Alfredo Maza · 6 de agosto de 2026
Autoridades de seguridad federal detuvieron a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su posible participación en la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por el presunto ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, cuya desaparición ocurrió en septiembre de 2014.
De acuerdo con la Fiscalía, la detención se realizó como parte del “nuevo modelo de investigación” y del reanálisis de las actuaciones existentes del caso, que implicaron nuevos actos de averiguación que permitieron acreditar la posible participación del exgobernador en el caso.

Las investigaciones permitieron solicitar, obtener y cumplimentar una orden de aprehensión en contra del exgobernador, aunque hasta el momento no se ha hecho pública la ficha de su detención en el Registro Nacional de Detenciones (RND).
Ángel Helodio Aguirre Rivero es originario del municipio de Ometepec, Guerrero. Nació el 21 de abril de 1956.
Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que también se desempeñó como profesor adjunto.
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Aguirre Rivero también formó parte del Pleno del Senado de la República en las LX y LXI Legislaturas.
Llegó a la gubernatura de Guerrero en el año 2011 por la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Sin embargo, ya había sido gobernador interino del estado de 1996 a 1999, tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer. Posteriormente, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de que el partido no apoyara sus aspiraciones de ser candidato a gobernador.
En 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Aguirre Rivero tuvo que solicitar licencia para separarse de su cargo con el fin de facilitar el avance de las investigaciones.
Ángel Aguirre Rivero es el segundo exfuncionario de más alto nivel detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El exservidor público de mayor rango capturado por este caso es Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.

También permanece recluido José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, municipio donde ocurrieron los ataques contra los estudiantes, aunque su detención inicial fue por delitos no relacionados directamente con el caso Ayotzinapa.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa viajó al municipio de Iguala, Guerrero, para tomar autobuses de transporte público; sin embargo, esa noche 43 normalistas fueron desaparecidos.
Desde entonces, no hay información sobre el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ni sanciones contra los responsables de lo ocurrido aquella noche.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum inició su sexenio con la promesa de renovar el diálogo y avanzar en la investigación con nuevos métodos y tecnologías, hasta el momento no se ha compartido información nueva.

El pasado 29 de julio, la mandataria solicitó esperar para poder presentarles los avances a los padres y madres de los jóvenes y, una vez que se realice esto, se compartan públicamente.
“Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, señaló.
Añadió que mantiene pláticas con ellos “cada dos meses, cada tres meses”, en las que se les informa “cuáles son las investigaciones”.
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“Está en los 100 puntos que planteé cuando entré al gobierno. El objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el objetivo y estamos trabajando para ello junto con la fiscalía”, concluyó.
En contraste, un grupo de familiares de los normalistas acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prolongó el proceso de justicia al atraer, el pasado 7 de julio, un recurso de revisión contra la sentencia emitida en 2018 por un tribunal de Tamaulipas, que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso, decisión que calificaron como inexistente en la legislación y que, afirmaron, prolonga la búsqueda de verdad y justicia.