De propietarios a invasores: así opera el despojo de inmuebles con escrituras falsas en la CDMX
Edgar Ledesma · 31 de julio de 2026
Imagine que un día la casa que le costó años de trabajo ya no le pertenece. En los documentos aparece otra persona como propietaria. Una escritura avala que usted vendió el inmueble, pero no reconoce la operación; tampoco las firmas ni a la persona señalada como compradora. En cuestión de tiempo, el esquema de despojo se concreta y usted termina siendo acusado de invadir su propio hogar.
Esta escena resume lo que le sucedió a una denunciante, a quien llamaremos “Alicia”, con un inmueble en la colonia San Rafael en la Ciudad de México. A petición de su abogado y por razones de seguridad, su nombre real no es publicado. La pérdida de su patrimonio por una venta fantasma refleja una problemática estructural en la capital del país.
“Alicia” acusa que en octubre de 2023 otra persona apareció en el Registro Público como propietaria de su casa, ubicada en la calle Rosas Moreno, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras una operación de compraventa que ella niega haber realizado. Años después, el apoderado de esta persona acudió ante la fiscalía capitalina y denunció por despojo a quienes ocupaban la propiedad.
Documentos en poder de Animal Político permiten seguir paso a paso lo ocurrido. En ellos, Emma Laura Velázquez Olvera figura como compradora del inmueble en una escritura que “Alicia”, la propietaria original, asegura nunca haber firmado.
A su vez, Velázquez Olvera otorgó un poder a Adrián Iglesias Rebollo para que la representara legalmente y éste acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar una querella por despojo y solicitar la “recuperación” de la propiedad.
Con esto, quienes habitaban en ese momento la propiedad de “Alicia” terminaron siendo señalados como invasores del inmueble. Ante tal situación, “Alicia”, quien se identifica como la legítima dueña, respondió con otra denuncia por presunto fraude procesal y uso de documentos falsos, al sostener que nunca vendió el inmueble ni autorizó dicha operación.
Más que una disputa entre particulares
Para Elliot Velázquez Hernández, abogado de la víctima de despojo, el expediente alrededor del inmueble en la calle Rosas Moreno no es un caso aislado y revela algo más que una disputa entre particulares.
Sostiene que exhibe el método que emplea una supuesta red organizada de despojo y que consiste en
- Crear una apariencia legal sobre los inmuebles
- Entrega poderes a terceros para reclamar la posesión
- Recurrir a denuncias penales para intentar desalojar a propietarios originales u ocupantes.
“Acude a notarios y simula que el legítimo propietario del inmueble le vendió a esta señora [Emma Laura Velázquez Olvera]. Con esa escritura falsa presenta denuncias contra el propietario que vive en su casa, denuncia el despojo y solicita el desalojo”, explicó el abogado.
Los documentos revisados por Animal Político, sin embargo, no incluyen una resolución judicial que confirme la falsedad de las escrituras, la responsabilidad de las personas denunciadas o la existencia de una organización criminal.
En su contradenuncia, “Alicia” incluyó a Adrián Iglesias Rebollo, el representante legal de Emma Laura Velázquez Olvera, quien aparece ahora como propietaria y a otras personas más, a quienes acusa por presunto fraude procesal, falsificación y uso de documentos falsos.
Miles de carpetas y pocas detenciones
El caso de “Alicia” se suma a las investigaciones por despojo que se acumulan en la Ciudad de México, aunque pocas terminan en una detención.
Una investigación de Dalila Sarabia, publicada por Animal Político el pasado 17 de junio, reveló que la Fiscalía abrió 25 mil 018 carpetas por este delito entre enero de 2020 y abril de 2026, pero únicamente reportó la detención de 463 personas.
Otras mil 228 fueron presentadas ante el Ministerio Público por su presunta participación en despojos de bienes inmuebles y aguas, aunque las autoridades no precisaron cuántas personas fueron procesadas o quedaron en libertad. La misma investigación documentó que entre enero de 2025 y abril de 2026 se iniciaron 5 mil 075 carpetas.
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, señaló que estos delitos suelen involucrar la coordinación de varias personas y no solamente la actuación aislada de alguien que ocupa un inmueble. También informó que el Gabinete Antidespojos había resuelto más de 200 casos y mantenía alrededor de 300 bajo seguimiento.
El compromiso de la Fiscalía
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoció este martes 28 de julio que la institución tiene identificadas a algunas redes vinculadas con este delito y a personas relacionadas con las mismas, “actores investigados como objetivos prioritarios por la Fiscalía de Despojos”, declaró.
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Alcalde Luján informó que durante 2026 se han iniciado mil 846 investigaciones y detalló que algunos expedientes corresponden a conflictos familiares, sucesorios o entre particulares, mientras otros presentan indicios de la actuación de grupos organizados.
La Fiscalía capitalina también reportó 886 inmuebles en preparación para iniciar procedimientos de extinción de dominio y otros 172 casos en etapa judicial.
Fiscalía revisará 61 posibles despojos
El miércoles 29 de julio, Bertha Alcalde Luján y César Cravioto se reunieron con representantes vecinales y habitantes de seis alcaldías, quienes les entregaron información sobre distintos casos.
En dos mesas de atención, las autoridades recibieron a 81 personas de Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
De éstas, 61 presentaron asuntos relacionados con posibles despojos y 20 solicitaron atención por lesiones, fraude procesal, amenazas y otros delitos. La Fiscalía informó que a partir de la próxima semana, cada expediente tendrá seguimiento individual.
Los asuntos serán concentrados en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), para identificar posibles vínculos, revisar antecedentes y determinar las acciones legales correspondientes.
También se evaluará si existen condiciones para asegurar los inmuebles mientras continúan las investigaciones.
Ante los señalamientos sobre posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, la Fiscalía acordó revisar la información con su Unidad de Asuntos Internos. Los casos relacionados con policías preventivos serán analizados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Las autoridades también informaron sobre la investigación de un inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, relacionado con la familia del muralista Jorge González Camarena.
La propiedad permanece asegurada desde el 25 de julio y un juez de control ratificó la medida tres días después.
La investigación comenzó tras una denuncia por el ingreso de personas no autorizadas al inmueble. Desde entonces, la Fiscalía ha revisado videograbaciones, recabado la declaración de la denunciante y de nueve testigos y realizado un peritaje en cerrajería.
Horas después de la reunión con personas afectadas, la Fiscalía informó sobre la detención de Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el despojo del inmueble de Matías Romero.
El inmueble ya había sido reclamado
La disputa por el inmueble de Rosas Moreno no comenzó con la escritura que ahora se encuentra bajo sospecha. Nueve años antes, en enero de 2017, Ángel Santillán Chávez ya había intentado reclamar la propiedad mediante un juicio de prescripción adquisitiva sustentado en un supuesto contrato privado de compraventa, según una querella presentada por la dueña.
En mayo de 2021, un juzgado declaró improcedente la acción porque Santillán Chávez no acreditó el origen de su posesión ni la autenticidad del contrato en el que sustentó su reclamo.
La resolución también habría negado valor probatorio al documento, luego de que la propietaria impugnó las firmas por considerarlas falsas.
Para la denunciante, el expediente actual representa un segundo intento por apropiarse del mismo inmueble.
Sin embargo, los documentos revisados por Animal Político no acreditan que Santillán Chávez tenga relación con Adrián Iglesias Rebollo, Emma Laura Velázquez Olvera o con la presunta red señalada por el abogado.
Una escritura inscrita 12 años después
El documento que dio origen a la disputa señala que la compraventa ocurrió en noviembre de 2011 y presenta a Emma Laura Velázquez Olvera como compradora del inmueble. La propietaria original, sin embargo, asegura que nunca realizó esa operación, que no conoce a la supuesta adquirente y que tampoco compareció ante el notario.
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Durante casi 12 años aquella supuesta compraventa no apareció en el Registro Público de la Propiedad. Fue hasta octubre de 2023 cuando la escritura quedó inscrita y Velázquez Olvera apareció formalmente como dueña.
A partir de ese registro, Velázquez Olvera apareció formalmente como titular del inmueble y, en mayo de 2025, otorgó a Adrián Iglesias Rebollo facultades para representarla, administrar la propiedad y presentar denuncias en su nombre.
Semanas después, Iglesias Rebollo acusó de despojo a quienes ocupaban el inmueble. La controversia se concentra ahora en determinar si la firma de la propietaria original es auténtica.
Para ello, su defensa solicitó que el notario entregue los documentos originales y que la Fiscalía practique una prueba pericial en grafoscopía, diligencia que, de acuerdo con Velasco Hernández, continúa pendiente.
“Justo lo que hicimos es pedirle a la Fiscalía que le solicite al notario que protocolizó el contrato el documento original, para que la Dirección de Servicios Periciales haga la prueba pericial y demuestre que las firmas son falsas. Es el acto clave para demostrar que la firma de mi clienta no es auténtica”, explicó.
Tres meses sin acceso a la carpeta
La denuncia de la propietaria fue recibida inicialmente por la Fiscalía de Asuntos Especiales y, según Velasco Hernández, se realizaron distintas diligencias y la investigación avanzó.
Sin embargo, tras la desaparición de esa área y el envío del expediente a la Fiscalía de Procesos Civiles, el abogado asegura que dejaron de tener acceso a la carpeta.
Desde hace alrededor de tres meses, dijo, acude una o dos veces por semana para solicitar que el Ministerio Público le permita revisar el expediente, entregar pruebas y conocer si ya fue solicitada al notario la escritura original.
La respuesta, afirma, ha sido que el personal está saturado y que debe regresar otro día. “Después de dos meses, yo no le he visto la cara al Ministerio Público, solamente manda a uno de sus secretarios a decirme que está saturado, que regrese otro día. Se niega a darme acceso y eso es constante”, señaló.
La defensa tampoco ha podido incorporar el acta de defunción de una persona que supuestamente firmó otro de los contratos cuestionados.
Otro de los inmuebles relacionados con su clienta pertenece, en copropiedad, a ella y a su madre. Sin embargo, el contrato utilizado para sostener la supuesta compraventa aparece fechado cuando esta última ya había fallecido. Es decir, una de las supuestas vendedoras no podía haber firmado el documento.
“Es evidente que una persona fallecida no pudo firmar ese contrato. Queremos demostrarlo con el acta de defunción y con la pericial en grafoscopía, pero la Fiscalía de Procesos Civiles sigue negándonos el acceso”, afirmó.
Ante la falta de avances, la defensa promovió un control judicial para que un juez ordene a la Fiscalía permitir la consulta del expediente, recibir las pruebas y realizar las diligencias solicitadas.
El comunicado sobre la reunión del miércoles próximo no precisa si el caso de Rosas Moreno se encuentra entre los 61 posibles despojos que serán revisados de manera individual.
Mientras las autoridades buscan vínculos entre los nuevos expedientes, la propietaria continúa esperando acceso a su carpeta y la prueba pericial que deberá determinar si es auténtica la firma con la que otra persona apareció como dueña de su inmueble.