violencia en todas partes: recorrer Culiacán en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa
Manu Ureste · 26 de mayo de 2026
Los balazos se cuentan por decenas, cientos: enormes boquetes de grueso calibre repartidos a lo largo de una fachada blanca de dos niveles y unos 14 metros de ancho. Muchos de los impactos se concentran alrededor de las ventanas superiores, donde el yeso desprendido deja manchas grises y heridas abiertas sobre el muro. Nada extraordinario en la ciudad de Culiacán, que lleva casi dos años inmersa en la guerra que ‘mayitos’ y ‘chapitos’ desataron en el Cártel de Sinaloa, salvo por un detalle importante: la casa baleada con saña es propiedad del gobernador Rubén Rocha Moya.
Es miércoles, 13 de mayo, a las 12.20 de la tarde. El termómetro alcanza los 38 grados en la capital de Sinaloa. Quizá por eso el cruce de las calles Lago de Cuitzeo y Laguna del Carmen, en el exclusivo fraccionamiento de Las Quintas, está desierto, en silencio y sin apenas movimiento de coches. Tan solo una camioneta con los cristales polarizados permanece estacionada bajo la sombra de un árbol junto a la casa baleada, lo que hace que los reporteros de Animal Político y Noroeste se la piensen varias veces antes de bajar a grabar el inmueble.
Apenas cuatro días antes, la mañana del 9, otra camioneta llegó al cruce y se detuvo frente a la casa donde el gobernador vivió durante tres décadas cuando era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo varios hombres ataviados con chalecos antibalas y tocados por sombreros de ala ancha lanzan varias ráfagas de plomo contra el inmueble deshabitado, mientras de fondo se escucha un narcocorrido a todo volumen.
“Traigo el equipo listo pá pelear, bien artillado como guerrero…”.
En cuestión de segundos, los balazos sobre la pared blanca y el portón de madera levantan una polvareda y dejan cientos de cicatrices sobre el inmueble, que días después no está acordonado ni vigilado por autoridad alguna.
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Luego, los criminales se marchan dejando tras de sí un velo de incertidumbre entre una ciudadanía que se pregunta si el ataque era un mensaje directo contra el mandatario —que el 1 de mayo pidió licencia para no entorpecer las investigaciones emanadas desde Estados Unidos en su contra y contra otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa—, o si se trata de un mensaje a la propia ciudadanía que, temerosa y preocupada, se pregunta qué podría sucederles a ellos y a sus hogares si una de las casas de la máxima autoridad estatal puede ser atacada con impunidad.
Finalmente, los reporteros bajan del coche para grabar la fachada y hacer un reporte en video. Pero no permanecen ahí ni cinco minutos. El paso lento de un par de motocicletas y de varias camionetas que doblan hacia la calle —quizá por casualidad, quizá no— basta para acelerar la grabación y volver rápido al coche y salir de la zona.
Poco después, la calle vuelve a quedar con las cicatrices abiertas y a la vista: vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido ahí.
El regreso del encierro
—A casi dos años de la guerra, seguimos teniendo violencia en las calles; cadáveres que aparecen en las mañanas, a veces también en las noches. Durante un tiempo, los hechos de alto impacto dejaron de ocurrir. Ahora, coincidiendo con la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, estamos ante una nueva “sacudida” entre las dos facciones del cártel, ante un reavivamiento de la violencia.
José Abraham Sanz, jefe de información de Noroeste, habla mientras conduce despacio por las calles del centro de la ciudad. En el asiento trasero acompaña durante toda la jornada Jesús Verdugo, reportero y camarógrafo del diario.
Apenas son las 18:50 y los últimos rayos del sol todavía se filtran entre las nubes, tiñendo el atardecer de tonos anaranjados y violetas. Pero la ciudad ya parece dormida. La inmensa mayoría de los comercios del primer cuadro de la capital, alrededor de la Catedral, bajaron la persiana hace rato. Los autobuses avanzan casi vacíos por la calle Benito Juárez, a unos metros del Palacio Municipal. Y los pocos comerciantes que aún permanecen en los alrededores del Mercadito Juárez barren deprisa las banquetas, recogen bolsas de basura y apresuran el cierre de los locales: nadie quiere permanecer en la calle después de las siete de la tarde.
El auto se detiene ante un semáforo en rojo. Arriba, donde antes había una cámara de videovigilancia, solo queda un gancho vacío: el crimen organizado la arrancó a balazos meses atrás. Sanz explica que, aunque desde el inicio de “la guerra”, en septiembre de 2024, la situación nunca mejoró realmente —ni siquiera con el despliegue de más de 6 mil soldados enviados por la Federación—, durante los primeros meses de 2026 sí se había percibido una especie de tregua informal, al menos en cuanto a balaceras y hechos de alto impacto. Una calma precaria que permitió estirar un poco más los horarios de restaurantes y comercios.
—Ya no había balaceras simultáneas por toda la ciudad —explica un elemento de seguridad consultado poco antes del recorrido, un escolta que pidió anonimato—. Como que se veía que iban más por alguien en particular y ya. Pero ahora, con esto del gobernador y el alcalde, pues no sabemos cómo se van a acomodar otra vez las cosas. Hay mucho temor porque, poco después de que balearon la casa del gobernador, volvió otra vez mucha violencia. No sabemos si es por la falta de gobernabilidad, porque ya lo tenían planeado, o por qué. Esa gente siempre es una incógnita y nunca sabes cuándo ni por qué se van a descontrolar.
Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, coincide con ese diagnóstico. La población “ya había empezado a salir un poco más” a las calles antes de que, nuevamente, hechos de alto impacto —como la quema de un casino en el sector financiero de la capital— empujaran otra vez a la ciudadanía a autoimponerse un toque de queda.
—Había mayor movilidad social, no solamente durante el día, también en horarios nocturnos. La gente ha aprendido a vivir entre las balas, arriesgando la vida —comentó el líder comerciante, apoyado en el mostrador de un negocio de aguas frías. Afuera, el bullicio de los camiones del transporte público es ensordecedor.
—Y eso es lo que hacemos quienes nos levantamos a primera hora para abrir nuestros negocios: despedirnos de nuestros hijos, de nuestras familias, y salir a trabajar. Así lo está haciendo toda la población de Culiacán.
—Porque vemos —añadió— que en cualquier lugar, en cualquier crucero, en cualquier calle, se genera una balacera y hay personas heridas y muertas. Ese ya es nuestro pan de cada día.
Como resultado, Sánchez asegura que, desde el inicio de la guerra, alrededor de 3 mil locales han cerrado sus persianas o reducido drásticamente sus horarios, especialmente por las noches. Lo cual, añade, ha provocado pérdidas económicas cercanas a los 75 mil millones de pesos en Sinaloa, “tomando en cuenta que la reactivación empresarial ha sido muy lenta”.
—Venimos de un cierre prácticamente total, de una afectación casi absoluta —subraya el dirigente comerciante—. Y aunque gradualmente algunos negocios se han ido reincorporando, y eso ha permitido disminuir un poco las pérdidas este año, lo cierto es que siguen siendo enormes.
Cuestionado sobre la presencia de miles de soldados y elementos federales de seguridad, Sánchez lamenta que el despliegue tampoco se haya traducido en una mejora tangible para comerciantes y ciudadanos.
—Creemos que se sigue una política equivocada. Porque para nosotros no es un avance que maten a un poquito menos de personas. Un buen resultado sería que dejaran de matar gente todos los días. Eso permitiría recuperar la calma, la confianza para vivir y para invertir. Nos permitiría recuperar la dinámica que teníamos antes de esta guerra.
La guerra contada a través de sus ruinas
El vehículo con los periodistas a bordo pasa por varios de esos lugares marcados por la violencia cotidiana de los que habla el líder comerciante Óscar Sánchez. Aunque, en realidad —comentan resignados los periodistas del Noroeste—, es difícil transitar por algún punto de la ciudad en el que no haya habido una balacera, un asesinato o un intento de asesinato, una persecución de película, una casa quemada, o un negocio baleado o ‘reventado’, como se dice en la urbe.
A las 12.43, luego de tomar imágenes de la casa baleada de Rocha Moya, los reporteros se dirigen a la zona nororiente de la capital, a la pensión de vehículos asegurados por la Fiscalía estatal de Sinaloa.
El escenario recuerda más a un deshuesadero de guerra que a una pensión vehicular: tierra y montañas de autos polvorientos y apilados unos sobre otros los reciben. Casi todos presentan las mismas cicatrices: agujeros de bala en lunas delanteras, ventanas y por toda la carrocería.
Aquí, entre camiones de carga baleados —uno de ellos, de color blanco, presenta un orificio grueso justo a la altura del conductor— y automóviles de lujo que ya son chatarra, permaneció asegurada una camioneta tipo van que se hizo tristemente célebre en la ciudad y en todo el país: es la camioneta en la que el 28 de septiembre de 2024, luego de una visita a la capital del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las facciones del cártel dejó seis cadáveres en su interior y un mensaje macabro: ‘Bienvenidos a Culiacán’. Era el inicio de la guerra.
A las 13.40, los periodistas pasan por una gasolinera abandonada y con la fachada de su oficina quemada y repleta de balazos, ubicada en el concurrido bulevar Emiliano Zapata. Luego se dirigen a una escena del crimen. De camino, pasan por un panteón. Desde la carretera se alcanza a ver una enorme estructura de varios pisos de altura: una tumba que es una réplica ostentosa del Taj Mahal.
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—No te dejan entrar si no tienes enterrado a algún familiar. Hay más seguridad ahí que en toda la ciudad —ríe amargo el fotoperiodista Jesús Verdugo.
De camino al sector Campo Argentina II, donde en una tienda de abarrotes ubicada en contraesquina de una escuela primaria tuvo lugar una de las seis escenas del crimen de la jornada, el coche transita lentamente por un campo baldío con numerosos reportes de fosas clandestinas en una ciudad con, al menos, 2 mil 390 denuncias por desaparición en menos de dos años, aunque los colectivos de búsqueda elevan la cifra por arriba de los 3 mil casos.
—En la guerra de 2008 aquí era un tiradero de cuerpos. Y aún hoy se encuentran osamentas —dice José Abraham Sanz, que destaca que en el lugar hay muchos cenotafios recordando a personas cuyos restos fueron hallados ahí. Y, en efecto, en el trayecto se contabilizan cinco en menos de cinco minutos de camino hasta la remota tiendita donde un hombre de unos 40 años fue asesinado a tiros cuando jugaba a unas maquinitas.
Luego, a las 17.51 horas, el pequeño convoy de periodistas asiste a otra escena del crimen, esta vez sobre la calzada que lleva al aeropuerto, muy cerca del penal de Aguaruto, del tutelar de menores, y para más inri, de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR): sobre el arcén, nueve casquillos de bala yacen esparcidos unos junto a otros. Los primeros reportes indican que un sujeto descargó una ráfaga de plomo contra otro hombre de unos 30 años de edad y huyó. A unos pocos metros del lugar, en las inmediaciones del penal, hay un retén de soldados.
La ciudad de los retenes y el miedo nocturno
A las 19:50, la noche cae por completo sobre Culiacán. El coche de Noroeste transita ahora por la calle Miguel Hidalgo. Apostados a un costado de la escasamente iluminada calzada hay dos Humvees repletos de soldados, que observan a los pocos vehículos que todavía circulan por la zona.
Sin embargo, la noche del 27 de abril no estaban cuando un hombre se acercó caminando a la estética canina que seguía abierta sobre esta misma calle. Sentada sobre la banqueta, descansando, estaba Sara, la dueña del local. Platicaba con otra mujer alrededor de las siete de la tarde cuando el individuo se aproximó, sacó una pistola y, con total calma, les disparó en la cabeza. Luego, quizá para no dejar testigos —aunque una cámara de vigilancia lo grabó—, el hombre abrió fuego contra otras dos mujeres —madre e hija— que permanecían dentro de una camioneta estacionada frente a la estética. Esperaban a un técnico de lavadoras que trabajaba en un negocio cercano. Era el esposo de una de las víctimas y el padre de la otra. El multihomicidio ocurrió a apenas cuatro cuadras de la Catedral y de la Plazuela Obregón.
Ahora, el coche se dirige por la avenida de Los Insurgentes hacia el sector Tres Ríos, el corazón financiero de Culiacán. Primero pasa frente al enorme edificio del Gobierno de Sinaloa —donde despachó Rocha Moya hasta que pidió licencia al cargo el pasado 1 de mayo— y luego toma la carretera Niños Héroes, bordeando el Estadio Universitario de la Autónoma de Sinaloa, hasta llegar al Casino Tropicana, baleado y quemado el pasado 4 de mayo.
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Antes de llegar al casino, un aparatoso retén militar ocupa uno de los carriles de la avenida y detiene aleatoriamente vehículos y motociclistas para revisar que no transporten armas ni drogas.
—Los retenes están por toda la ciudad, ya es algo con lo que nos hemos acostumbrado a vivir —dice en una entrevista previa a este recorrido un productor agrícola que, como la gran mayoría de los entrevistados para esta crónica, pide anonimato por temor a represalias del crimen organizado.
—Trayectos de apenas 10 minutos acabas haciéndolos en 50 o en una hora. Cierran todo y hazle como quieras —lamenta el hombre—. Y pues, para mí, solo sirven de presencia. Para que veas que hay gobierno por todas partes, pero no sirven de mucho. Llegan ya para levantar los cuerpos o precintar la escena del crimen.
—Hay mucha seguridad por todas partes —corrobora el agente de seguridad citado anteriormente—. Pero muchas veces no se dan cuenta de cuál es la gente que va armada. Yo mismo he pasado muchas veces armado por esos retenes y nunca me han revisado.
—Y de todas formas —reflexiona a colación—, aunque haya muchos puntos de revisión, sigue habiendo mucho desmadre por toda la ciudad. Es muy difícil parar esto; lo dejaron crecer demasiado. Culiacán quiere continuar, salir adelante de esta pesadilla, de esta guerra. Pero no puede. No la dejan.
Miriam, una ciudadana que pide no publicar su nombre completo ni su ocupación, también por temor, considera desde la terraza de un café del centro que la opinión respecto a los militares “está dividida”.
—Aunque los resultados no han sido los prometidos, sí ha habido retenes donde han detenido a personas involucradas con la delincuencia. Por eso creo que la opinión está dividida: a mucha gente le molestan, porque es cierto que se forman filas muy grandes de coches, pero también muchos los vemos como un mal necesario en la ciudad.
Mientras conduce ahora sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso —más conocido como el malecón que corre paralelo al río Humaya—, José Abraham Sanz coincide en señalar que existe una marcada división de opiniones sobre la presencia de soldados y fuerzas federales. Aunque también cuestiona la efectividad real de los retenes y su aparente nulo efecto disuasorio frente a otra de las estadísticas escalofriantes que ha dejado la guerra en estos 21 meses: las más de 8 mil denuncias por robo de vehículo registradas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.
—Hemos levantado numerosos testimonios de robos de autos a tan solo unos metros de controles militares, incluso frente a instalaciones de la Fiscalía. El porcentaje de robo de vehículo con violencia y armas de fuego es altísimo. Y pues la gente se pregunta: “si hacen eso delante de la autoridad, que está armada, ¿qué será de quienes viajamos para trabajar en los pueblos de alrededor o por carreteras alejadas de la ciudad?”.
A las 20:43 horas, la noche es tan solitaria en el centro de Culiacán que parece madrugada profunda. Por las calles laberínticas y mal iluminadas solo se alcanzan a distinguir los rostros cubiertos por pasamontañas de los soldados y las luces azuladas de las sirenas oficiales.
Mientras la ciudad duerme en medio de un silencio autoimpuesto y forzado por las balas, sobre una pared blanca de unos tres metros de altura alguien pintó un grafiti con enormes letras negras: “QUIERO GRITAR”.