"Aquí no hay médicos, pero sí violencia digital”: mujeres indígenas se organizan contra ciberacoso
Eréndira Aquino · 24 de agosto de 2026
“La era digital se está filtrando en los pueblos, incluso en los más alejados”, cuenta Vanessa Ricardo, originaria de Santa María Alotepec, un municipio incrustado en la sierra norte de Oaxaca con apenas 2 mil 460 habitantes según el censo de 2020.
“A veces no tenemos servicios médicos completos ni medicamentos en las clínicas, pero sí internet y violencia digital”, afirma la joven.
Oaxaca es la segunda entidad con menor porcentaje de usuarios de internet en México (69 %); sin embargo, Vanessa afirma que en su comunidad, donde la mayoría de las personas viven en situación de pobreza y únicamente hablan mixe, el uso de tecnologías y redes sociales ya es una realidad que afecta desproporcionadamente la vida de las mujeres.
En su caso, no tener redes sociales no la salvó de sufrir violencia digital. Hace meses fue confrontada por sus profesores universitarios debido a publicaciones en Facebook donde supuestamente los insultaba y desacreditaba. Los mensajes provenían de un perfil que usurpaba su identidad, usando su nombre y fotografías de otras mujeres.
Logró desmentir que ella estuviera detrás de ese perfil y todo quedó en un chisme, algo que otras víctimas de este tipo de acciones no consiguen. Como maestra de educación básica, Vanessa ha conocido casos donde se difunde contenido sexual sin consentimiento y lejos de proteger a la víctima, las autoridades indígenas deciden expulsarla de la comunidad bajo el estigma de comportamientos inmorales.
A pesar de que en Oaxaca se aprobaron las reformas para tipificar y sancionar la violencia digital y los delitos contra la intimidad sexual desde 2021, Betsabeth Martínez, directora de Administración y Finanzas de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales (REDIN), refiere que aún no existen protocolos de prevención, atención y sanción de estos casos en pueblos que se rigen por usos y costumbres, una realidad que la asociación espera que cambie con el trabajo de mujeres dispuestas a acercar la justicia intercultural a sus comunidades.
Nombrar lo invisible
Vanessa comparte su testimonio, ante una treintena de mujeres que asiente en medio de un espeso silencio saturado con el aroma dulce y profundo del copal. Algunas no contienen las lágrimas. La mayoría nunca había verbalizado sus vivencias. Pero esta vez cruzaron las montañas hasta el pueblo donde nació Benito Juárez para transformar el miedo en aprendizaje.
Fueron convocadas por la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales (REDIN) en Guelatao, un pueblo oaxaqueño suspendido entre las nubes al que una marea violeta llegó impulsada por Olimpia Coral Melo, la voz que ha convertido la lucha legal contra la violencia sexual digital en un estandarte a nivel nacional e internacional.
A la orilla de una laguna, bajo la neblina que cubre los cerros que conforman la sierra sur, las integrantes de la REDIN montaron una ofrenda con flores de colores vibrantes y alimentos para compartir, que funciona como altar y refugio.
Allí, entre el humo denso y purificador del incienso, el aroma de la tierra mojada y el susurro del agua, el dolor dejó de ser un secreto cargado de vergüenza para transmutarse en fuerza colectiva; cada confesión fue un acto de valentía, un esfuerzo consciente por nombrar la violencia digital desde la cosmovisión de sus propias lenguas.
“Ser intérprete nace de la necesidad de apoyar a mis paisanos porque en su mayoría no hablan español”, dice Celia Reyes, quien describe esto como una barrera para acceder a información importante, como la existencia de normas que reconocen la violencia cometida en el plano digital y establecen castigos penales.
Esta dificultad es estructural en un estado donde conviven 16 lenguas indígenas y 170 variantes dialectales, lo que fractura el acceso a la justicia ante la escasez de intérpretes especializados. “Sobre todo hay limitantes en el pensamiento de nuestras comunidades”, admite Celia, auxiliar en un despacho de abogadas indígenas.
En San Juan Juquila Mixes, de donde es originaria, la población alcanzó las 3 mil 703 personas en 2020, de las cuales 83 % hablan lenguas indígenas. Aunque el 82.5 % vive en situación de pobreza —sin acceso a servicios de salud, rezago educativo y viviendas con materiales precarios—, Celia asegura que las y los jóvenes usan cotidianamente las redes sociales digitales, sin contar con información sobre cómo cuidarse.
Después de ver junto a las otras mujeres el documental “Llamarse Olimpia”, Celia reflexiona sobre “las cosas que uno desconoce”, como el concepto mismo de la violencia digital, que usualmente se limita a la “prohibición del uso de medios digitales o un miedo infundado a la existencia de las redes sociales”.
En 2024, el 21.3 % de las personas de 12 años y más en Oaxaca que utilizaron internet fueron víctimas de ciberacoso; casos que tuvieron en común la impunidad. Uno de los más mediáticos fue la denuncia en 2020 sobre la existencia del chat “Sierra XXX”.
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Activistas afirmaron entonces que cientos de hombres, entre los cuales había presuntamente funcionarios públicos, utilizaban este medio para la difusión de contenido sexual de mujeres sin su consentimiento.
A pesar de todo, en el círculo de mujeres a la orilla de la laguna, el humo del copal parece llevarse no solo la vergüenza, sino el silencio que durante años les impidió nombrar su propia lucha.
“Si esa mujer hubiera tenido apoyo…”
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI, las situaciones de este tipo que más frecuentemente se experimentaron en el país en 2024 fueron el contacto mediante identidades falsas (36 %), mensajes ofensivos (34 %), insinuaciones o propuestas sexuales (22.3 %), recibir contenido sexual (22.3 %), suplantación de identidad (19.8 %), críticas por apariencia o clase social (13.6 %), así como la amenaza de publicar información personal, audios o videos para extorsionar (9.9 %).
Entre los efectos causados en las personas afectadas se menciona enojo, desconfianza, estrés, inseguridad, frustración, miedo, problemas con familiares o pareja, daño a su imagen profesional o personal, pérdida de dinero, bullying y desempleo.
Para muchas de las asistentes al campamento en Guelatao, reconocer y nombrar la violencia ha sido un proceso de “desaprender”. Ndaita Bautista, originaria de San Juan Mixtepec, lamenta que ante un caso similar al de Olimpia Coral Melo, en su pueblo no hubo apoyo para la víctima. “En ese momento no tenía conocimiento en estos temas, yo no los entendía”, dice.
“Si esa mujer hubiera tenido apoyo, ¿hubiera decidido otras cosas en ese momento?”, se pregunta. “Ahora me doy cuenta de su resiliencia, porque ella está ahí; sin embargo, en la comunidad fueron hechos que nunca nombramos más que con palabras como la putita o la fácil”, recuerda.
Solo uno de cada diez casos de ciberacoso en México llega a denunciarse ante el Ministerio Público. La mayoría de las personas (70 %) que experimentan este tipo de agresiones señalaron al INEGI que la forma de reacción más común es bloquear a la persona o cuenta desde la cual se realizan las publicaciones.
En San Juan Mixtepec, el 85 % de las personas vive en situación de pobreza y más del 90 % habla la lengua mixteca; un contexto en el que —de acuerdo con Ndaita— hablar de violencia digital no es una prioridad. Como intérprete del pueblo espera poder cambiar el panorama para las víctimas, construyendo un espacio de confianza y acompañamiento sin revictimización, más allá de la organización comunitaria.
Aunque el camino hacia una protección real es complejo, el círculo de mujeres frente a la laguna comenzó a delinear los primeros trazos de una estrategia que se adapte a cada uno de sus territorios. Tienen claro que la solución no será externa; la red de acompañamiento que ahora tejen busca que la justicia no sea un concepto ajeno, sino una herramienta propia para nombrar y erradicar la violencia sexual digital.