Edgar Ledesma · 7 de octubre de 2026
La Cámara de Diputados aprobó la noche del martes una reforma a la Ley Aduanera que amplía las facultades de las autoridades para revisar y embargar mercancías ante posibles casos de subvaluación, además de endurecer las multas por infracciones relacionadas con combustibles, entre advertencias de la oposición sobre afectaciones a importadores que cumplen con la ley y cuestionamientos sobre su alcance para combatir el huachicol fiscal.
El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado en lo general con 334 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención, con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el rechazo del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
En lo particular obtuvo 338 votos a favor, 114 en contra y ninguna abstención, sin modificaciones durante la discusión en el pleno, por lo que fue enviado al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.

La reforma busca combatir la subvaluación de mercancías, una práctica mediante la cual se declara un valor inferior al que corresponde conforme a las reglas aduaneras para reducir el pago de contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, de Morena, sostuvo que las modificaciones permitirán proteger los ingresos públicos y enfrentar prácticas que perjudican a los productores nacionales.
“El objetivo de la reforma y que se plantea muy claro en el dictamen es el combate frontal a la subvaluación de mercancías, misma que constituye uno de los mecanismos más utilizados para reducir artificialmente el pago de contribuciones, evadir controles y obtener ventajas indebidas en el comercio exterior”, afirmó.
La reforma elimina el requisito de que una mercancía se declare con un valor al menos 50% menor al de otras idénticas o similares para que proceda un embargo precautorio por subvaluación. Con el cambio, la autoridad podrá retener mercancías ante diferencias menores, conforme a las reglas y procedimientos aplicables, mientras verifica si el valor declarado es correcto.
Por separado, el artículo 177 reduce del 50% al 20% la diferencia de valor que permite presumir una infracción en ciertos regímenes aduaneros, en los que los impuestos se calculan, pero no se pagan al ingresar la mercancía. Este cambio se refiere a la presunción de una infracción, mientras que el anterior modifica las condiciones para retener la carga.
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Altamirano explicó que la comisión también incorporó multas de entre 50% y 100% del valor comercial de las mercancías para determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos, una modificación que, señaló, recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios durante la dictaminación.
El legislador sostuvo que las autoridades deberán emitir disposiciones administrativas sustentadas en criterios técnicos y análisis de riesgo, para concentrar la fiscalización en las operaciones con mayor probabilidad de subvaluación, evasión o contrabando.
Sin embargo, la diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, advirtió que retirar el umbral podría afectar operaciones legítimas, porque un precio menor también puede responder a compras por volumen, liquidaciones o acuerdos comerciales con proveedores.
“Un importador puede pagar menos por una compra grande, por una liquidación o por un acuerdo con su proveedor. Si una empresa compra un lote con 25% de descuento, hoy no pasa nada y con esta reforma puede quedar bajo presunción de infracción”, sostuvo.
Flores Elizondo también cuestionó que las autoridades puedan definir mediante disposiciones administrativas los porcentajes para aplicar determinados embargos, al considerar que los criterios centrales deben quedar establecidos en la ley.
“Hoy este Congreso quitará el límite de la ley y luego dejará que la propia autoridad decida cuál será. Nos están pidiendo un cheque en blanco”, afirmó.

El diputado Christian Castro Bello, del PRI, señaló que una retención puede paralizar la producción de pequeñas y medianas empresas, generar costos de almacenaje y retrasar entregas, aun cuando posteriormente se aclare la operación.
“Una medida preventiva no debe convertirse en una sanción anticipada, porque mientras se resuelve el procedimiento, las mercancías quedan detenidas, los costos aumentan y las empresas siguen teniendo que pagar salarios, proveedores y compromisos”, afirmó.
Por el PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández advirtió que los depósitos exigidos para sustituir embargos podrían reducir la liquidez de las empresas, además de elevar los costos de las cadenas logísticas y retrasar el despacho de importaciones.
Desde Morena, Nancy Sánchez Arredondo rechazó que cualquier diferencia de precios implique automáticamente un embargo o una conducta ilegal, y sostuvo que la autoridad debe aplicar los métodos de valoración, procedimientos y garantías previstos en la Ley Aduanera.
“Una diferencia de precio no significa por sí misma que exista una conducta ilegal, tampoco significa que cualquier diferencia de valor producirá automáticamente un embargo, no es así”, afirmó.
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El dictamen contempla la devolución de las mercancías cuando el particular acredita su legal estancia o tenencia, desvirtúa las causas del embargo o demuestra que el valor declarado fue determinado correctamente, así como la liberación de garantías o devolución de depósitos en los casos correspondientes.
Aunque PAN y MC respaldaron en comisión las multas relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos, durante el debate señalaron que las sanciones económicas son insuficientes para desmantelar redes de contrabando de combustibles.
“Una multa mayor no sirve si no se desmantelan las redes corruptas. Una multa no sustituye a una investigación”, sostuvo Flores Elizondo.
El panista Federico Döring pidió que se leyera una reserva con la que propuso extender la responsabilidad económica a quienes ejecuten o faciliten las infracciones previstas en la cadena de importación, transporte, almacenamiento, custodia y comercialización.
La propuesta también planteó dar vista a las autoridades por posibles responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos, así como iniciar la cancelación de la patente del agente aduanal cuando exista una sanción administrativa firme por las conductas señaladas.
Döring afirmó que Morena rechazó esa propuesta durante la discusión en comisión y cuestionó que las redes involucradas puedan cubrir multas sin perder la posibilidad de seguir operando.

En respuesta, José Narro Céspedes, de Morena, sostuvo que las sanciones económicas no excluyen los procedimientos penales y pidió investigar cualquier irregularidad sin importar la afiliación política de quienes participen.
“Si participa una empresa que responda, si participa un funcionario que responda y si alguien pretende protegerse detrás de una militancia, que responda también. Ninguna credencial de partido puede servir de salvoconducto para la corrupción”, afirmó.