Jorge Avila · 14 de abril de 2026
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha sido la gran ausente en la discusión sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuyo análisis fue presentado el pasado 27 de marzo en la conferencia matutina. Aunque asistió Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la CNB, la presentación corrió a cargo de Marcela Figueroa Blanco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Junto a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOB, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fueron las únicas autoridades que discutieron el análisis del Registro.
Esto llama mi atención por dos cuestiones, la primera de índole legal. El artículo 104 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda establece que el Registro es responsabilidad de la CNB. El artículo 50 dice que la CNB es un órgano desconcentrado de la SEGOB, quien asignó su supervisión a la subsecretaría de Derechos Humanos. Si esa es la responsabilidad legal, ¿por qué la presidenta decidió que el Secretariado Ejecutivo hiciera el análisis y la presentación? El Secretariado responde directamente a la presidenta, con base en el artículo 46 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La segunda cuestión es política y es la más preocupante porque refleja las dinámicas y relaciones al interior del gabinete. Martha Lidia Pérez Gumercindo sólo ha dado una declaración tras la presentación del Registro y lavarse las manos de los resultados presentados, mientras no tenemos un documento público para consulta. En cambio, Marcela Figueroa dio la nota nuevamente al participar en un evento organizado por Lab-Co en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Carlos Pérez Ricart, académico de la institución, es parte del consejo asesor de ese laboratorio de políticas públicas enfocadas en seguridad pública.
El evento no apareció en la agenda pública del CIDE, no fue transmitido por sus medios digitales y no participaron colectivos de búsqueda, pero la titular del Secretariado Ejecutivo (sin Martha Lidia Pérez Gumercindo) “dialogó” con académicos y organizaciones, sin que sepamos al momento quiénes fueron invitados y por qué. La mención de Pérez Ricart no es gratuita: fue parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre Violaciones a Derechos Humanos de 1965 a 1990 y quiero suponer que por ello sabe la importancia de que estas discusiones sean públicas. Si utilizó su posición como profesor investigador del CIDE para organizar este evento en una institución del Estado, ¿por qué no promovió también su transmisión o difusión por los canales institucionales, si es un asunto de interés público? Un diálogo que, insisto, se llevó a cabo sin las víctimas y los colectivos de búsqueda, sin darles la cara.
El protagonismo de Marcela Figueroa es inapropiado porque deja fuera a la CNB. ¿Por qué excluyen a esta comisión de un trabajo que por ley le corresponde: para promoverla a ella o esconder a Martha Lidia del escrutinio? El manejo y administración del Registro es su responsabilidad, no del Secretariado Ejecutivo que, nuevamente, responde a la Presidenta. ¿Por qué interfiere Claudia Sheinbaum en un tema tan delicado que requiere de una visión de Estado, y no sólo de intereses partidistas? Entiendo que Marcela Figueroa sea de “confianza” para la Presidenta, pero eso no justifica que excluya a la CNB que, formalmente, también es espacio de los colectivos de búsqueda. Al hacerlo, desaparece a la CNB como apoyo para las víctimas, antes que fortalecerla para que cumpla su trabajo.