Caso Ayotzinapa: ¿cuales son las acusaciones contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero?

Un mes antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y en medio de la polémica desatada tras la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que exculpa al Ejército mexicano de participar en este crimen, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, es señalado por su supuesta participación en la  desaparición forzada de los normalistas. 

El pasado 7 de agosto de 2026, la representación social de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) formuló la imputación y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exmandatario guerrerense por “ordenar la destrucción de los videos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas”.

Como te contamos aquí, este martes se define el futuro judicial del exgobernador, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará pruebas para lograr la vinculación a proceso del exmandatario por el presunto ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los normalistas.

Te puede interesar: Caso Ayotzinapa: Informes oficiales señalan participación de la Sedena, mientras CNDH exculpa al Ejército

Se acusa a Ángel Aguirre por ordenar la destrucción de pruebas en video del caso Ayotzinapa 

La noche que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014, las cámaras de seguridad instaladas al exterior del Palacio de Justicia de Iguala grabaron el momento en el que policías municipales y estatales detuvieron a uno de los autobuses — una unidad de Estrella de Oro identificada con el número 1531, según la Fiscalía General de la República (FGR) — en los que viajaban los normalistas. 

Durante los casi 12 años de investigaciones, el comité de madres y padres de familia de los 43 estudiantes normalistas ha demandado en reiteradas ocasiones la entrega de los videos, pues aseguran que en  las imágenes que fueron captadas por las seis cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, existen pistas sobre el paradero de sus hijos.

De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, las versiones iniciales de las autoridades negaron la existencia del material audiovisual debido a que, supuestamente, el sistema no funcionaba adecuadamente. 

Pero en 2025, la FGR acusó a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, de ordenar la destrucción de las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde se registraron los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa.

Sobre esto, en mayo de ese mismo año, el exgobernador aseguró no tener conocimiento de los videos mencionados. “Jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio […] Estoy en paz y con mi conciencia tranquila. La verdad, tarde o temprano, saldrá adelante”, escribió Ángel Aguirre en su cuenta oficial de X. 

A la opinión pública:
Con relación a la detención de la magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín, deseo dejar clara mi postura al respecto:
1.Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
2.En…

— Ángel Aguirre Rivero (@AngelAguirreGro) May 15, 2025

Posteriormente, entre enero y mayo de 2026, la FGR obtuvo testimonios que refutaron la versión inicial respecto a la supuesta inexistencia de las grabaciones. Ernestina Godoy afirmó que un testigo señaló a una persona que sustrajo los videos para entregarlos directamente a Ángel “N” —el exgobernador de Guerrero— y aseguró que existían amenazas para guardar silencio. 

Otro testigo protegido, informó la FGR, señaló que el exgobernador ordenó “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”. 

Estos señalamientos derivaron en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Después de ser detenido, el exmandatario estatal fue trasladado al Penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez. 

Te puede interesar: México acumula más de 15 mil víctimas de despojo: Edomex, CDMX y Guanajuato son las entidades con más casos

Los dichos previos del exgobernador de Guerrero 

Ángel Aguirre Rivero fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se desempeñó como gobernador de Guerrero desde el 1 de abril de 2011 hasta el 23 de octubre de 2014, cuando solicitó licencia al cargo por la presión política y social que desencadenó la desaparición de los estudiantes. 

“En este escenario de tragedia me niego a que el debate público se centre en si el gobernador debe permanecer o no en su cargo. La prioridad debe ser la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y que estas violaciones graves a los derechos humanos sean esclarecidas”, afirmó al anunciar su solicitud de licencia.

En 2014, el entonces gobernador aseguró que su administración actuó desde las primeras horas para detener a policías señalados por su participación en los hechos y localizar a los estudiantes, además de que sostuvo que su salida tenía como objetivo que las investigaciones avanzaran sin que el debate se concentrara en su permanencia en el cargo.

También afirmó que enfrentaría las investigaciones necesarias “con dignidad y entereza” y que no abandonaría el país.

Te puede interesar: Cuenca Sabinas-Burgos: entre la falta de agua y el fracking desde 2012

¿Qué sigue en el proceso penal?

Esta nueva imputación vuelve al exgobernador una pieza activa en el encubrimiento de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. 

“La FGR cuenta con datos de prueba que acreditan que la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, señaló la misma dependencia en un comunicado.

El Ministerio Público de la Federación, aseguró que “estas acciones de encubrimiento, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, fueron el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.

Las pruebas de la FGR y las declaraciones ministeriales de su propio gabinete sugieren que el mandatario estatal conocía los ataques en tiempo real. Además de que bajo el conocimiento de que los agresores eran policías coludidos con el narcotráfico, el exmandatario habría omitido el despliegue de las fuerzas de seguridad estatales para proteger a los estudiantes.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) emitió un pronunciamiento en el que aseguró que aunque las familias no fueron notificadas de forma previa, el proceso representa un avance significativo. “De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, señaló el organismo. 

Este martes, la reanudación de la audiencia determinará si el juez federal vincula a proceso a Ángel Aguirre Rivero, lo que formalizaría el proceso penal en su contra y definiría si debe permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva en un penal federal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate todos los días de la desinformación que circula en redes, en el discurso político y en la vida cotidiana.