Crisis de vivienda en España: el caso de Maricarmen impulsó la protección contra desalojos

Maricarmen Abascal salió en camilla de la casa en la que había vivido durante 71 años. Su desalojo, a los 87 años, detonó protestas en distintas ciudades de España y elevó la presión sobre el Gobierno, que este martes 29 de septiembre aprobó medidas para ampliar hasta 2030 la protección frente a los desalojos de personas vulnerables sin alternativa de vivienda. Los decretos todavía deben ser ratificados por el Congreso. Mientras tanto, los manifestantes mantienen su campamento en el centro de Madrid.

La emblemática Puerta del Sol de Madrid, en la capital de España, vuelve a amanecer repleta de casas de campaña. Desde el sábado, centenares de personas han ocupado esta plaza para exigir soluciones a la crisis de vivienda. Entre las lonas, los sacos de dormir y los pequeños pasillos de este campamento improvisado, un nombre se repite una y otra vez: Maricarmen.

Maricarmen Abascal tiene 87 años y una discapacidad del 50 % reconocida oficialmente. Llevaba 71 años viviendo en el mismo domicilio, en el barrio madrileño de Retiro. El pasado 23 de septiembre fue desalojada de su vivienda y trasladada en ambulancia al hospital. Las imágenes de la mujer saliendo de su casa en camilla dieron la vuelta al mundo y han terminado convirtiendo su caso en el símbolo de una crisis de vivienda que lleva años agravándose en España.

El desalojo se produjo después de varios intentos que habían sido frenados con la ayuda de sindicatos de vivienda. Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, asegura que el de Maricarmen fue el cuarto intento de desalojo: “paramos tres intentos de desahucio y en el cuarto desgraciadamente se produjo. Más de cien efectivos policiales, más de diez camionetas y no se dejó entrar a la prensa para que no quedaran imágenes”.

Para el sindicato, lo que ha ocurrido con Maricarmen ha sido el detonante de una protesta que ya se extiende por distintas ciudades españolas. “Hemos ocupado este espacio público para decir que ya no aguantamos más. Los alquileres están por las nubes y cada dos por tres nos están intentando expulsar de nuestras casas”, afirma Fernando. La vivienda es propiedad de la empresa Urbagestion, que planteó unas condiciones de renta que Maricarmen no podía pagar.

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La movilización tiene antecedentes. El 5 de abril de 2025, decenas de miles de personas salieron a las calles en cerca de 40 ciudades españolas para protestar por el encarecimiento y la escasez de vivienda. Convocadas por sindicatos de inquilinos y organizaciones vecinales, exigieron reducir las rentas y poner fin a los desalojos, en una jornada que mostró que el descontento se extendía mucho más allá de Madrid.

En la acampada se encuentra Natalia, de 22 años: “hay muchísima gente que no puede permitirse ni siquiera la idea de independizarse, especialmente nosotros los jóvenes, porque nos ahogan con los alquileres”, explica. Además, cuenta que cuando tenía 11 años echaron a su familia de su casa para poder subir la renta: “Nos vimos en una situación bastante mala”.

En el campamento también se encuentra Camila, estudiante mexicana de la Universidad Complutense: “no solamente es un problema de Madrid, la gentrificación es un problema que se tiene que atacar de raíz. Yo vengo de México y he visto de primera mano cómo ha habido desahucios de personas vulnerables”.

Paca, de 78 años, está en silla de ruedas y tiene previsto un desalojo de su casa el 30 de noviembre. “A los mayores nos echan de nuestras casas para poder vendérselas a los fondos buitre (fondos de inversión) y a los jóvenes les suben el alquiler entonces no tenemos vivienda ninguno, ni los mayores ni los jóvenes”, afirma.

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En medio de la protesta, el lunes llegó la noticia de que Maricarmen podrá seguir viviendo en su departamento. La empresa propietaria y sus representantes alcanzaron un acuerdo que permitirá su regreso una vez que reciba el alta del hospital al que fue trasladada tras el desalojo. Un día después, el Gobierno español aprobó dos decretos con rango de ley con nuevas medidas para hacer frente a la crisis de vivienda.

Entre las medidas se encuentra la extensión hasta 2030 de la protección frente a determinados desalojos de personas vulnerables, restricciones a la compra de viviendas por parte de determinados fondos de inversión hasta 2028 y nuevas medidas sobre los contratos de renta, incluidos los temporales y por habitación. Las medidas todavía tendrán que ser ratificadas por el Congreso de los Diputados en una sesión prevista para el viernes.

Maricarmen podrá volver a la casa en la que vivió 71 años. El Gobierno ha aprobado nuevas medidas para tratar de contener la crisis y las negociaciones han permitido resolver, al menos, su caso. Pero en la Puerta del Sol las casas de campaña continúan en pie. La protesta que comenzó con un desalojo se ha convertido ya en una gran movilización que se extiende por toda España y que no parece que vaya a parar.

El Gobierno de Madrid exige desalojar el campamento

La protesta también ha generado un enfrentamiento político. El lunes 28 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó las propuestas de vivienda del Gobierno español: “yo pido que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros”. Después aclaró que se refería a esas medidas, no a Maricarmen. Según El País, la empresa propietaria reconoce que la mujer siempre pagó su renta.

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La controversia ocurre mientras el Gobierno de Ayuso enfrenta cuestionamientos por la compra, mediante la empresa pública Planifica Madrid, de un departamento de lujo con terraza —un ático— en el barrio de Chamberí por 6.3 millones de euros. La administración sostuvo que serviría como despacho temporal de la presidenta durante unas obras, aunque esa explicación no figura en el expediente, según la información publicada por la prensa española. La documentación sí contempla el alojamiento ocasional de autoridades. Tras conocerse la operación, el inmueble fue puesto a la venta.

Este martes, el Gobierno regional dio al Gobierno central 48 horas para desalojar la acampada de la Puerta del Sol. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, alegó perjuicios para vecinos y comerciantes y anunció posibles acciones judiciales si no se atiende la exigencia. El delegado del Gobierno central en Madrid, Francisco Martín, había defendido que no se habían producido disturbios que justificaran una intervención policial.