Guerra, narcopolítica y tensión con EU tras la entrega de “El Mayo”
Manu Ureste · 27 de julio de 2026
Todo comenzó detrás de un muro color arena, al final de una calle empedrada a las afueras de Culiacán.
Dos años después, la finca del fraccionamiento Huertos del Pedregal permanece asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR). No hay cintas amarillas cerrando la calle ni soldados frente al portón. Solo un letrero desgastado con la leyenda “inmueble asegurado”, algunos costales que parecen restos de una barricada y, detrás de una rendija, palmeras, maleza y un patio vacío.
Ahí, según la reconstrucción de la FGR y la versión difundida por Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín Guzmán López lo citó el 25 de julio de 2024 con el pretexto de participar en una reunión en la que también estarían el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y adversario político del mandatario.
Pero la reunión era una trampa.
Zambada aseguró que hombres armados lo golpearon, lo encapucharon y lo ataron antes de subirlo a una camioneta y trasladarlo hasta una pista clandestina. En el mismo inmueble, según estableció posteriormente la FGR, fue asesinado Cuén. El capo fue introducido en una aeronave junto con Guzmán López y un piloto y, tras un vuelo de entre dos y tres horas, aterrizó en Estados Unidos, donde agentes federales ya los esperaban.
La Fiscalía de Sinaloa sostuvo inicialmente que Cuén había muerto durante un intento de robo en una gasolinera. La FGR rechazó después esa versión y ubicó el asesinato en la finca donde Zambada dijo haber sido secuestrado. Las inconsistencias en la investigación provocaron la salida de la fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez, pero no derivaron en procesos penales contra los funcionarios que intervinieron en las primeras diligencias.
La operación consiguió en unas horas lo que los gobiernos de México y Estados Unidos no habían logrado en más de cuatro décadas: colocar bajo custodia al jefe criminal que nunca había pisado una cárcel. Pero también rompió el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa, alteró la vida de millones de personas y dejó una pregunta que dos años después continúa enfrentando a ambos países: quién organizó realmente el vuelo y qué sabían las agencias estadounidenses antes de que la aeronave cruzara la frontera.
Lee: Hay contradicción en caso “El Mayo”, reitera Sheinbaum a Ken Salazar
El pasado 20 de julio, cinco días antes del segundo aniversario, un juez federal de Brooklyn sentenció a Zambada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares. En Estados Unidos, el gobierno presentó la condena como el cierre de la carrera de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. En México, sin embargo, las consecuencias de su caída siguen abiertas.
La guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” acumula más de 3 mil 600 asesinatos y 4 mil desapariciones, de acuerdo con el recuento más reciente del diario Noroeste. Miles de militares fueron enviados a Sinaloa sin conseguir detener por completo la violencia. La acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios trasladó la crisis hasta el centro del poder político. Y la exhibición pública de la avioneta utilizada para llevarse a Zambada reabrió la confrontación con Washington.
El secuestro de “El Mayo” no fue solamente la caída de un capo. Fue el punto de partida de tres crisis que terminaron mezclándose: una guerra criminal, un terremoto político y una grieta diplomática.
Una guerra que desbordó Culiacán
La venganza no comenzó de inmediato.
Durante 46 días, las facciones encabezadas por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los herederos de Ismael Zambada se prepararon para una confrontación que todos sabían posible. El 9 de septiembre de 2024, Culiacán despertó entre balaceras, bloqueos y enfrentamientos. Desde entonces, los ataques dejaron de ser episodios aislados y se convirtieron en una rutina que vació calles, cerró negocios y modificó los horarios de escuelas, comercios y familias enteras.
La ciudad se llenó de retenes y convoyes militares. Más de 6 mil soldados y elementos federales llegaron al estado. El crimen organizado derribó a balazos cámaras de vigilancia, atravesó vehículos incendiados sobre las avenidas y abandonó cuerpos acompañados de mensajes. Por las noches, el centro de Culiacán comenzó a vaciarse antes de las ocho.
La presencia militar tampoco impidió que continuaran los asesinatos, los robos de vehículos y las desapariciones.
“Para nosotros no es un avance que maten a un poquito menos de personas. Un buen resultado sería que dejaran de matar gente todos los días”, dijo Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, en la crónica “Militares en cada esquina, violencia en todas partes: recorrer Culiacán en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa”, publicada por Animal Político el 26 de mayo de este 2026.
En ese mismo recorrido, Sánchez calculó que alrededor de 3 mil establecimientos habían cerrado o reducido drásticamente sus horarios desde el inicio de la guerra y estimó pérdidas cercanas a 75 mil millones de pesos en el estado. No se trataba únicamente de restaurantes, bares o comercios del centro. La violencia también alteró la producción agrícola, el transporte, las carreteras rurales y la actividad de comunidades enteras donde los retenes criminales se mezclaron con los controles militares.
Las desapariciones mostraron desde las primeras semanas otra dimensión de la guerra. En octubre de 2024, apenas dos meses después del secuestro de Zambada, uno de cada dos casos que permanecían vigentes en Sinaloa correspondía a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años. Las familias comenzaron a denunciar que los grupos criminales se llevaban a jóvenes para interrogarlos, castigarlos o incorporarlos por la fuerza a sus filas.
La onda expansiva pronto dejó de estar concentrada en la capital y sus alrededores.
En Mazatlán, las denuncias por desaparición aumentaron 83 % entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 frente al mismo periodo anterior. Los homicidios registrados entre enero y septiembre de 2025 crecieron 227 %. El puerto turístico, que durante los primeros meses parecía mantenerse al margen, se convirtió también en escenario de secuestros, asesinatos y disputas por las rutas de precursores químicos y cocaína.
“Lo que va a ocurrir es que la confrontación que se vive ahora en Culiacán se va a ir clonando hacia otros territorios”, advirtió el analista en seguridad David Saucedo en el reportaje “La guerra del Cártel de Sinaloa también le pega a Mazatlán: asesinatos se disparan 227 % y desaparecidos un 83 %”, publicado por Animal Político el 22 de octubre de 2025. “En donde haya presencia simultánea de ejércitos de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, habrá frentes de guerra abiertos”.
La disputa continuó moviéndose durante 2026. Los enfrentamientos y homicidios se desplazaron hacia municipios del sur, como Mazatlán, Escuinapa y Rosario, y también alcanzaron zonas agrícolas y carreteras que conectan la capital con otros municipios. La reducción de balaceras simultáneas en algunos puntos de Culiacán no significó el final de la guerra, sino su reacomodo.
Sigue leyendo: “El Mayo” Zambada fue engañado para volar a Texas y ser capturado, según The Wall Street Journal
Los datos oficiales registraron 633 víctimas de homicidio doloso en Sinaloa durante el primer semestre de 2026: un promedio de 3.5 al día. Pero el conteo periodístico de Noroeste, que también incorpora policías asesinados, víctimas colaterales y personas localizadas sin vida en fosas, rondó las 150 muertes violentas mensuales, entre 4.5 y cinco cada día.
El despliegue federal golpeó estructuras de ambos bandos mediante capturas, decomisos, destrucción de laboratorios y el desmantelamiento de una red clandestina de casi 2 mil cámaras. Pero no consiguió desactivar a las facciones. Tras la salida de Zambada, el liderazgo de “Los Mayitos” fue atribuido a su hijo Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. Del lado de “Los Chapitos”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar quedaron al frente después de que Ovidio y Joaquín Guzmán López terminaran bajo custodia estadounidense.
Desde una prisión de Estados Unidos, “El Mayo” pidió a las nuevas generaciones, tras su sentencia, que no siguieran su camino porque en el crimen organizado “no hay honor ni futuro”. En Sinaloa, sin embargo, sus herederos continúan peleando bajo su apellido.
La carta de “El Mayo” y el expediente que alcanzó a Rocha Moya
La guerra también abrió un frente político.
El 10 de agosto de 2024, dos semanas después de haber sido llevado a Estados Unidos, Zambada difundió mediante su abogado una carta en la que narró el secuestro y aseguró que había aceptado acudir a Huertos del Pedregal para intervenir en una disputa entre Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.
Rocha negó haber participado en esa reunión. Dijo que el día de los hechos se encontraba en Los Ángeles y calificó el señalamiento como falso. La carta no probaba por sí misma un vínculo entre el gobernador y el narcotraficante, pero colocó por primera vez su nombre dentro del relato público de uno de los jefes históricos del Cártel de Sinaloa.
El golpe más grave llegó el 29 de abril de 2026.
Un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación de 34 páginas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa: el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; los mandos policiales Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”; el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez; el expolicía José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante Juan Valenzuela Millán, “Juanito”.
La acusación los relaciona con “Los Chapitos”, la facción enemiga de los herederos de Zambada. Según la fiscalía estadounidense, Rocha Moya habría recibido apoyo criminal para ganar la gubernatura en 2021 y, una vez en el poder, funcionarios de su administración habrían protegido operaciones de narcotráfico, filtrado información de seguridad, evitado detenciones y aceptado sobornos.
Los señalamientos son acusaciones y no condenas. Todos los involucrados deben ser considerados inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Rocha Moya ha negado los cargos, los ha descrito como falsos y con motivaciones políticas y solicitó licencia a la gubernatura el 1 de mayo para, según dijo, no interferir con las investigaciones. Díaz Vega y Mérida Sánchez se entregaron posteriormente a las autoridades estadounidenses.
El gobierno mexicano reclamó que Washington hiciera públicos los cargos antes de que las solicitudes de detención provisional y extradición fueran procesadas en México. La FGR abrió una investigación, citó a declarar a varios de los señalados y sostuvo que, hasta julio, no había encontrado elementos suficientes para judicializar el expediente. La Presidencia negó que existiera un “blindaje” institucional a favor de Rocha Moya.
Pero el caso marcó un cambio. “Lo que cambia no es la postura ante el gobernador Rocha Moya, sino la postura del gobierno norteamericano”, dijo David Saucedo en el reportaje “Rubén Rocha y la carta de ‘El Mayo’: perfil de un gobernador acusado de narcotráfico en Estados Unidos”, publicado por Animal Político el 30 de abril de 2026. Para el analista, el documento estadounidense llevó “al banquillo de los acusados al sistema político mexicano” al incorporar de manera frontal el componente electoral y la presunta protección institucional.
La acusación creó además una paradoja difícil de separar del origen de la guerra: mientras “Los Mayitos” combatían para vengar el secuestro de su jefe, Estados Unidos sostenía que una red de funcionarios encabezada por el gobernador había operado en beneficio de “Los Chapitos”, la facción señalada por ejecutar la traición.
El expediente Rocha Moya transformó así un conflicto entre dos clanes criminales en una crisis de legitimidad para el gobierno sinaloense y en un nuevo motivo de disputa con Washington. México exigió pruebas que pudieran sostenerse ante sus tribunales. Estados Unidos pidió la detención y extradición de los diez acusados. En medio quedaron las preguntas abiertas por la carta de Zambada: por qué consideró normal acudir a una reunión en la que supuestamente participaría el gobernador y qué tipo de interlocución había existido antes entre el poder político y los jefes criminales.
El avión, el piloto y la grieta bilateral
Desde el primer día, México y Estados Unidos contaron historias diferentes sobre la llegada de Zambada.
El entonces embajador estadounidense Ken Salazar sostuvo que su gobierno no había planeado ni ejecutado el traslado. “No fue nuestro avión, no fue nuestro piloto, no fue nuestra operación”, repitió casi dos años después. De acuerdo con su versión, las agencias estadounidenses intervinieron únicamente cuando Zambada y Guzmán López aterrizaron en territorio de ese país.
México reclamó que no había sido informado previamente y abrió siete carpetas de investigación. Personal de la FGR viajó en agosto de 2024 a El Paso para inspeccionar la aeronave, pero, según la Fiscalía, los agentes estadounidenses impidieron tomar fotografías y realizar todas las diligencias solicitadas. La dependencia aseguró que envió 16 recordatorios al Departamento de Justicia y que las respuestas fueron parciales e insuficientes.
La disputa se reactivó en este julio cuando el FBI incorporó a una exhibición en el War Eagles Air Museum, en Nuevo México, la Beechcraft King Air 200 utilizada para trasladar a los dos capos y presentó el caso como uno de sus éxitos operativos. Para el gobierno mexicano, la exhibición contradecía las negativas de Ken Salazar y reforzaba la sospecha de que una agencia estadounidense había intervenido antes del aterrizaje.
Te recomendamos: Rocha Moya ganó la gubernatura de Sinaloa con ayuda de “Los Chapitos”, acusa EU; México pide pruebas
La FGR endureció entonces sus señalamientos. La fiscal Ernestina Godoy aseguró que, si se confirmaba que el FBI participó en la planeación y ejecución del secuestro de un ciudadano mexicano, se habrían violado las leyes nacionales, el derecho internacional y las normas diplomáticas. La Fiscalía acusó además a Ken Salazar de haberse conducido “con falsedad”, aunque reconoció que, por la inmunidad que tenía como embajador, no podía enfrentar responsabilidades penales en México.
“Desde que se dio el secuestro o entrega forzada de Ismael ‘El Mayo’ Zambada había cosas que desafiaban la lógica. No es que uno pueda tomar un avión, entrar al espacio aéreo de Estados Unidos sin demasiadas preguntas y aterrizar en una base militar”, dijo Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el reportaje “Ken Salazar, el FBI y ‘El Mayo’: así escala el nuevo choque México-EU”, publicado por Animal Político el 9 de julio de 2026.
La mayor incógnita sigue siendo el piloto.
La FGR informó que logró identificarlo, aunque no hizo público su nombre. Según la dependencia, después del aterrizaje pidió ser deportado inmediatamente a México. Ya en territorio nacional fue detenido por portación de armas y posteriormente entregado otra vez a Estados Unidos. La Fiscalía no precisó cuándo sucedió, por qué fue enviado nuevamente a aquel país ni si, antes de entregarlo, lo investigó por su posible participación en el secuestro de Zambada.
El hombre que podía ayudar a reconstruir de dónde salió la aeronave, quién preparó el vuelo, qué ruta siguió y qué coordinación existió antes del aterrizaje pasó dos veces de un país al otro sin que hasta ahora se conozca públicamente su declaración.
El caso terminó por alcanzar también el legado de Ken Salazar. Durante casi cuatro años, el diplomático había construido una relación de cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se había convertido en uno de los principales interlocutores entre Palacio Nacional y Washington. El funcionario que durante buena parte de su gestión fue visto como un puente acabó situado en el centro de la confrontación.
“La narrativa cambió por completo”, dijo José Alberto Moreno Chávez, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, en el perfil “Ken Salazar: de operador en Palacio a la tormenta del caso Mayo Zambada”, publicado por Animal Político el pasado 21 de julio.
La sentencia contra Zambada volvió a mostrar la distancia entre ambos gobiernos. El Departamento de Justicia estadounidense afirmó que la condena fue posible gracias a la cooperación bilateral entre las autoridades de México y Estados Unidos. El gobierno mexicano, en cambio, seguía reclamando información sobre una operación que considera violatoria de su soberanía y cuestionando que Washington negociara con integrantes de una organización a la que previamente había designado como terrorista.
¿Ya leíste?: “El Mayo” Zambada pide cumplir condena en prisión médica y no en máxima seguridad como “El Chapo”
Dos años después, Zambada está condenado a morir en una prisión estadounidense. Joaquín Guzmán López permanece también bajo custodia de ese país. Tanto los hijos de Zambada como de “El Chapo” Guzmán continúan disputándose territorios y negocios. Rocha Moya enfrenta una acusación en Nueva York, que rechaza. Y México y Estados Unidos siguen sin ofrecer una explicación común sobre el vuelo que comenzó toda esta historia.
“El Cártel de Sinaloa que tenemos en el imaginario, el de los grandes capos, las drogas y la violencia, cambió para siempre”, dijo Adrián López, director de Noroeste, en el reportaje “¿El fin del viejo Cártel de Sinaloa? El mensaje de ‘El Mayo’ que contradice la guerra de sus herederos”. “Pero no estoy seguro de que lo que quede vaya a ser menos poderoso o más fácil de procesar por parte del Estado mexicano”.
En Huertos del Pedregal, la finca sigue cerrada y en silencio.
Fuera de sus muros, la guerra y la disputa entre los dos gobiernos continúan abiertas.