. Peña Nieto defendió públicamente las conclusiones de esta investigación oficial, la cual afirmaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, pidiendo a la sociedad “superar” el hecho.

Durante su mandato, la relación con las familias de los normalistas y con organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estuvo marcada por la tensión, ante los señalamientos de que su gobierno obstruía líneas de investigación que involucraban al Ejército y a las fuerzas federales.

Aunque no ha sido procesado judicialmente por este caso, informes del Gobierno Federal e investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) han señalado que la narrativa oficial se gestionó y sostuvo desde los más altos niveles del gabinete federal de su administración para ocultar la participación de autoridades del Estado.

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José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, autores intelectuales

José Luis Abarca fue alcalde de Iguala, Guerrero, por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 2012 y 2014. Fue acusado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un informe del gobierno de México, José Luis Abarca es identificado como “El A1” y quien presuntamente dio la orden para desaparecer a los 43 normalistas, junto con los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Un tribunal en Reynosa lo absolvió del secuestro de los estudiantes; sin embargo, cumple otras condenas por más de 90 años.

Junto con Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda, fue señalada entre los presuntos autores intelectuales del ataque contra los normalistas por sus vínculos con el grupo conocido como Guerreros Unidos. El alcalde forma parte de la llamada “verdad histórica” presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

Guerreros Unidos, los ejecutores del ataque contra los 43

La organización criminal conocida como Guerreros Unidos habría sido la que presuntamente ejecutó la desaparición de los 43 estudiantes. 

La hipótesis central sobre el móvil señala que los estudiantes tomaron varios autobuses en la terminal de Iguala para asistir a una marcha en la Ciudad de México, sin saber que una de las unidades resguardaba un cargamento oculto de droga y dinero. Al darse cuenta de la toma del vehículo, los mandos del grupo delictivo asumieron que se trataba de una incursión de un bando rival, lo que supuestamente terminó en una persecución para recuperar la carga.

A diferencia de la desmontada “verdad histórica”, las investigaciones de la CoVAJ y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmaron que Guerreros Unidos no llevó a todos los jóvenes a un solo punto. Los estudiantes fueron divididos en distintos grupos y entregados a diversas células del grupo delictivo, las cuales los trasladaron y desaparecieron en múltiples parajes y municipios de la región norte de Guerrero.

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Registros telefónicos e interceptaciones de comunicaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelaron la colusión de Guerreros Unidos con autoridades de todos los niveles, incluyendo mandos militares y policiales. 

Tomás Zerón de Lucio, el implicado que permanece en Israel

Tomás Zerón de Lucio fue director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fue uno de los principales funcionarios encargados de la investigación inicial de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014, donde construyó la conocida como “verdad histórica” sobre los hechos.

Zerón de Lucio está acusado formalmente de tortura, coacción de testigos, alteraciones y ocultamiento de pruebas, y omisión de datos en el caso Ayotzinapa.

Actualmente, se encuentra refugiado en Israel. El gobierno de México ha solicitado su extradición, sin embargo, el proceso permanece como pendiente, mientras permanece en el extranjero y niega las acusaciones en su contra.

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El papel de Salvador Cienfuegos y la omisión de las Fuerzas Armadas

Salvador Cienfuegos es un general del Ejército mexicano retirado y fue secretario de la Defensa Nacional durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Tras la desaparición de los 43 normalistas, negó categóricamente que integrantes de las Fuerzas Armadas hubieran participado en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Cienfuegos rechazó públicamente permitir que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) interrogara de forma directa a los soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, bajo la consigna de defender la institucionalidad militar.

Investigaciones posteriores de la Comisión para la Verdad (CoVAJ) y del GIEI revelaron que el Ejército contaba con información en tiempo real de lo que sucedió esa noche, incluyendo la presencia de un soldado infiltrado entre los normalistas Julio César López Patolzin, y que las Fuerzas Armadas omitieron intervenir o brindar auxilio a las víctimas.

Aunque en 2020 fue detenido en Estados Unidos bajo cargos formulados por el Departamento de Justicia, de los que fue exonerado posteriormente en México tras ser repatriado, no se han dictado órdenes de aprehensión ni acusaciones penales directas en su contra por la desaparición de los 43 estudiantes.

Alejandro Encinas y el desmontaje de la “verdad histórica”

Alejandro Encinas lideró la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en donde presentó informes que señalaron la desaparición de los 43 normalistas como un “crimen de estado” con participación castrense.

Durante la gestión de Encinas en la CoVAJ, se encargó de reabrir e investigar el caso y bajo su liderazgo se desmontó la conocida como “verdad histórica” elaborada en el sexenio de Peña Nieto. 

Presentó varios informes, se documentó la participación de agentes del Estado y del grupo delictivo Guerreros Unidos, además de que hubo avances en la identificación de responsables y en labores de búsqueda.

En medio de diferencias y fricciones con los familiares de los normalistas, Encinas dejó la presidencia de la CoVAJ en octubre de 2023, en donde avanzó con su carrera política al incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Actualmente es representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).