“Sin intérpretes no hay justicia”: crece 200% demanda de indígenas oaxaqueños para comunicarse en EU
Marcela Nochebuena · 27 de diciembre de 2025
A sus solo 4 años de edad, una niña indígena oaxaqueña fue hallada prácticamente en abandono en la frontera de México con Estados Unidos. Sola, asustada y monolingüe, no entendía español y mucho menos inglés. Comprendía el zapoteco de San Vicente Coatlán, una de las 177 variantes lingüísticas que existen en Oaxaca.
Esta historia marcó el camino de Virginia Jiménez Antonio, integrante de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales de Oaxaca. Como la única persona que finalmente pudo hablar con la niña, supo que sus papás habían tenido que migrar a Estados Unidos y la habían dejado a cargo de su abuela.
Al poco tiempo, la señora enfermó, no pudo cuidarla más y se la encargó a una tía, quien la acercó a la frontera norte de México para entregarla a un traficante de personas con el acuerdo de que la iba a trasladar y a reunirla con sus padres. Algo ocurrió en el camino, el trato no se completó y la niña fue abandonada. Una patrulla fronteriza la halló y la llevó a un centro de asistencia.
Sin embargo, pasó 15 días sin poder comunicarse. Con miedo, desorientada y sin saber dónde estaba, el trabajo de Virginia fue primero contenerla —ante su evidente emoción al poder comunicarse en su lengua—, y después obtener toda la información respecto de quiénes eran sus papás o su abuela, con quienes ansiaba estar.
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“Una vez que tuve esa información, la comuniqué con los trabajadores de ahí y se inició el proceso. Tardó aproximadamente tres meses para que la niña pudiera finalmente reunirse con sus papás, porque también hubo otro detalle: para ser entregada tenía que practicarse una prueba de ADN”, relata Virginia en entrevista.
El padre de la niña quería acelerar el proceso y estaba dispuesto a pagar una prueba privada, pero tampoco sabía comunicarse por completo en español, por lo que, en un principio, su buena intención se interpretó como un intento de soborno. La intérprete también intervino para aclarar el malentendido y dejar claro que él solo buscaba agilizar el proceso.
Junto a sus padres, la niña finalmente pudo iniciar su proceso de asilo, pero sin Virginia quizá eso nunca hubiera ocurrido. La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales sostiene que su trabajo puede salvar vidas, ayudar a alguien a recuperar la libertad o resolver un tema de salud. El colectivo nació en 2019 a partir de la conciencia de un problema estructural: no existía una institución responsable de la política de interpretación en Oaxaca, ni presupuestos suficientes incluso a nivel nacional.
“Es fundamental, porque hay muchas personas monolingües aún en mi comunidad. Hace poco una chica que está detenida en un centro de ICE, ya tiene más de un año ahí, salió de aquí en medio de una violencia, su exmarido la trató de matar y prácticamente salió huyendo. Era candidata para solicitar asilo, sin embargo, no podía entender qué era y en qué consistía”, opina Virginia.
Quizá hablaba un 40 % de español, aclara, y lo entendía pero no sabía expresarse. Fue cuando una organización contactó a la red, y Virginia pudo explicar de manera más amplia su situación. Incluso pudo contarles una frase que recuerda muy claramente: “Su esposo le dijo en una ocasión que su bala valía más que la vida de ella. Detalles así, que ella no supo comunicar”. Hoy su situación sigue en revisión y la intérprete continúa acompañando el proceso.
“Nosotros los intérpretes somos un puente de comunicación, porque también las personas que no hablan español, o hablan poco, se sienten más libres expresándose en su lengua… Incluso nosotros tampoco entendíamos muy bien al principio; sin embargo, a través de las capacitaciones que tenemos constantemente en la Red, ya sabemos un poco más acerca de la cuestión de salud o de justicia”, reconoce.
La lucha por la justicia lingüística ante el vacío institucional
Oaxaca es la entidad federativa con más hablantes de lengua indígena: existen 1.2 millones de personas que hablan una lengua, 16 pueblos indígenas y 177 variantes lingüísticas. Ante ello, las políticas del Estado en materia de interpretación y traducción han sido insuficientes.
Además, muchas veces las instituciones gubernamentales pretenden que esos servicios se hagan de manera voluntaria y gratuita, pese al desgaste que representa tener una formación complementaria jurídica, médica o en temas de derechos humanos para proveer un acompañamiento más completo en escenarios en los que en algunas ocasiones ni siquiera se garantiza ya no un pago digno, sino por lo menos viáticos.
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Ante esa realidad, un colectivo de universitarios hablantes de lengua indígena se organizó para ubicar a otros en la Universidad Autónoma del Estado de Oaxaca. Desde entonces, pusieron en marcha un proceso formativo que fueron perfeccionando. Siete años después, cuentan con dos manuales de formación y más de 300 intérpretes de lenguas indígenas con diferentes especialidades.
“A raíz de eso creamos estos modelos de formación. Fue agarrando fuerza y mayor visibilidad el trabajo que estábamos haciendo, y empezaron a marcarnos las fiscalías, los tribunales y de repente los hospitales”, cuenta Eduardo Martínez, uno de los fundadores de la red. “El ámbito médico estaba completamente invisibilizado, abandonado. No había intérpretes formados en el ámbito médico, y mucho menos presupuestos”.
Además, comenzaron a documentar casos y a hacer investigación, con el fin de recabar ante la autoridad evidencia de la violación a los derechos lingüísticos, y cómo esta deriva en múltiples violaciones a los derechos humanos. Ahora se dedican a la profesionalización de intérpretes, investigación para la incidencia, comunicación y sensibilización.
Por otro lado, ante el crecimiento de solicitudes de servicios de traducción en Estados Unidos por el cambio de políticas de ese país y la disminución de recursos para la sociedad civil —que ellos requieren para administración y capacitación—, la organización lanzó una campaña con el lema “Sin intérprete no hay justicia: ayúdanos a que la lengua no sea una barrera para vivir”, para recaudar fondos y seguir operando.
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Esta tiene la finalidad de sensibilizar a sectores que quizá no han sido concientizados en esa necesidad: visibilizar lo que ocurre en el México olvidado, e impulsar una contranarrativa del discurso oficial que sostiene que nuestro país, más que nunca, es intercultural, cuando eso es solo una apariencia.
“Mientras el Estado no asuma su responsabilidad, va a seguir siendo una necesidad, y estamos en esa lucha”, remarca Jesús Gerardo Herrera, también fundador de la Red. Aunque la campaña apuesta sobre todo a que el empresariado se solidarice, mediante sus redes sociales hay un botón que conduce al mecanismo para que cualquier persona pueda donar a partir de 50 pesos, con lo cual se genera un recibo vía correo electrónico.
Migración e interpretación más allá de las fronteras
En Estados Unidos existe una gran organización de la comunidad indígena migrante que empezó a buscar a la Red ante una situación mucho más compleja: las personas salen del país con un dominio muy básico del español y llegan a un mundo en el que todo ocurre completamente en inglés.
“Es muchísimo más complejo poder comunicarte allá con el juez, con el ministerio público, con el defensor, o aún peor, en las audiencias de deportación. Algunas personas fueron detenidas en la frontera, completamente vulnerables, siendo juzgadas en un idioma que desconocen; entonces, se empezó a visibilizar esta necesidad a través de otras organizaciones que están en Estados Unidos”, relata Martínez.
Ahora, la Red ha dado más de 2 mil 800 servicios de interpretación remota en ese país, mediante asistencia en audiencias de deportación, casos de asilo —como el de la mujer que huyó de la violencia y no comprendía su derecho a solicitarlo— y emergencias médicas, tanto para hombres como para mujeres e infancias no acompañadas.
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Esa práctica representó al mismo tiempo un camino hacia la dignificación de la labor del intérprete, pues mientras en Oaxaca tiene que “mendigarse” el pago y no supera los 500 pesos por audiencia, sin importar su duración y sin viáticos, en Estados Unidos aprendieron que el pago por el servicio es por hora.
Así empezaron a poner de relieve lo que se denomina “justicia lingüística”, con tres pilares fundamentales: que las personas se puedan comunicar en el idioma de su preferencia en las instituciones estatales, que exista información oficial disponible en múltiples lenguas, y que las personas intérpretes reciban pagos justos, de la misma forma que quienes traducen inglés-español o español-francés.
“En el fondo no existe una explicación técnica de por qué a algunos se les paga menos. Es una cuestión racial. Es una lengua hegemónica, ‘yo soy intérprete inglés-francés, me pagan por hora y mis honorarios son altos’, y al intérprete español-lengua indígena no le quiero pagar o le pago lo mínimo. Esta lucha empezó por dignificar la labor del intérprete”, sostiene.
A diferencia de las organizaciones mediante las que han contactado a la mayoría de los casos que atienden en Estados Unidos, los consulados del gobierno de México en ese país han buscado a la Red muy pocas veces, sin contar con presupuesto suficiente, por lo que les piden la gratuidad, lo que para ellos ya no es opción.
Herrera describe en entrevista que al llegar allá, las personas que migran generalmente se agrupan y, de esa manera, aunque tengan muchos años, no llegan a tener una comprensión completa del inglés. Particularmente, en los últimos dos años la red ha percibido un cambio en la política migratoria de Estados Unidos que ha generado un crecimiento en la demanda de servicios de interpretación de casi el 200 %.
“Hay más detenciones con estas formas en que procede ICE, organización que está ejecutando la política migratoria; hay muchos lugares con redadas en campos agrícolas, zonas de comercios, centros comerciales acordonados para detener a personas que trabajan; eso ha hecho que nosotros estemos dando al día de dos a tres servicios en esas audiencias”, puntualiza Herrera.
La presencia en las audiencias se lleva a cabo vía telefónica o a través de videoconferencia. Eso implica retos importantes que exigen una formación más amplia. Se requiere de habilidades, actitudes y aptitudes en técnicas de interpretación, derechos humanos, perspectiva de género, derechos de las infancias y de las comunidades indígenas, así como conocimiento de los sistemas normativos de los pueblos.
En Estados Unidos, además, se requiere una técnica llamada “por relevos”: el juez hace el requerimiento en inglés, un intérprete inglés-español capta la información y la traslada a español, y del español interviene la persona intérprete de la Red para llevarla a la lengua indígena. Una vez que la persona hace la contestación, se sigue el mismo camino a la inversa.
“Es un esquema que implica la construcción de vocabularios técnicos, no basta con que una persona sea bilingüe, se requiere de habilidades particulares. Nosotros llevamos ya siete años formando generaciones, y tenemos personas en diferentes áreas del saber: biólogas, ingenieras, arquitectas; es muy diverso el esquema de quienes les llama la atención querer formar parte de la organización”, dice Herrera.
“Más que un tema de una narrativa política o de otra índole, está la vida de muchas personas donde un intérprete hace la diferencia, y un intérprete cambia la vida”, añade, y destaca el hecho de que una persona intérprete no es solo una traductora de palabras, sino la diferencia entre el abandono y el regreso a casa, la libertad y la cárcel, o la vida y la negligencia médica.