Ayotzinapa: sin condenas, sin justicia y con el fantasma de la "verdad histórica" a cuestas
Fernanda Hernández · 26 de septiembre de 2025
A once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la consumación de dos sexenios presidenciales, no hay información sobre el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ni sanciones contra los responsables de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización acompañante de las familias, señala en entrevista con El Sabueso que todavía no hay información en concreto que permita esclarecer este caso.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum inició su sexenio con la promesa de renovar el diálogo y avanzar en la investigación con nuevos métodos y tecnologías, las familias advierten —tras varias reuniones con la mandataria— un posible retorno a la “verdad histórica”.
El tiempo de las víctimas no corresponde al de las administraciones sexenales, puntualiza Aguilar. “Mientras que las autoridades están pensando: ‘vamos iniciando, tenemos 11 meses’, las familias están viéndolo como 11 años de buscar a sus seres queridos”.
Las desapariciones forzadas en el país continúan y, en el transcurso de la búsqueda de verdad y justicia, seis padres y madres de normalistas han fallecido sin conocer qué fue lo que ocurrió con sus hijos: Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello; Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario; Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Cantor; Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio; Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo; y Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, quien fue asesinado.
158 personas procesadas, pero ni una sentencia condenatoria
De acuerdo con datos del Centro Prodh, 158 personas han sido procesadas por el caso Ayotzinapa: 120 están privadas de la libertad y 17 son elementos militares.
No todas enfrentan un cargo por el delito de desaparición, sino que hay quienes están siendo procesadas por delincuencia organizada, tortura y alteración de las escenas, irregularidades que fueron cometidas durante las investigaciones.
Con el paso del tiempo, varias pruebas han sido invalidadas por haber sido obtenidas bajo tortura o mediante otras irregularidades procesales. Hasta ahora, no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria.
La directora del Centro Pro espera la continuación de sentencias de libertad bajo reservas de ley. Estas sentencias suceden cuando no hay pruebas suficientes para declarar que una persona no es ni inocente ni culpable.
A esto se le suman dos sentencias absolutorias que fueron dictadas en procesos donde las familias están reconocidas como víctimas, una de ellas fue confirmada este año y corresponde a la acusación hecha contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, con base en la “verdad histórica”.
“Es algo que eventualmente iba a caer porque no había base científica para probar que la ‘verdad histórica’ fue lo que realmente sucedió”, sostiene Aguilar.
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¿Qué es la “verdad histórica”?
Fue el nombre que recibió la construcción de los hechos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con esta hipótesis, los 43 normalistas planeaban boicotear el informe de labores de la entonces presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde, José Luis Abarca, quien sigue preso por otras causas penales.
Pero esta versión no contó con el respaldo científico y fue rebatida por los peritos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito puntualizó que la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contaba con múltiples irregularidades y falsedades, pues incluso hubo acusaciones de coacción y actos de tortura contra algunos detenidos.
En su sentencia estableció que “al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”. De esta manera, no fue abordada la participación del Ejército mexicano y la Policía Federal, ni la responsabilidad de otros niveles de gobierno más allá del municipal.
Tras ello se ordenó la creación de una comisión de investigación que subsanara las investigaciones.
El GIEI documentó la participación de las Fuerzas Armadas en este caso, tanto en la desaparición de los estudiantes como en la tortura de las personas detenidas.
La promesa fallida de López Obrador
En su primer decreto presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador conformó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Su función fue promover la coordinación entre autoridades y otorgar asistencia a las familias. Sin embargo, a la fecha familiares de los normalistas denuncian que el mecanismo de la Covaj ya está agotado.
En sus primeros meses de trabajo, la Covaj facilitó gestiones con la FGR para establecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), fiscalía especial para el caso que ha sido encabezada desde entonces por tres titulares diferentes.
Estos avances condujeron a que, en 2023, Encinas revelara hallazgos que contrastaban con la “verdad histórica”, pues se corroboró que la incineración en Cocula no era factible debido a condiciones climáticas y se reconoció el involucramiento de autoridades federales, estatales y de elementos del 27 y del 41 Batallón de Infantería en colusión con el grupo criminal de Guerreros Unidos.
Cuando el Ejército fue señalado y persistió su opacidad, López Obrador tomó la postura de defender a la institución por encima del acceso a la verdad y justicia. Su sexenio concluyó sin cumplir con la promesa de resolver el caso.
De acuerdo con el medio Quinto Elemento Lab, la administración de López Obrador desarticuló el área que investigaba la desaparición de los estudiantes normalistas y que los militares se negaron a entregar información sobre el caso.
En el último informe del GIEI, en 2023, el investigador Carlos Beristain mencionó que “el ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad. El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de donde se ha podido investigar como asistencia técnica. El GIEI ve imposible continuar con su trabajo. Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes.”
El regreso a la “verdad histórica” con la 4T
Aunque las administraciones de López Obrador y Sheinbaum nieguen que haya un regreso a la “verdad histórica”, la directora del Centro Prodh indica que las organizaciones y familias sí perciben un mensaje de continuidad con su modo de actuar.
“Al menos de lo que conocemos, la Fiscalía especial presentó dos acusaciones con versiones muy similares a la verdad histórica”.
A la par, está la resistencia por mantener en el cargo a personas que no cumplían con el perfil necesario. Como ocurrió con Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial del caso que fue destituido en julio de 2025 tras múltiples señalamientos en su contra —como denuncias que lo involucraron en apoyo a la campaña de una candidata a ministra de la Corte y acusaciones de incurrir en “excentricidades y opulencia”—, aunque retrasó la investigación durante tres años.
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Tras una década, Aguilar destaca algunos hallazgos importantes. “Ahora sabemos que, durante los hechos, el Ejército tenía información inmediata de lo que estaba sucediendo y que no la entregaron sino hasta 2020. Sabemos también que había un estudiante, igual desaparecido, que era elemento activo de las Fuerzas Armadas y que cumplía con el rol de dar información de inteligencia a la institución”.
El Ejército mexicano aún se niega a entregar más de 800 documentos de inteligencia con posible información sobre el paradero de los estudiantes o, por lo menos, de un grupo de 17 jóvenes que fueron presentados ante el juez de barandilla en el municipio de Iguala, esa noche.
También, continúa pendiente la extradición de figuras clave como Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y Ulises Bernabé García, quien entonces era el juez de barandilla.
Las administraciones morenistas han demostrado un cambio de postura respecto a la presencia de militares en labores de seguridad pública, pues en los últimos meses, la mayoría de Morena en el Congreso aprobó en fast track reformas constitucionales que dotan a la institución de más poder.