El tour del despojo: un recorrido por la colonia Juárez y su lucha contra el boom inmobiliario

En la esquina de Versalles y Marsella, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, comienza el “tour del despojo”. Sergio González, quien ha vivido en este barrio por más de 20 años, es el guía. A cada paso señala un edificio distinto y cuenta una historia que se repite una y otra vez: empresas inmobiliarias remodelaron inmuebles, destruyeron casas de hace siglos y sacaron a gente de sus edificios para construir departamentos de alto costo o locales comerciales en los que ahora se venden perfumes caros, ropa de marca u obras de arte.

No tiene ni un minuto que inició el tour y Sergio se para frente al inmueble número 50 de la calle Turín. Es un edificio color naranja que destaca del resto porque, a pesar de tener más de un siglo, no muestra signos de desgaste. No está deslavado, no hay cuarteaduras a la vista y las ramas de los árboles no se han extendido sobre su superficie. Hace un siglo fue casa del diplomático cubano Manuel Márquez Sterling, ahora cuelga de su fachada un anuncio de renta escrito en inglés: Prime Retail Space for Lease.

Un poco más adelante, en el número 46 de Turín, hay un edificio en ruinas en el que viven personas indígenas que en 2021 sufrieron un intento de desalojo. Casi enfrente está el inmueble número 41 que pertenece a la Fundación Antonio Haghenbeck, la cual no renovó el contrato de renta de sus inquilinos en 2022 para intentar construir un hotel y un restaurante. En la esquina de la misma calle, comercios locales que estaban en un viejo edificio cerraron y en cambio abrió una galería de arte.

‘Blanqueamiento por despojo’

Sergio, quien se describe como un académico que se ha formado en las calles de su barrio, usa el término “blanqueamiento por despojo” para explicar lo que ocurre en la colonia Juárez: “este blanqueamiento viene acompañado por cuatro ‘D’s’: la ‘D’ del desplazamiento forzado de habitantes, la ‘D’ de los desalojos con o sin violencia, la ‘D’ del despojo y, por último, la ‘D’ del desarraigo que es la consecuencia de que alguien sea arrebatado de su territorio”.

Junto con otros vecinos de la zona, Sergio fundó la “06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez” en 2014, cuando él mismo y otras personas empezaron una lucha para evitar ser expulsados del edificio número 9 de la calle Liverpool, que fue vendido a la empresa inmobiliaria Reurbano. El dueño del inmueble simplemente les avisó que debían salir del lugar, sin antes darles la oportunidad de que compraran sus departamentos, una obligación legal que en el Código Civil de la Ciudad de México se denomina “derecho del tanto”.

Tras cinco años de lucha, y después de abandonar su departamento en la calle Liverpool en 2019, Sergio se mudó al edificio número 46 de Turín, donde pagaba una renta de 10 mil pesos. Sin embargo, en 2022 también tuvo que salir de ahí porque la Fundación Antonio Haghenbeck ya no le renovó su contrato de arrendamiento porque quería construir un hotel y un restaurante. Sergio logró permanecer en la colonia Juárez, pero ahora paga 20 mil pesos de renta y tiene que vivir con otra persona para cubrir ese gasto.

El tour del despojo, como Sergio le llama a un recorrido que da a Animal Político en la colonia Juárez, dura unas tres horas. Durante el recorrido, el guía señala unos 13 edificios y relata cómo pasaron de ser departamentos de gente originaria, que estaba arraigada en la comunidad desde hace dos o tres generaciones, a viviendas de 30 metros cuadrados que ahora pueden costar alrededor de 3.4 millones de pesos. Un precio inaccesible para la mayoría de la gente local.

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Sin planearlo previamente, el tour incluye una visita a un edificio que se sigue construyendo en la calle Nápoles. En la recepción, un trabajador permite el acceso a un departamento de muestra que es una pequeña habitación de 30 metros cuadrados con una cama, un comedor y una pequeña cocina. Lo único que está separado por una pared es el baño y un balcón. El paquete de compra incluye una opción para que la empresa inmobiliaria registre el departamento en Airbnb a cambio del 20% de las ganancias. Un departamento diseñado ya no para vivir ahí, sino para generar ganancias a partir de rentarlo.

El tour también incluye paradas en algunos cafés y restaurantes solo para ver sus cartas: 200 pesos por un desayuno de sándwich de jamón y café. Los precios de bazares y tiendas de ropa no son menores: 600 pesos por un par de tequileros aesthetic o hasta 3 mil pesos por una blusa.

Desaparecen negocios y 2 mil personas dejan la Juárez

En el recorrido, Sergio lanza dos datos que han estimado a través de la Plataforma Vecinal: el 90% de los comercios locales han cerrado para dar paso a otro tipo de locales que él llama de “exclusión social” por los altos precios que la gente local no puede pagar. El segundo dato, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene que ver con que más de 1,800 personas se fueron de la colonia Juárez entre 2010 y 2020; Sergio no duda que algunos de estos casos sean por el boom inmobiliario.

Para el integrante de la Plataforma Vecinal, esta expansión inmobiliaria debería considerarse un tipo de “extractivismo”, una palabra que se suele relacionar más con la minería, cuando empresas se llevan los minerales preciosos de las comunidades sin retribuirles algo a cambio. “El despojo también es un despojo extractivista. O sea, es un despojo que viene al territorio, toma, pero no retorna nada al territorio. Es una estrategia de despojo planificada desde el gran capital para la ocupación del territorio”, señala Sergio.

El pasado mes de septiembre, el Observatorio de Conflictos Socioambientales  de la Universidad Iberoamericana (OCSA) publicó un informe en el que documentó que en México existen al menos 1,139 proyectos extractivos de diversos tipos, de los cuales 420 —equivalentes al 35%— están relacionados con la hiperurbanización.

El OCSA identificó los proyectos extractivos a partir del análisis de 4 mil notas informativas relacionadas con el tema. Aunque el informe está basado en información periodística, las autoras consideran que esa metodología no echa por abajo su hallazgo de que la hiperurbanización es el proyecto extractivo más presente en el país actualmente.

El 69% de los proyectos extractivos de hiperurbanización que el OCSA identificó se encuentran en la Ciudad de México. El resto se distribuye en el Estado de México y otras entidades del centro del país.

“Es una afectación a la historia del país”

Según el OCSA, la hiperurbanización es la expansión inmobiliaria desordenada que desata conflictos por el suelo y los espacios públicos, afecta la movilidad, genera escasez de agua, rompe los lazos sociales, encarece el costo de vivir en ciertas zonas e incluso tiene impactos a la salud de las personas.

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El informe del OCSA pone énfasis principalmente en la pérdida del patrimonio biocultural tangible e intangible, así como el debilitamiento del tejido social, las dos afectaciones producidas por el extractivismo que están más relacionadas con la hiperurbanización.

En la colonia Juárez se identifican estas dos consecuencias. La pérdida del patrimonio biocultural se puede relacionar con la destrucción de casas y edificios históricos. En 2016, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) incluso editó un libro específico de esta comunidad en el que se cuenta la historia de 340 inmuebles considerados patrimonio del país.

“En particular esta no es una afectación para los vecinos, es una afectación a la historia del país, a la historia arquitectónica de este país, a la historia y a la posibilidad de conocer cómo se vivía antes”, señala Sergio, el guía del tour del despojo.

La ruptura del tejido social, la otra afectación identificada por el OCSA por la hiperurbanización, también está presente en la colonia Juárez. Según Sergio, la desaparición de los negocios locales también ha provocado una pérdida de lo que él llama redes solidarias y de confianza.

“Un comercio local permite que te fíen, permite que tengas una listita y la madre soltera o los papás que trabajan pueden mandar a los niños a la tiendita de la esquina por arroz, por frijol, por una lata para comer, por huevos, por lo que necesiten y los dueños del negocio anotan. Así era antes el sistema aquí en la Juárez. Eso no va a pasar en un Oxxo o en un 7-Eleven”, lamenta Sergio.

Carlos, un caso de desplazamiento 

Carlos, un antiguo vecino de la colonia Juárez y amigo de Sergio desde hace años, se suma al tour del despojo. Él llegó a esta zona a los 10 años, en 1985, junto con sus papá y mamá para habitar un departamento que estaba vacío en el edificio número 84 de la calle Versalles. Pasado el tiempo, la familia inició los trámites para formalizar la adquisición de su hogar a través del Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (Fonhapo).

El Fonhapo fue creado en 1981 con el objetivo de financiar la construcción y el mejoramiento de viviendas para la población de más bajos recursos. Sin embargo, Carlos y su familia no lograron concretar la adquisición del departamento y nadie les pidió salirse. Así que ahí vivieron hasta el 2013, cuando el edificio fue invadido por un grupo de personas encabezadas por un hombre que se presentó como arquitecto, sin identificar en qué empresa trabajaba.

Carlos resistió cinco años más viviendo en el edificio de Turín, hasta que las personas que invadieron el inmueble lo amenazaron para que se saliera e incluso lo denunciaron por “ocupación ilegal” como una forma de presión. “Es el abuso de las inmobiliarias, es poco ético, no es ético la forma como actúan”, dice bajo anonimato, por lo que su nombre fue cambiado por seguridad.

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En 2018, Carlos se mudó con Sergio al número 46 de la calle Turín, el edificio donde la Fundación Antonio Haghenbeck decidió no renovar el contrato de alquiler de sus inquilinos para tratar de construir un hotel con un restaurante.

A diferencia de su amigo Sergio, Carlos no pudo seguir viviendo en la colonia Juárez por el alto costo de las rentas, por lo que tuvo que irse a vivir con una expareja a Nextlalpan, un municipio del Estado de México que está a unas dos horas y media de distancia del centro de la capital. La mudanza lo afectó principalmente en su empleo y en sus ingresos, ya que se dedicaba a reparar computadoras, celulares y equipos tecnológicos de sus vecinos cuando lo llamaban.

“Vivir a dos horas de camino, dejar la centralidad, era muy complicado. Tenía que programar mis actividades ya no diarias, sino para venir y quedarme a dormir con amigos dos o tres días”, cuenta Carlos. El gasto en pasajes en el Estado de México fue otra afectación para él: “el transporte es muy caro, me gastaba 100 pesos en ir y venir solo en el transporte”.

Luego de vivir un tiempo en Nextlalpan, Carlos logró mudarse a la colonia Aragón, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Todavía está a una hora de distancia de la colonia Juárez, pero al menos ya solo tiene que gastar 10 pesos en el Metro para ir y venir a hacer su trabajo.

La lucha por permanecer en el barrio también ha movilizado a vecinos en otras ciudades y países. En Madrid, España, el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda de alquiler donde había vivido durante siete décadas, provocó manifestaciones y una acampada en la Puerta del Sol de la capital española para exigir protección frente a los desalojos. Maricarmen falleció el 7 de octubre, dos semanas después de perder su hogar. Su caso se convirtió en un símbolo de las demandas por el derecho a la vivienda y la protección de quienes corren el riesgo de ser expulsados de los lugares donde construyeron su vida.

¿Quién tiene derecho a vivir en la ciudad?

De regreso a la colonia Juárez, la disputa por permanecer en el barrio tiene otra parada, la última, en el recorrido de Sergio y Carlos. Después de unas tres horas de caminata, ambos se detienen frente al edificio número 18 de la calle Roma y cuentan cómo personas indígenas otomíes fueron desalojadas de forma violenta por elementos de la policía de la Ciudad de México.

Este caso de desalojo fue ampliamente documentado por medios de comunicación en 2018, cuando las personas indígenas fueron expulsadas del inmueble que había sido su hogar por unos 20 años. La necesidad de tener un techo para vivir,  y la nula respuesta del gobierno para atender esa necesidad, llevó a la comunidad otomí a resguardarse en el edificio número 18 de la calle Roma cuando se encontraba deshabitado.

Pero una empresa, que los afectados identificaron como Inmobiliaria Eduardo, llegó para reclamar la posesión del edificio y logró que en 2018 la policía capitalina lo desalojara, aunque al día de hoy sigue en abandono. Sergio y Carlos tienen la hipótesis de que la compañía en realidad no tiene los papeles que acrediten su propiedad sobre el inmueble y por ello no han podido construir un edificio con departamentos caros como los que pululan en la colonia Juárez.

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“Lo despojaron y al final ni han podido construir porque es un despojo, porque no han podido acreditar la propiedad del inmueble, los papeles”, señala Sergio en referencia a los edificios en abandono en los que empresas privadas lograron el desalojo de sus habitantes.

En el recorrido, Sergio no solo habla sobre el tipo de edificios que ahora se construyen en la colonia Juárez. También habla de la gente que está llegando a vivir ahí: nómadas digitales, turistas extranjeros que se quedan una larga estancia en la Ciudad de México o habitantes de nuestro país con un ingreso mucho mayor al de los locales.

La llegada de una nueva clase social a la colonia Juárez, y la salida de gente local por el encarecimiento de las cosas, lleva a Sergio a hacerse un cuestionamiento sobre el proceso de la gentrificación o el blanqueamiento por despojo, como él le llama.

“Aquí la pregunta es: ¿quiénes sí y quiénes no tienen derecho a la ciudad?”.