¿Quién armó a ese adolescente?

En México, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado se ha convertido en un fenómeno social instalado en la vida cotidiana. Las noticias que leemos o escuchamos sobre delitos cometidos a manos de menores de edad han dejado de ser episodios aislados y se han convertido en ejemplificaciones de una persistente. Hoy no podemos pensar que reclutar es solo “levantar”; es seducir, disciplinar, endeudar, amenazar y convertir el miedo y la necesidad en un sistema de pertenencia. Todo eso, en un país donde la violencia no siempre estalla de forma visible, sino que se asienta, se normaliza y termina por moldear aspiraciones, expectativas y límites. De esa forma, entender el reclutamiento exige mirar más allá del acto delictivo y adentrarse en las condiciones que lo hacen posible.

Ante este fenómeno suele surgir la siguiente pregunta: ¿por qué habría niñas, niños y adolescentes queriendo arriesgar su vida dentro de un cártel? Para responderla es necesario observar la infancia que se vive en nuestro país. En 2022, cifras del CONEVAL mostraron que 45.8 % de las niñas, niños y adolescentes en México vivían en pobreza, y ese mismo año el INEGI reportó que 3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años realizaban trabajos prohibidos o peligrosos para su desarrollo. A ello se suma que en 2025 el INEGI reportó que 34.3 % de la población ocupada se encontraba en pobreza laboral, lo que se traduce en personas proveedoras que no logran cubrir la canasta alimentaria básica con su trabajo. Estas cifras no solo describen carencias económicas, sino contextos donde las oportunidades reales son escasas y la cohesión familiar puede verse obstaculizada ante la prioridad de supervivencia. En ese escenario, la oferta criminal no aparece como una locura inexplicable, sino como una alternativa que compite con opciones profundamente limitadas.

Más allá del componente económico y social, el momento del desarrollo cognitivo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes resulta determinante para comprender el reclutamiento. Durante esta etapa atraviesan procesos intensos de construcción de identidad, búsqueda de reconocimiento y necesidad de pertenencia, mientras que la valoración de riesgos y consecuencias aún no es una habilidad plenamente consolidada. Cuando a esa condición evolutiva se suman estrategias de captación basadas en manipulación, engaño, promesas de protección o amenazas directas, la aparente “decisión” pierde buena parte de su autonomía. En ese contexto, los grupos delictivos ofrecen ingreso inmediato, estatus, protección y un espacio donde son vistos y reconocidos, justo allí donde la escuela, la comunidad o incluso el entorno familiar no logran brindar certezas. Así, la integración a las filas del crimen no puede entenderse como una elección libre e informada, sino como el resultado de la convergencia entre vulnerabilidad estructural y captación estratégica.

Sin embargo, aun cuando la incorporación esté marcada por vulnerabilidad y coerción, las consecuencias que siguen a esa decisión son profundamente dolorosas y, en muchos casos, irreversibles. Una vez dentro, el impacto es devastador, y no solo porque la esperanza de vida suele reducirse drásticamente en un entorno atravesado por disputas territoriales, tareas de alto riesgo y una lógica de reemplazo constante, sino por el proceso interno al que son sometidos. El proceso mismo de permanencia implica adiestramiento sistemático y deshumanización: aislamiento progresivo, ruptura de vínculos familiares, exposición continua a la violencia y normalización del daño como forma de supervivencia. A través de ese entrenamiento se moldea la identidad en función de la utilidad para la organización, se inhibe la empatía y se aprende a obedecer sin cuestionar, generando heridas psíquicas profundas asociadas a trauma complejo. La paradoja es cruel: quienes son reclutados pueden experimentar una sensación inicial de respaldo y reconocimiento, al mismo tiempo que se les arrebata la infancia y la posibilidad de construir una identidad propia fuera de la lógica criminal. Así, lo que parece una elección atrevida es el resultado de un proceso sistemático que convierte a niñas, niños y adolescentes en piezas fundamentales de una economía criminal que se sostiene sobre su vulnerabilidad.

Frente a esta complejidad, la reacción social suele reducirse a la indignación y criminalización automática. Se les señala como si hubieran actuado con plena información y libertad, sin considerar la violencia estructural, emocional y física que media su incorporación e incrementa después de la misma. No podemos seguir entendiendo la comisión de delitos por parte de infancias y adolescencias como una desviación individual. Al preguntarnos ¿quién armó a ese adolescente?, la respuesta no puede buscarse únicamente en una estructura criminal, también debe mirarnos de frente como sociedad. Lo armó un entorno desigual que normalizó la violencia, un Estado que no garantizó oportunidades ni protección a tiempo, comunidades fragmentadas que no lograron sostener redes de protección y una indiferencia colectiva que no quiso ver los signos de alerta. Pero, lamentablemente, no solo fallamos antes de que fuera reclutado; seguimos fallando cuando no nombramos, no prevenimos y no actuamos frente a la captura sistemática de vidas en formación.

Ahora, si ese es el diagnóstico, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué hay que hacer ante la situación? Hoy el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado no está tipificado como delito autónomo. En la práctica, las autoridades recurren a figuras como corrupción de menores o trata de personas, pero ninguna de ellas logra captar la complejidad del fenómeno. Ello da como consecuencia la posible sanción del delito visible, pero sin que este sea correctamente nombrado, investigado ni abordado de manera integral.

La falta de tipificación tiene consecuencias concretas. Si el reclutamiento no existe como tipo penal este no se mide como tal, no genera estadísticas diferenciadas y no activa protocolos especializados para frenar la captación. Y, más grave aún, quienes fueron reclutados quedan atrapados en una narrativa que los coloca exclusivamente como delincuentes, sin que se reconozca su cáracter de víctima en la previa captación y utilización.

Por ello, exigir la tipificación del reclutamiento responde a una necesidad impostergable que no nace de un deseo punitivo, sino de la urgencia de nombrar la conducta, de trasladar la responsabilidad hacia quienes se benefician de la captación, de otorgar a niñas, niños y adolescentes el estatus de víctimas de una forma particular de violencia y de construir respuestas institucionales coherentes y acordes a esa realidad. En un país donde la violencia corre el riesgo de confundirse con el paisaje cotidiano, las palabras importan. Tipificar el reclutamiento es, en ese sentido, el primer paso para parar el fenómeno.

* Sofía Martínez Paz es abogada e internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), especializada en derechos humanos, perspectiva de género, niñez, igualdad y no discriminación. Directora de Incidencia y Políticas Públicas en Reinserta.