Ayotzinapa, 12 años: FGR y Segob presentan avances de investigación sobre funerarias y teléfonos
Alfredo Maza · 29 de septiembre de 2026
A 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron avances en el caso Iguala. La actual investigación se centra en el papel que pudieron tener en esta trama dueños de una funeraria en Iguala y en el análisis técnico de las líneas telefónicas de los normalistas.
Las recientes actuaciones judiciales derivaron en la emisión de siete órdenes de aprehensión en junio de 2026 contra integrantes de la familia Rueda Mazón, propietarios de la funeraria El Ángel y concesionarios del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, y diversos exservidores públicos del sector salud y de la administración municipal por los delitos de desaparición forzada y ejercicio ilícito del servicio público; así como la identificación de 17 nuevos sujetos de investigación derivado del reanálisis de las llamadas telefónicas.
De acuerdo con las autoridades, esta nueva etapa se sustenta en herramientas tecnológicas y en un avance del 90 % en la digitalización de aproximadamente 5 millones de fojas del expediente distribuidas en 3 mil tomos. Con base en esta documentación, el Gobierno federal fijó cinco compromisos prioritarios para el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, al contrastar las constancias acumuladas en el expediente del caso Ayotzinapa, se observa que las autoridades actuales han avanzado principalmente en indagatorias que quedaron rezagadas o inconclusas desde administraciones anteriores, líneas de investigación que el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió investigar desde el 2015.
Incluso, pese a registrarse 145 personas procesadas al cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador —entre ellos 37 integrantes de Guerreros Unidos, 84 policías, 16 militares, cinco exfuncionarios de la PGR, un exalcalde y un marino— y realizar búsquedas en mil 28 sitios de 36 localidades en Guerrero, las autoridades siguen sin determinar el paradero de los estudiantes.
Además, durante la presentación de los avances, la FGR y la Segob acotaron el origen del ataque a la colusión entre autoridades municipales, concesionarios funerarios y el grupo delictivo Guerreros Unidos, dejando de lado la principal queja de las familias de las víctimas, el Centro Prodh y tribunales colegiados que sostienen que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene más de 800 documentos con información pendiente de entregar.
Funerarias y Semefo: reevaluación de indicios en Iguala
En la presentación del informe, Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, expuso que una línea prioritaria se enfoca en las irregularidades del Servicio Médico Forense (Semefo) y de funerarias privadas en Iguala.
“Un dato muy importante para la investigación es que Rodolfo N. y su familia, que son propietarios de las funerarias investigadas y aseguradas, también son concesionarios del Servicio Médico Forense (Semefo de Guerrero), que es la institución que certifica las causas de muerte y da las autorizaciones para sepultar o incinerar a un cuerpo. Además, esta persona y su familia tenían una participación directa en la administración del panteón”, señaló.
De acuerdo con el fiscal, estas actuaciones judiciales de la FGR permitieron obtener órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada contra Rodolfo N., su hijo Rodolfo N., y Helen N., así como contra exservidores públicos del sector salud y de la administración municipal de Iguala.
Entre los procesados se encuentran César Manuel N., director de Servicios Médicos Forenses de Guerrero; Ben N., exsecretario de Salud de Iguala, y Julio César N, médico legista municipal.
Durante los cateos a la Funeraria El Ángel en octubre de 2025, también se aseguraron certificados de defunción firmados y sellados en blanco. Posteriormente, en marzo de 2026, se hallaron restos óseos enterrados en la parte trasera del recinto forense, que permanecen aún sin identificar.
Sin embargo, los antecedentes documentales del caso confirman que las referencias sobre el uso de incineradores y funerarias figuraban en el expediente desde años anteriores.
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En el Primer Informe del GIEI de septiembre de 2015, el mecanismo internacional emitió la Recomendación 14, solicitando formalmente a las autoridades mexicanas: “investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula e incluso clandestinas, u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos”.
Rastreo de líneas telefónicas de los normalistas y recomendaciones del GIEI
De igual forma, la última recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los reportes de la Comisión para la Verdad (CoVAJ) señalan que los testimonios de los testigos protegidos “Neto” y “Juan” —rendidos entre 2020 y 2021— identificaron el traslado de cuerpos a la Funeraria Urióstegui, al crematorio Los Verdes y al Semefo operado por la Funeraria El Ángel.
Durante el informe, la FGR comunicó el procesamiento técnico de más de 80 mil registros telefónicos de 2014 y 2015. Se confirmó que varios celulares de los normalistas registraron actividad con posterioridad a las agresiones.
Entre los hallazgos destaca el caso del estudiante Julio César Mondragón Fontes. La FGR determinó que el 4 de octubre de 2014 su teléfono fue operado por Rodolfo N., dueño de la Funeraria El Ángel y concesionario del Semefo, dato que fundamentó el cateo de 2025.
Asimismo, el rastreo identificó el uso posterior de teléfonos de otros normalistas por parte de un policía municipal de Iguala, la esposa de un exfuncionario de la Barandilla municipal y Mauro N., exservidor público contra quien se libró orden de aprehensión el 25 de agosto de 2026.
Sin embargo, de la revisión de los informes del GIEI también se evidencia que la solicitud de procesar de manera integral y no fragmentada la telefonía celular de las víctimas y de los perpetradores fue formulada por los expertos independientes desde marzo de 2015.
En su segundo informe del Caso Ayotzinapa, publicado en abril de 2016, el GIEI asentó que una de sus primeras peticiones realizadas al llegar a México en marzo de 2015 fue la revisión exhaustiva de la telefonía.
“El análisis de las llamadas, en términos de lugares, antenas, comunicaciones de los estudiantes o de los inculpados, fue considerado por el GIEI como un elemento central para determinar tanto posibles lugares donde podrían haber sido llevados los estudiantes, como para establecer relaciones entre perpetradores”, señaló el grupo de expertos independientes.
En dicho documento de 2016, el GIEI analizó los registros de 19 estudiantes que portaban teléfono celular la noche de las agresiones y documentó que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) omitió realizar las diligencias necesarias para identificar a los usuarios que operaron los aparatos tras la desaparición de los jóvenes.
Al ser cuestionado por miembros de la prensa sobre por qué estas líneas no se agotaron en sexenios pasados, el fiscal a cargo de las investigaciones en la FGR se limitó a decir que “en esta administración creo que fuimos un poquito más a fondo”.
Mientras que, sobre posibles investigaciones contra los exfiscales especiales del caso, Omar Gómez Trejo y Rosendo Piedra Gómez, el fiscal Pazarán aseguró que será el Órgano Interno de Control de la FGR el que determine la situación legal a seguir en ambos casos.
Redes de corrupción local vs. implicaciones institucionales federales
En su informe oficial, la Segob y la FGR centraron el origen de los ataques en la existencia de un esquema delictivo asentado en las estructuras municipales y estatales de Guerrero.
Así, en el ámbito estatal resaltaron nuevas detenciones como la de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero; Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, así como diversos policías municipales y exservidores públicos ligados con integrantes de la delincuencia organizada.
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En contraste, en el ámbito federal, las autoridades se limitaron a mencionar actuaciones del sexenio anterior, destacando el procesamiento de cinco exservidores de la PGR —como Jesús Murillo Karam y Gualberto N.— y de 16 elementos de la Sedena por conductas individuales.
En contraste, informes del GIEI, la Recomendación 15VG/2018 de la CNDH y la CoVAJ sostienen que instituciones como el 27.º Batallón de Infantería, la Policía Federal y el C-4 de Iguala monitorearon los hechos en tiempo real sin intervenir. Este monitoreo no se detalló en la nueva presentación, pese a la reciente aprehensión del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
Respecto a los pendientes centrales, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Prodh, señaló que uno de los puntos clave es la entrega de 853 folios de inteligencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), respaldados por un amparo judicial emitido en febrero de 2026.
Asimismo, las familias de los 43 normalistas exigen agilizar las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio (ubicado en Israel), así como de José Ulises N. y Abraham N. (radicados en Estados Unidos), además de señalar la falta de un mecanismo independiente de supervisión tras la salida del GIEI.
Sobre los archivos militares, el Gobierno federal se limitó a decir que la Sedena concluyó no haber encontrado información adicional a la entregada previamente y que las solicitudes de extradición e intervención internacional siguen en trámite.