Diputados avalan ley para unificar datos de propiedades; oposición alerta por alzas al predial
Edgar Ledesma · 7 de octubre de 2026
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles una nueva ley para vincular los catastros municipales con los registros públicos de la propiedad, identificar cada inmueble mediante una clave única y homologar los trámites, entre advertencias de la oposición sobre posibles aumentos en el predial y riesgos para los datos patrimoniales.
El dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado con una modificación para permitir que las autoridades responsables colaboren con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El proyecto fue enviado al Senado.
La votación en lo general registró 324 votos a favor, 107 en contra y una abstención, mientras que los artículos reservados y la modificación fueron avalados con 299 votos a favor y 92 en contra, con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el rechazo del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
La propuesta busca resolver inconsistencias entre dos fuentes de información sobre una misma propiedad, el catastro, que registra su ubicación, dimensiones y características físicas, y el Registro Público de la Propiedad, que contiene información sobre su titularidad y los actos jurídicos relacionados con ella.
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Para conjuntar esos archivos, crea una Clave Única Catastral que identifica cada predio y permite vincularlo con su folio registral, además de una Cédula Única Catastral y Registral, que relaciona las características físicas del inmueble con sus datos jurídicos.
La clave no sustituye una escritura. El artículo 28 establece que, por sí misma, no acredita la propiedad ni la posesión, tampoco crea, transmite, modifica o extingue derechos sobre el inmueble.
Qué cambia en los trámites y el predial
El proyecto establece planes nacionales y modelos obligatorios para homologar requisitos, procedimientos y tiempos de respuesta, mediante una Plataforma Catastral Municipal y una Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) desarrolla y administra esas herramientas, emite estándares técnicos y supervisa su implementación, además de capacitar a las autoridades locales.
Las plataformas permiten gestionar trámites, consultar información y realizar pagos digitales, incluido el predial, con autenticación mediante ‘Llave MX’ para las solicitudes en línea. La gestión y el uso de los datos permanecen bajo la competencia de las autoridades locales correspondientes.
El dictamen no crea un nuevo impuesto ni modifica directamente las tasas del predial, pero busca fortalecer la recaudación mediante padrones más completos, valores catastrales actualizados e incorporación de predios no registrados.
Esta diferencia concentró parte del debate, porque actualizar el valor catastral puede repercutir en el monto del predial conforme a las reglas y decisiones locales, aunque la tasa permanezca igual. El proyecto no establece un aumento uniforme para todo el país.
El quinto transitorio dispone que las autoridades adopten los modelos y las plataformas a más tardar el 31 de diciembre de 2026, para que operen el 1 de enero de 2027, conforme a un calendario que considere sus capacidades técnicas y operativas.
Los gastos deben cubrirse con los presupuestos autorizados, sin recursos adicionales, aunque el artículo 6 contempla apoyos federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, sujetos a disponibilidad presupuestaria.
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Oposición cuestionó costos y control federal
PAN, PRI y MC sostuvieron que el proyecto concentra decisiones tecnológicas en una agencia federal y obliga a las autoridades locales a implementar nuevos sistemas sin garantizar recursos suficientes.
El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó las condiciones para que los municipios con menor capacidad tecnológica cumplan las nuevas obligaciones.
“¿Con qué va a cumplir el municipio pequeño o el rural que quizás apenas tenga internet? Eso no es federalismo, es mandar desde el centro con la cartera ajena”, sostuvo.
Su compañero de bancada, Luis Agustín Rodríguez Torres, reconoció que vincular los registros puede reducir trámites y detectar inconsistencias, pero pidió límites a las facultades de la Agencia, controles sobre el acceso a los datos y mecanismos para evitar cargas excesivas por actualizaciones del predial.
La diputada María de Fátima García León, de MC, pidió considerar las diferencias territoriales y las formas de propiedad social, ejidal y comunal, además de consultar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
“Homologar procedimientos puede ser razonable, homologar realidades puede ser un grave error”, señaló. Su propuesta no fue admitida a discusión.
La mayoría también desechó una reserva de la priista Ofelia Socorro Jasso Nieto para garantizar atención presencial sin exigir ‘Llave MX’, asistencia gratuita y accesibilidad para personas adultas mayores y con discapacidad.
Morena, PT y PVEM defendieron el proyecto como una herramienta para reducir registros contradictorios, duplicidades y espacios de corrupción, sin trasladar a la Federación el cobro del predial.
La morenista Claudia Rivera Vivanco rechazó que la Agencia vaya a fijar el valor de las propiedades o sustituir a los ayuntamientos.
“Lo que sí hace el gobierno federal con esta reforma es proveer de la infraestructura tecnológica gratuita para que los municipios puedan fortalecer su propia recaudación de manera justa y de manera transparente”, afirmó.
La modificación aceptada, presentada por Elena Edith Segura Trejo, de Morena, permite que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Agencia y las autoridades catastrales y registrales colaboren con el Inegi dentro de sus competencias.
Segura Trejo sostuvo que la información técnica del Instituto permite conocer las capacidades de cada municipio y orientar la modernización. El Senado deberá discutir el proyecto antes de su eventual aprobación y publicación.
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