“Somos las únicas que podemos decir sí o no”: nace Frente Comunitario contra la Violencia Digital
Eréndira Aquino · 25 de agosto de 2026
Ante el desafío que representa el aumento de casos de ciberacoso en comunidades de Oaxaca que se rigen por usos y costumbres, mujeres indígenas se organizaron en el Frente Comunitario contra la Violencia Digital. La llegada de internet a estas poblaciones, antes incluso que los servicios de salud, ha detonado este tipo de violencia que afecta a las mujeres de forma desproporcionada.
En la segunda jornada de un campamento en Guelatao, organizado por la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales (REDIN), plantearon la necesidad de conformar un espacio de resguardo colectivo entre mujeres centrado en la prevención, la alfabetización digital con enfoque de género y la misión de difundir en cada una de sus comunidades el contenido de la Ley Olimpia, como se conoce al conjunto de reformas legales que desde 2021 tipifican la violencia digital y establecen sanciones para los delitos que vulneran la intimidad sexual cuando no hay consentimiento a través de internet o redes sociales.
Una respuesta desde dentro, más allá de la escucha
Después del silencio reflexivo y las lágrimas que marcaron el intercambio de vivencias del primer día de encuentro a la orilla de la laguna en la sierra oaxaqueña, las asistentes al campamento comprendieron que su papel como intérpretes y promotoras interculturales no podía limitarse a la escucha.
La urgencia de frenar el acoso en sus comunidades demandaba una acción concreta; algo que fuera capaz de sortear las barreras idiomáticas y el estigma social. De esa convicción nació el Frente Comunitario contra la Violencia Digital, una estrategia de defensa que, lejos de depender de la burocracia gubernamental, se gesta en las entrañas de los pueblos indígenas.
La primera gran tarea del Frente fue un acto de apropiación tecnológica: cada una de las participantes grabó en su lengua materna un mensaje en video dirigido a su comunidad lingüística. En sus grabaciones, informan sobre la existencia de la Ley Olimpia y ofrecen un puente de apoyo para quienes han sido víctimas, desmitificando la idea de que la exposición pública es el único destino para quienes viven esta violencia.
El salto hacia la acción pública no está exento de temores. Muchas de estas mujeres, acostumbradas a una vida comunitaria donde la discreción suele ser un mecanismo de supervivencia, temen que alzar la voz contra la violencia sexual digital las vuelva blanco de señalamientos de sus propios vecinos o peor aún, que en sus comunidades las consideren “agentes de cambio” ajenas a sus usos y costumbres.
Ante estas preocupaciones, Olimpia Coral Melo, impulsora de ley que lleva su nombre, y una de las participantes del encuentro, lanzó una pregunta: “¿alguna vez han participado en una manifestación de esas donde pintan y las mujeres se ponen capuchas?”.
El silencio de las mujeres confirmó que para la mayoría, la lucha feminista era un concepto que llegaba de lejos a través de las noticias y no por experiencia propia.
Sin perder tiempo en explicaciones teóricas, Olimpia las organizó en un pequeño contingente y las guió en una marcha simbólica por la orilla de la laguna de Guelatao.
El aire serrano comenzó a vibrar con consignas que retumbaron entre los pinos: “¡alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina!” y “¡ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer!”.
El recorrido fue como un rito de paso: el momento en que estas mujeres, intérpretes de sus propias lenguas, dejaron de sentirse espectadoras y se reconocieron como protagonistas. La marcha, aunque breve, fue la semilla de un movimiento que no busca pedir permiso, sino transformar el tejido social de sus comunidades desde adentro.
El reto de la justicia comunitaria
Llevar la ley de la teoría a la práctica en los pueblos no es una tarea sencilla. Judith Martínez, de 46 años, síndica en San Pedro Amuzgo, reconoce que el mayor obstáculo para frenar la violencia digital radica en la colisión entre el sistema de justicia estatal y la estructura comunitaria. Para que la Ley Olimpia sea efectiva en sus pueblos, no basta con difundirla; debe integrarse en la vida pública mediante sus mecanismos de gobierno tradicionales.
Judith enfatiza la necesidad de un consenso colectivo. “Ahí en nuestra comunidad sería primero para poder sancionar, ¿no? Por decir, pues ya está la ley, pero pues igual, la verdad, se tendría que hacer en una asamblea para que eso entre en el bando de policía de un gobierno“, dice.
La síndica explica que este proceso requiere que la asamblea apruebe las medidas, respetando la identidad y lengua de cada pueblo. “La asamblea tiene que aprobar cómo sancionar esos casos, esos delitos, de acuerdo con nuestra identidad y nuestra lengua”.
Este proceso de “traducción” de la justicia es, según Judith, fundamental para romper el ciclo de silencio impuesto por el miedo al qué dirán o a la afectación a la reputación. Siente miedo ante la responsabilidad de llevar este mensaje a su comunidad, pero sabe que la información es el arma más potente para que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.
“Ya ahorita sentirse de que hay una ley que las puede ayudar y esta ley nos viene a mostrar que nosotras somos las únicas que podemos decir sí o no”, afirma.
Usos y costumbres, el mayor desafío
En Oaxaca, 418 de sus 570 municipios se rigen bajo Sistemas Normativos Indígenas —conocidos como sistemas de usos y costumbres—, y cada uno cuenta con su propia forma de organización interna.
El reto, reconoce Celia Reyes, es conseguir que las autoridades locales escuchen la demanda de reconocer este tipo de agresiones digitales, “pero sobre todo, que podamos superar las barreras de pensamiento que hay en las comunidades, donde las mujeres normalmente están en la casa y los hombres son los que tienen cargos”.
Celia está convencida de que con el acceso a información sobre la violencia sexual digital en su lengua materna, el mixteco, la comunidad —principalmente las y los jóvenes—, “van a saber cómo usar de manera segura las redes y los medios digitales. Para ellos será como una revolución porque podrán interactuar sin prohibiciones, con mayor conciencia”.
Con 29 años, Celia dice que espera ser una persona de confianza para las mujeres y las juventudes de su comunidad, San Juan Juquila Mixes, y que con su apoyo “dejen de sentirse intimidadas o señaladas”.
La voz de una nueva generación
Si para las autoridades tradicionales el reto es la integración legal en las asambleas, para las mujeres más jóvenes la batalla se libra en el terreno de la identidad y el derecho a ocupar el espacio digital sin miedo.
María Soledad, una joven de 22 años y hablante de mazateco bajo, representa a esa generación que creció viendo cómo las pantallas pueden convertirse en herramientas de vulneración, pero que hoy las reclama como un espacio propio.
Para Sol, la empatía hacia las víctimas no es teórica; es una herida personal que aún recuerda. “Yo he experimentado esta violencia”, comparte. Durante la secundaria, un compañero editó y difundió una fotografía suya en redes sociales.
“Realmente yo no sabía nada acerca del tema”, recuerda. El proceso de sanación y protección dependió enteramente de la intervención de un profesor que le ayudó a frenar el ataque antes de que escalara.
Esa experiencia, sumada a su vocación como futura intérprete para evitar que su lengua se pierda, fue lo que la impulsó a postularse para este campamento. “Yo sería como aquella voz para aquella persona que no tiene voz“, afirma.
Para Sol, el Frente Comunitario es el vehículo necesario para romper con los dos muros que, según su propia vivencia, detienen la justicia en las comunidades: la vergüenza familiar —el “¿qué va a decir el vecino?“— y la inaccesibilidad geográfica de las fiscalías.
Lejos de la resignación, Sol aboga por un empoderamiento que no pida permiso. “Yo le comentaría o le explicaría a las personas de mi comunidad acerca del tema, decirle que no tengan miedo porque actualmente tenemos esta ley llamada Ley Olimpia y que también ellas puedan entender, se puedan empoderar y no quedarse calladas”.
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Para la joven, la Ley Olimpia —de la que recibió capacitación en el campamento— no es solo un marco jurídico, sino una herramienta de libertad. “Esa ley viene a mostrarnos que nuestro cuerpo es nuestro, que nosotras somos las únicas que podemos decir sí o no”, concluye.
Con esta convicción, Sol y las demás promotoras nuevas buscan garantizar que las niñas y jóvenes indígenas puedan habitar el mundo digital con la misma dignidad con la que recorren sus propios territorios.
Durante tres días de encuentro, aprendieron junto a Olimpia que no hay espacio para la vergüenza donde no tienen responsabilidad, y que el miedo debe disiparse ante la claridad de que la violencia nunca es culpa de la víctima.
Su red se extiende más allá de la sierra y les reafirma que no están solas.