“A mi hijo lo reclutaron”: desaparición de menores sube 103% y jóvenes sin localizar se triplican

—A mi hijo Sebastián se lo llevó el narco para reclutarlo. Estoy segura. Lo desaparecieron para llevárselo con ellos. 

La veracruzana Beatriz Uscanga habla sentada en una banca, en el patio de una casa en Guadalajara, Jalisco, donde se hospedan madres y familiares que, como ella, recorrieron cientos de kilómetros para unirse a brigadas de búsqueda en terreno; por motivos de seguridad se omite la ubicación del inmueble. 

Con el pelo negro lacio suelto por los hombros y vestida con ropa cómoda para las búsquedas en terreno —unos jeans holgados, una camisa de cuadros—, la mujer recalca que está segura de que su hijo de 18 años fue engañado y reclutado por el crimen organizado. Cuenta que, al poco tiempo de iniciar su búsqueda en septiembre pasado, recibió primero mensajes por redes sociales para que dejara de hacer viral el caso en medios. Luego, los mensajes pasaron a ser amenazas de muerte. Y poco después, recibió una golpiza cuando salía de misa para orar por la pronta localización de Sebastián. 

—Mientras me pateaban me dijeron: ‘tercera y última llamada’. Deja de buscarlo. 

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Si su hijo se hubiera ido por voluntad propia, argumenta a continuación, no tendrían sentido las amenazas ni la golpiza. Alguien no quiere que lo busque. 

—A mi hijo lo reclutó el narco —insiste. 

A pesar de la agresión, Beatriz continuó buscando a Sebastián; un joven de 1.80, espigado, estudiante de cocina, que llevaba un año trabajando como mesero en un restaurante en Querétaro. En esa ciudad conoció a una persona que se ganó su amistad. Esa persona, a la que nadie en la familia ni en su círculo cercano conocía, le ofreció trabajo, pero tenía que trasladarse hasta Guadalajara. 

—La noche previa me dijo: ‘mamá, te tengo una sorpresa’. Le pregunté de qué se trataba, pero solo me respondió: ‘mañana te digo’. Esa noche, quizá por la intuición de madre que presiente que algo no está bien, no pude dormir nada. 

Al parecer, la sorpresa era que le habían ofrecido acudir a una entrevista en Zapopan, en la zona conurbada con la capital jalisciense, para trabajar en un restaurante con mucha mejor paga. El desconocido, incluso, le habría comprado el boleto de autobús para trasladarse a la central de autobuses de Tlaquepaque. 

Por alguna razón, Sebastián no usó el boleto de autobús, sino que viajó por medio de la app Blablacar, en la que compartió vehículo con otras personas. Llegó temprano. Ahí tenía que tomar un Uber que la persona desconocida le enviaría. Pero antes llamó a su madre por última vez. 

—Me llamó a las 8:45 de la mañana del 4 de septiembre de 2025. Me dijo: ‘mamá, estoy en la central de Tlaquepaque, en Jalisco’. Yo lo noté nervioso y le pedí que buscara ayuda, que se acercara a la Guardia Nacional. Pero él me respondió que no, que ya iba a llegar el Uber que lo llevaría a Zapopan, donde sería la supuesta entrevista. Empecé a gritar, muy preocupada y él sólo me dijo que lo sentía, que iba a una entrevista y que saliendo me marcaba. Pero ya no supimos de él. 

Meses después,  en marzo de este año, Sebastián reapareció con vida: fue localizado en una cárcel, acusado de delincuencia organizada, aunque su madre sostiene que no se trata de un criminal, sino de otro joven que fue engañado y forzado a integrarse a un grupo delictivo.

Pasó medio año desde que a Sebastián se le perdió la pista rumbo a Zapopan. Un tiempo en el que Beatriz cambió radicalmente su vida. Dejó el municipio veracruzano donde vivía para trasladarse a Jalisco e iniciar las búsquedas en ese y otros estados, como Zacatecas.

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En ese tiempo —asegura sentada en la banca— ha visto decenas, cientos de casos de jóvenes desaparecidos como su hijo. Es imposible saber si todos los desaparecidos son reclutados a la fuerza, con engaños o de manera voluntaria. Sin embargo, casos recientes como el del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron hallados cientos de pares de tenis, dan cuenta de que grupos criminales mantienen centros de reclutamiento para adiestrar a jóvenes en el uso de armas y también para desaparecer personas. 

—El reclutamiento está a todo lo que da. Todos los días veo reportes de jóvenes desaparecidos… 10, 20, 30 diarios… Son demasiados. 

—En el caso de mi hijo, aunque a él no lo contactaron por Tik Tok o videojuegos, uno de esos reclutadores se le acercó y lo engañó ofreciéndole un trabajo mejor pagado. 

La mujer hace una pausa y respira hondo. En sus ojos negros se dibuja ahora una sonrisa frágil, al borde de las lágrimas. 

—Así es como el crimen los convence: les pintan una vida mejor, una vida fácil y bonita. Pero los muchachos no saben que detrás de esa promesa siempre hay un engaño. Un infierno. 

Más denuncias, más casos sin resolver, más jóvenes muertos

La historia de Sebastián —como la del joven asesinado Alexander que se detalla en la entrega anterior— no es un episodio aislado. Es, en realidad, una pieza más dentro de un fenómeno que, lejos de contenerse, se ha ido expandiendo en los últimos años: la desaparición sistemática en México. 

Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), recabadas y analizadas por Animal Político, muestran que el grupo de 19 a 29 años se consolidó, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el más afectado por este delito. 

Entre 2019 y 2024 se registraron 46 mil 660 denuncias por desaparición de jóvenes en ese rango de edad, con un promedio superior a 7 mil 700 casos anuales. De ese total, 18 mil 381 expedientes permanecen vigentes, es decir, jóvenes cuya localización sigue siendo desconocida. Otros 3 mil 152 fueron encontrados, pero sin vida. 

La comparación directa entre 2018 y 2024 permite dimensionar la magnitud del problema. En 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, se reportaron 5 mil 069 desapariciones de jóvenes. Para 2024, la cifra había escalado hasta 9 mil 502 denuncias: 4 mil 433 casos más, un incremento de hasta un 87 %. 

El deterioro también es visible en los expedientes sin resolver. En 2018 se registraron 2 mil 413 desapariciones vigentes, frente a las 4 mil 016 acumuladas en 2024, un aumento del 66 %. Mientras que los jóvenes localizados sin vida pasaron de 346 a 509, un 47 % al alza. Es decir, no sólo desaparecen más jóvenes, sino que también creció el número de quienes son hallados muertos.

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Con el cambio de gobierno, la tendencia no mejoró. En 2025 —el primer año completo de Claudia Sheinbaum— se registraron 9 mil 896 denuncias por desaparición de jóvenes, casi 400 más que en 2024. También aumentaron los casos vigentes: 4 mil 346 expedientes, equivalentes al 44 % del total y un 41 % por encima del primer año del sexenio de López Obrador. Los jóvenes localizados sin vida descendieron ligeramente: 487 frente a los 509 de 2024. 

Las cinco entidades con más desapariciones de jóvenes de entre 18 y 29 años en el sexenio pasado fueron Estado de México (5 mil 777 casos), Nuevo León (4 mil 492), Jalisco (4 mil 274), Ciudad de México (2 mil 906) y Veracruz (2 mil 573). 

En cuanto a jóvenes localizados sin vida, Jalisco ocupa el primer lugar con 383 víctimas. Le siguen el Estado de México (330) y Nuevo León (317). El mayor número de víctimas localizadas muertas tenía 25 años (303 casos). 

Jalisco es, además, el estado con más jóvenes que siguen desaparecidos: 2 mil 389 expedientes vigentes acumulados en el sexenio de López Obrador. 

 

 

Denuncias por niños desaparecidos aumentan 103%

Pero la estadística no se limita a la juventud.

Las cifras del RNPDNO muestran que la desaparición de personas menores de edad también se ha consolidado como un fenómeno persistente. No se trata únicamente de adolescentes cercanos a los 18 años, sino de niños y niñas cuya ausencia comienza a formar parte de la cotidianidad estadística del país.

Durante el sexenio de López Obrador se registraron 47 mil 745 denuncias por desaparición de personas de entre 0 y 17 años. Esto equivale a un promedio anual cercano a 7 mil 960 casos, ligeramente superior al observado en el grupo de jóvenes.

De ese universo, 8 mil 044 expedientes permanecen vigentes (el 17% del total), mientras que 443 niñas, niños y adolescentes fueron localizados sin vida.

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La comparación entre 2018 y 2024 vuelve a mostrar un agravamiento. Las denuncias por desaparición de menores pasaron de 5 mil 149 casos a 10 mil 463, un 103% al alza para el final del sexenio pasado. 

Elizabeth García, que busca a su hermano Jorge Alberto García González —que tenía 29 años al momento de desaparecer en marzo de 2022 en La Barca, en la frontera entre Jalisco y Michoacán— corrobora sobre el terreno ese agravamiento. 

—La situación ha empeorado en los últimos años. Ya no desaparecen sólo jóvenes de 30 o 20 años. Ya se ven muchos casos de niños de 13 y 14 años. Hay muchos levantones y desapariciones de jóvenes y jovencitas sólo porque andan en la calle de madrugada, en restaurantes, bares o en eventos. Es una gran impotencia.

 

 

Desapariciones sin resolver de niños se multiplicaron por tres

En cuanto a los casos sin resolver, se pasó de 666 expedientes en 2018 a 2 mil 250 en 2024, un aumento del 237 %. En términos prácticos, los expedientes abiertos se multiplicaron por tres en apenas seis años, un indicador que no sólo refleja el volumen del fenómeno, sino también una pérdida sostenida en la capacidad institucional de localización. Los niños, niñas y adolescentes localizados sin vida también aumentaron: de 59 en 2018 a 84 en 2024.

El Estado de México, con 10 mil 195 denuncias en el sexenio pasado, concentra el mayor número de desapariciones de personas menores de edad. Le siguen Nuevo León (5 mil 130); y Ciudad de México (4 mil 047). 

En cuanto a los localizados sin vida, el Estado de México también ocupa el primer lugar (58 casos), seguido de Jalisco (44), Nuevo León (41) y Zacatecas (40). La mayoría de las víctimas tenía entre 16 años (110) y 17 (135). 

Respecto a las desapariciones sin resolver, el Estado de México concentra 1 mil 802 expedientes (18 % del total), seguido de Ciudad de México (902) y Nuevo León (521). 

Lejos de revertirse, la tendencia tampoco mostró una mejoría en 2025. Durante el primer año de Sheinbaum se registraron 10 mil 761 desapariciones de personas menores de edad, superando incluso el máximo alcanzado en 2024, y superando en un 54 % el dato del primer año de López Obrador. De esos casos, 2 mil 713 permanecen vigentes —un 202 % más que el dato del primer año de Obrador— y 78 menores fueron localizados sin vida. 

En términos estadísticos, las desapariciones totales y los expedientes sin localizar alcanzaron nuevos máximos en la nueva administración, consolidando un patrón que atraviesa gobiernos y que mantiene estable, en su gravedad, la crisis de niños y jóvenes desaparecidos en México.

El algoritmo del narco

La desaparición ya no responde únicamente a las dinámicas tradicionales de violencia. A la par del tristemente clásico ‘levantón’, emboscadas o reclutamientos forzados en comunidades rurales, está emergiendo con fuerza otra modalidad mucho más silenciosa y difícil de rastrear: el reclutamiento digital. 

Redes sociales como Tik Tok —que es la de mayor penetración entre jóvenes mexicanos—, plataformas de mensajería y videojuegos en línea se han convertido en nuevos espacios de contacto donde los cárteles han visto un terreno fértil. 

Testimonios recabados por Animal Político y por colectivos de búsqueda muestran que los cárteles aprendieron a operar dentro de la lógica de los algoritmos. Alejandra Arias, investigadora colaboradora del Seminario sobre Violencia y Paz, explica que los grupos delictivos utilizan perfiles falsos, ofertas laborales engañosas, promesas de ingreso rápido o incluso narrativas aspiracionales construidas con hashtags, música y lenguaje juvenil. 

En estos entornos, plantea la investigadora, el primer contacto no es amenazante, sino que se presenta como una “oportunidad”, una invitación o una propuesta difícil de rechazar para jóvenes en contexto de precariedad o vulnerabilidad, como el caso del joven Sebastián con el que inició esta tercera entrega. 

Sin embargo, como planteaba Beatriz Uscanga, la mamá de Sebastián, en el trasfondo de esos nuevos métodos digitales para ‘enganchar’ a niños y jóvenes’, hay centros de reclutamiento donde la juventud queda atrapada en dinámicas de violencia y desaparición mucho antes de integrarse a crimen organizado.

Las historias, los datos y los patrones estadísticos terminan por desembocar en una exigencia recurrente entre las familias: el castigo a quienes reclutan. Issis Bautista Cortés, la mamá de Alexander Ramírez Ortiz —el adolescente de 16 años asesinado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por jóvenes de casi su misma edad y cuyo caso fue expuesto en la segunda entrega de este especial—, lo plantea sin rodeos.

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—Me gustaría que las leyes castigaran con penas máximas a quienes reclutan a menores y a jóvenes para delinquir. Debería estar considerado como un crimen de Estado. Porque nos parten el alma —dice. Hace una pausa breve, apenas suficiente para contener la voz—. Una mamá que pierde así a su hijo… es una mamá muerta, sin futuro. Nuestro corazón se murió con nuestro hijo.

Para ella, buena parte del problema está en la laxitud de las sanciones, pues esto termina operando como incentivo perverso dentro de las dinámicas criminales.

—Esa gente de los cárteles sabe que son menores, que las leyes no son tan duras y que pueden salir pronto. Por eso se les hace fácil pagarles algo de dinero, ofrecerles un trabajo o cualquier cosa y utilizarlos. Tenemos que proteger a nuestros niños y a nuestra juventud.

La lectura estructural coincide con lo que advierten especialistas en derechos de la infancia. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, sitúa el fenómeno dentro de una lógica más amplia y persistente.

—Seguimos teniendo una guerra. Y la guerra necesita soldados —resume—. Los grupos criminales acuden al reclutamiento de niños y jóvenes porque el negocio de la violencia requiere reemplazos constantes.

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Pero más allá del diagnóstico, el activista apunta a lo que considera el núcleo del problema institucional: la ausencia de una tipificación clara del reclutamiento.

—No hay una tipificación del reclutamiento como delito. Ahí está el caso del rancho Izaguirre. Hubo detenciones, sí, pero por otros delitos, no por reclutamiento. Mientras no tengamos ese delito reconocido, estaremos literalmente siendo cómplices como Estado.

La omisión, sostiene, no es reciente ni atribuible a una sola administración.

—Ya pasó el PRI, el PAN, y ahora estamos en gobiernos de Morena. Nadie ha decidido tipificar el reclutamiento. Persiste una lógica muy peligrosa: si no reconozco el problema, si no hay datos oficiales para medirlo, entonces el problema no existe. Y si no existe, no tengo que destinar recursos ni rendir cuentas.

En ese vacío legal —advierte— se consolida una dinámica que termina normalizando la violencia sobre la juventud.

—Mientras sucede esta omisión del Estado, estamos sacrificando a nuestros niños y jóvenes ante el crimen organizado.