El boom inmobiliario, una de las principales causas de despojo en México

La construcción acelerada de edificios y departamentos, un fenómeno que el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana (OCSA) denomina hiperurbanización, es el principal tipo de extractivismo urbano identificado en su estudio sobre conflictos socioambientales en México, por encima de la minería o la construcción de megaproyectos.

En su informe Entre el despojo y la apuesta por la vida, el OCSA documentó 1,139 proyectos extractivos que tienen impactos socioambientales en México, de los cuales 420 están relacionados con la hiperurbanización o boom inmobiliario, es decir, con un crecimiento desordenado que desata conflictos por el suelo y los espacios públicos, afecta la movilidad, genera escasez de agua, rompe los lazos sociales, encarece el costo de vivir en ciertas zonas e incluso tiene impactos en la salud de las personas.

El OCSA identificó este problema a partir de un análisis de más de 4 mil notas informativas sobre proyectos extractivos. La hiperurbanización resultó la principal causa de despojos y conflictos socioambientales con 420 casos, muy por delante del segundo lugar que ocupó la minería, con 201 casos, y del tercer lugar que ocuparon los proyectos agroindustriales, con 173. Otros proyectos extractivistas que quedaron debajo fueron los energéticos, los hídricos, los de megainfraestructura y de biomercantilización.

Si bien el OCSA se basa en información de tres medios de comunicación nacionales, Ángeles Hernández, integrante del equipo que hizo la investigación, consideró en entrevista que esta metodología “no reduce la conclusión de que la hiperurbanización es el tipo de extractivismo más presente”. 

Esa hiperurbanización se ha concentrado sobre todo en la Ciudad de México, donde se ubica el 69 % de los proyectos de expansión inmobiliaria identificados por el OCSA. El resto de los casos se distribuyen en el Estado de México y sus alrededores.

“Hay un imaginario colectivo en torno al extractivismo, en torno al despojo, y eso suele estar muy concentrado en temas de minería, explotación petrolera o ahora el extractivismo agroindustrial. Pero hay una tradición latinoamericana que ha estado trabajando en el abordaje teórico y político del extractivismo urbano. Nosotras lo estamos nombrando hiperurbanización”, explicó Hernández sobre el fenómeno identificado por el OCSA.

Con su informe, las investigadoras de la Ibero generaron una estadística de un problema que está afectando a miles de personas, y que en los últimos años se ha dado a conocer a través de varias historias de comunidades que se resisten a la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios.

 Algunos ejemplos son las protestas del pueblo de Xoco por la construcción de Mítikah, un proyecto que incluyó un centro comercial y una megatorre de departamentos; la lucha de los vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo que quieren impedir la construcción del proyecto Be Grand, que incluye torres de departamentos, o la inconformidad de los vecinos de Santa María la Ribera y Juárez por la construcción de decenas de edificios.

Afectaciones de la hiperurbanización

En su informe, el OCSA identificó siete afectaciones de los proyectos extractivos en México: a bienes y servicios; a la salud; a medios de vida; debilitamiento del tejido social; daños al patrimonio biocultural (tangible e intangible); desplazamiento o migración, y gentrificación.

Una de las principales consecuencias de la hiperurbanización es el debilitamiento del tejido social, que tiene que ver con conflictos internos y el rompimiento de las comunidades. Esto incluso es utilizado como una estrategia de las empresas para dividir a las colonias y facilitar la implementación de sus proyectos extractivos.

“En la medida en que de por sí en la ciudad los lazos sociales están tan rotos, allá en lugares, colonias y barrios donde están un poco más sólidos la hiperurbanización viene a romperlos”, comenta Ángeles Hernández.

Otra de las principales afectaciones de la hiperurbanización es la pérdida de patrimonio biocultural tangible e intangible en las comunidades. Esto se relaciona, por ejemplo, con la destrucción de edificios históricos o la reducción de eventos culturales que solían hacerse en colonias, previo a la construcción de proyectos inmobiliarios.

“Con esto nos referimos a elementos tangibles que articulan la relación que las comunidades tienen con su entorno, con su territorio, y esto generalmente lo asociamos también a comunidades indígenas o rurales, pero toca también regresar a las comunidades y a las colonias urbanas, sobre todo las originarias”, explica Hernández.

Las afectaciones a bienes y servicios —como la escasez de agua o fallas en el drenaje— también aparecen en los proyectos de hiperurbanización, aunque esto es más común en la construcción de megaproyectos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya o el Tren Interoceánico, según los hallazgos del informe del OCSA.

Las afectaciones a la salud son más comunes en los proyectos mineros, pero en segundo y tercer lugar, respectivamente, aparecen como consecuencia de los proyectos de hiperurbanización y energéticos.

“El daño sanitario no es exclusivo de la minería: la mala calidad del aire urbano, la cercanía a infraestructura energética contaminante y la disrupción de servicios básicos también configuran riesgos sanitarios persistentes para las poblaciones afectadas”, señala el informe del OCSA.

Más allá de que las empresas inmobiliarias despojan y expulsan a las personas de sus viviendas, el informe del OCSA documenta una multiplicidad de afectaciones generadas por la hiperurbanización. 

Mecanismos para el despojo

El informe del OCSA no solo identificó las afectaciones del despojo, sino los mecanismos legales e institucionales que se utilizan para arrebatarle a la gente su territorio. Esto aplica en la hiperurbanización, pero también en los proyectos extractivistas mineros, agroindustriales, energéticos, hídricos, de biomercantilización o de megainfraestructura.

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El equipo de investigación de la Ibero identificó 18 mecanismos legales que fueron utilizados para despojar a la gente de su territorio con proyectos extractivos en general. Algunos de estos recursos también fueron usados para que la gente se defendiera.

Las concesiones, los permisos y las autorizaciones emitidas por una autoridad fueron la principal herramienta legal de las empresas para despojar a la gente de su territorio. El OCSA identificó que este curso legal se usó en 99 proyectos extractivos, de los cuales en 91 se empleó para arrebatarle a la gente su territorio sin respetar sus derechos.

La consulta libre, previa e informada —que debe ser un mecanismo que garantice los derechos— fue la segunda herramienta legal más utilizada para despojar a la gente de su territorio. De 94 proyectos extractivos en los que se utilizó, en al menos 85 este recurso legal fue usado para validar la toma del territorio sin tomar en cuenta la opinión de sus habitantes.

Las evaluaciones de impacto, un trámite que se debe hacer antes de que el gobierno apruebe un proyecto extractivo, fueron el tercer mecanismo legal más utilizado para despojar a la gente de su territorio. Esto se registró en por lo menos 64 de los 74 proyectos en los que se usó el recurso.

En su informe, el OCSA determina que estos instrumentos, que deberían servir para defender a la gente, se han usado para arrebatarles sus territorios: “el derecho deja de ser para estas comunidades un escudo protector, y se convierte en un terreno hostil en donde deben litigar, una y otra vez, su propia existencia, identidad y posesión territorial”.