Seguridad y Agencia de Transformación inician prueba piloto para registro de usuarios de telefonía

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que desde el 1 de septiembre inició una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil.

La prueba está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

En un comunicado, indicó que se firmó el acuerdo entre el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, y los representantes de las empresas telefónicas, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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En ese sentido, Pérez explicó que la prueba permitirá definir acciones y áreas de mejora en los procesos del registro de las líneas telefónicas y usuarios a cargo de los concesionarios y comercializadores del servicio móvil, previo a la operación obligatoria del registro contemplada en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Añadió que la identificación de los usuarios se hará a través de algún documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP), para vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran en los centros de atención a clientes.

Precisó que los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que el gobierno no tendrá acceso a ellos.

Dicho ejercicio concluye en el mes de octubre, con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones, las cuales harán obligatorio el registro de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta.

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“En el caso de las líneas activas, tendrán un periodo para su registro, para lo cual las compañías habilitarán la modalidad remota para facilitar este proceso a las personas usuarias”, destacó.

Registro de telefonía es innecesario y pone en riesgo datos personales, dicen especialistas

Implementar un registro de usuarios de telefonía móvil pondría en riesgo los datos personales de la ciudadanía y es una medida innecesaria, porque actualmente las compañías telefónicas ya están obligadas a colaborar con las autoridades en casos de investigación de un delito, mencionaron especialistas sobre la iniciativa de seguridad pública que envió Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

En el pasado, los gobiernos de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fallaron en sus intentos de crear un registro similar, y la Suprema Corte de Justicia ya consideró en 2022 que un padrón de ese tipo viola el derecho de la privacidad y la protección de datos personales.

Sin embargo, en su exposición de motivos, la presidenta argumenta que el registro es necesario para combatir la incidencia de delitos como el secuestro y la extorsión, uno de los que más creció en el último sexenio.

La iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación, una instancia del gobierno federal, cree y resguarde la información de los usuarios de telefonía móvil. Para ello, se asociarían las líneas telefónicas en uso con la CURP y una identificación oficial, un pasaporte o un documento migratorio.

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“Hay un riesgo de que el gobierno o cualquier autoridad pueda intervenir una línea con una intención distinta a la que persigue, que es evitar las extorsiones”, mencionó en entrevista Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

“Esas bases de datos podrían ser accedidas por quién sabe qué autoridades, bajo quién sabe qué procedimientos, no sabemos si va a haber un procedimiento judicial para acceder a esa información, si va a haber algún tipo de control o si esa información va a ser accedida por autoridades que muchas veces están coludidas con la propia delincuencia, generando el efecto contrario de lo que se supone que se pretende hacer”, advirtió Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D).