Caso Ayotzinapa: procesan a Ángel Aguirre, pero aún faltan los 43

A más de una década de la trágica noche de Iguala, la vinculación a proceso del exgobernador Ángel Aguirre Rivero marca un avance judicial relevante, pero mantiene intacta la mayor deuda del Estado mexicano: revelar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pese a las detenciones de altos funcionarios, las familias enfrentan un muro de opacidad que prolonga la falta de justicia y verdad sobre el crimen de Estado.

 Aguirre Rivero enfrenta un proceso por desaparición forzada, acusado de ordenar el ocultamiento y la destrucción de videos clave de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.

A la par de la reconstrucción judicial sobre la cadena de mando, la investigación forense sobre Ayotzinapa incorporó una nueva línea: la Fiscalía General de la República (FGR) reevalúa los fragmentos óseos que forman parte del expediente y realiza pesquisas sobre la posible incineración de cuerpos en funerarias y crematorios privados de la región.

En medio de este escenario —marcado por debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y constantes filtraciones periodísticas—, las madres y los padres de los 43 normalistas se mantienen firmes en su exigencia: certeza científica en los peritajes, justicia efectiva y conocer el paradero de sus hijos.

El gobierno federal presentará en estos días un nuevo informe sobre el caso. “No se encubre a nadie, pero tampoco se toma en cuenta libros de ficción”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de la semana, descartando que se esté dando protección al Ejército.

La detención del exgobernador Ángel Aguirre 

El pasado 6 de agosto, fuerzas federales aprehendieron en el Estado de México a Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero. Se le imputan los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia por hechos relacionados con el Caso Ayotzinapa.

Aguirre Rivero se convirtió en uno de los exfuncionarios de más alto rango procesados judicialmente por los hechos de Iguala; el otro es Jesús Murillo Karam, extitular de la ya desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, el mandato judicial contra Aguirre Rivero derivó del reanálisis de pruebas elaborado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

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El “trabajo de análisis acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación de Ángel N., exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes […] El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, afirmó la fiscal general.

La audiencia inicial contra el exgobernador tuvo lugar ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. La audiencia se extendió por casi 14 horas y en ella 13 madres y padres de los estudiantes fueron reconocidos como víctimas indirectas.

Durante la diligencia, Aguirre Rivero declaró ante las familias que desconoce el paradero de los 43 normalistas e intentó deslindar responsabilidades al señalar que previo a la desaparición realizó gestiones con el gobierno federal.

“En una reunión en Palacio Nacional le pedimos al entonces procurador Jesús Murillo Karam detener a (José Luis) Abarca (alcalde de Iguala), pero me dijo que tendría una cirugía, por lo que asignaría a alguien para darle seguimiento al tema, cosa que nunca hizo”, sostuvo el exmandatario.

El 12 de agosto de 2026 el juez Mario Elizondo dictó auto de vinculación a proceso contra Ángel Aguirre por el delito de desaparición forzada cometido por servidores públicos. Asimismo, le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde desde entonces está recluido.

En la resolución, el juez precisó que ordenar la destrucción u ocultamiento de material probatorio para impedir la localización de personas desaparecidas encuadra jurídicamente en el delito de desaparición forzada.

Los primeros 10 días que siguieron a la desaparición “fueron esenciales para la búsqueda de los estudiantes […] En la última reunión que tuvieron con el fiscal especial y con la presidenta las familias han sido muy claras en solicitar que se fortalezca la investigación complementaria, afirmó María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la organización que representa legalmente a las familias, en entrevista con Animal Político.

“A juicio del juez, la información que se vertió en la audiencia inicial fue suficiente para dictar la vinculación, pero en los siguientes momentos o etapas procesales se requerirá de mayores pruebas; sobre todo, se tiene que alcanzar un estándar mucho más alto para poder llegar al juicio”, añadió. 

Destrucción de videos del Palacio de Justicia de Iguala y testimonios del gabinete

La hipótesis principal de la FGR señala que Aguirre Rivero ordenó sustraer y destruir el disco compacto con las filmaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, grabadas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Los videos registraron el momento en que policías interceptaron el autobús Estrella de Oro 1531, en el que se trasladaba un grupo de normalistas de Ayotzinapa.

Según el expediente judicial al que tuvo acceso Animal Político, los señalamientos contra el exgobernador se sustentan en las declaraciones ministeriales de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Consejo de la Judicatura estatal, y Lambertina Galeana Marín, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

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Tras confirmarse la vinculación a proceso de Aguirre Rivero, el Centro Prodh subrayó que representa una oportunidad para saldar la deuda de justicia con las familias de los 43 normalistas, siempre que se desarrolle con estricto apego a derecho. María Luisa Aguilar remarcó la importancia de apuntalar la acusación de la FGR con peritajes y pruebas tecnológicas objetivas, evitando depender de testimonios cambiantes.

“A 12 años de los hechos, en el contexto de un caso en el que las y los testigos han dado múltiples versiones de lo que sucedió, ordenar los testimonios de funcionarios públicos de ese nivel o de otros funcionarios difícilmente nos va a llevar a conocer más de los hechos porque ya han dado declaraciones a lo largo de todos estos años […] Si se insiste desde la FGR y desde la propia presidencia en que la investigación se está llevando a cabo con una visión más de pruebas objetivas y del uso de tecnologías, pues que dé resultados en ese contexto”, añadió.

Controversia en la Suprema Corte: el debate sobre la Comisión de la Verdad

A la par de los procesos penales, el 7 de julio de 2026 el Pleno de la SCJN resolvió por unanimidad ejercer su facultad de atracción en la solicitud 331/2026, presentada por la Consejería Jurídica de la presidencia de la República.

La decisión de la SCJN tiene como objetivo analizar los “recursos de revisión extraordinarios” 318/2018, 313/2018, 314/2018 y 317/2018, promovidos originalmente durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y mantenidos en los gobiernos posteriores. 

Dichos recursos impugnan la histórica sentencia emitida el 31 de mayo de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito (en los amparos en revisión 203/2017 y otros), la cual concluyó que la investigación de la “verdad histórica” estuvo viciada por tortura e irregularidades y ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el Caso Iguala.

El punto central que analizará la SCJN consiste en determinar si en un juicio de amparo un tribunal colegiado tiene la atribución constitucional de ordenar la creación de un mecanismo extraordinario de investigación con participación de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), o si ello vulnera el principio de división de poderes y las facultades exclusivas de investigación del Ministerio Público.

La atracción de la SCJN generó el rechazo conjunto del Centro Prodh, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Fundar y Serapaz, organizaciones acompañantes de las familias de los normalistas desaparecidos. 

En un comunicado de prensa, los organismos civiles advirtieron que la SCJN abrió la puerta para revisar los efectos de una sentencia firme dictada hace ocho años, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica y pone en tensión la figura de cosa juzgada. Además, señalaron que la figura del “recurso de revisión extraordinario” utilizado por el Ejecutivo federal para frenar la comisión no está prevista explícitamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo.

Sobre las implicaciones de esta determinación, durante la entrevista, María Luisa Aguilar Rodríguez hizo énfasis en el precedente adverso que se sienta sobre las resoluciones definitivas.

“Lo que está defendiendo la Consejería Jurídica de la presidenta [Claudia Sheinbaum] son los mismos recursos que se presentaron desde la administración de Peña Nieto […] La gravedad de que la Corte haya aceptado admitir estos recursos extraordinarios, recursos que no están previstos en la Ley de Amparo, es que, tratándose de una sentencia de un tribunal colegiado, esta determinación está poniendo en riesgo principios básicos como el de la seguridad jurídica al abrir una sentencia que debería de ser definitiva”.

Análisis forense de restos óseos: CNDH, pruebas genéticas y la pista de los crematorios

Previo a la aprehensión del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, la CNDH publicó la recomendación REC_208VG-2, orientada a revisar los estudios periciales integrados previamente en el expediente del caso. Durante años, la investigación oficial se concentró en examinar las llamadas “porciones petrosas” —huesos del oído y del cráneo caracterizados por su densidad para preservar ADN en escenarios de alteración térmica extrema.

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Sin embargo, la CNDH hizo público que exámenes genéticos efectuados en marzo de 2024 por la FGR sobre 114 fragmentos óseos confirmaron la inviabilidad de obtener muestras mediante ADN convencional (STR), debido a que las piezas estuvieron expuestas a temperaturas superiores a los 300 °C.

Frente a esta limitación técnica, ahora los peritos enfocan sus análisis en la secuenciación de nueva generación de ADN mitocondrial, un procedimiento especializado que procesa fragmentos genéticos mínimos transmitidos por la línea materna.

En paralelo a las pruebas de laboratorio, las investigaciones descartaron definitivamente la llamada “Verdad Histórica” que pretendía sostener que la totalidad de los estudiantes fue incitada y quemada en el basurero de Cocula.

Las líneas de investigación actuales consideran los testimonios de colaboradores protegidos (identificados como “Neto” y “Juan”), quienes refieren que varios normalistas habrían sido trasladados hacia funerarias privadas y crematorios de Iguala. Entre los establecimientos bajo investigación se encuentran la Funeraria Urióstegui, el crematorio “Los Verdes” y las sedes de la Funeraria El Ángel en Iguala, Guerrero.

A partir de estos hallazgos, las autoridades aseguraron las instalaciones de la Funeraria El Ángel y arrestaron a sus dueños, Rodolfo Rueda Mazón y su hijo, tras documentar lazos telefónicos y operativos con líderes del grupo criminal Guerreros Unidos (alias “El Gaby” y “El Chucky”).

A pesar de estos avances, la dirección del Centro Prodh cuestionó los sesgos metodológicos de la recomendación de la CNDH y reafirmó la importancia de contar con el escrutinio de especialistas independientes.

“Fue una recomendación muy lamentable con una perspectiva política que buscaba centrar toda la responsabilidad en el estado y eximir de responsabilidades al Ejército, con poca seriedad sobre la metodología de la investigación en cuanto a poder dar certeza en una investigación tan compleja […] Cualquier información que salga de ahí, las familias han sido muy claras en decir que tiene que ser también cotejada con la capacidad técnica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que son sus peritos en la investigación”, argumentó Aguilar.

Las madres y los padres de los 43 normalistas ante las filtraciones

El 1 de septiembre de 2026, el Comité de Madres y Padres de los 43 Normalistas Desaparecidos desmintió públicamente una versión difundida por el diario La Jornada sobre el supuesto hallazgo de 20 bolsas con restos humanos y un crematorio clandestino en Guerrero. Aseguraron que es “falsa e imprecisa”.

Los familiares aclararon que ni ellos ni su representación legal fueron notificados. Precisaron que en marzo de 2026 se realizó una inspección judicial en la Funeraria El Ángel, en Iguala, donde se aseguró una bolsa fechada en 2014, sobre la cual exigieron formalizar dictámenes científicos junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Al evaluar las constantes filtraciones informativas previas a cada aniversario del Caso Iguala, María Luisa Aguilar advirtió sobre el impacto revictimizante que generan estas campañas irresponsables en las familias de las víctimas.

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“Es una constante que hemos visto durante estos 12 años, casi como un patrón. Cada vez que nos acercamos a un aniversario lo que vemos son filtraciones de información que muchas veces no ha podido ser corroborada en la investigación, que busca implantar narrativas sobre la búsqueda o incluso sobre el paradero de los estudiantes […] Lo que hay detrás es una revictimización a las familias, un actuar que ha sido constante en las diversas instituciones, en las tres administraciones que han pasado, y también una afectación al derecho que tienen ellas y la propia sociedad a la verdad”, denunció. 

Los tres ejes pendientes en la investigación del Caso Ayotzinapa

De cara a que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, María Luisa Aguilar enumera las tres demandas centrales que continúan sin resolverse.

“Hay que reconocer que cambiaron los diálogos de las familias con las instituciones en estos dos años de interlocución con la administración de la presidenta Sheinbaum; es un diálogo más asertivo, con mayor enfoque en su propia investigación y en poder dar información a las familias […] Sin embargo, existen tres grandes pendientes en esta investigación”, expuso la directora del Centro Prodh.

Los tres pendientes clave son: la entrega de los folios del Centro Militar de Inteligencia (CMI) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la extradición desde Israel de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura y alteración de pruebas; y el restablecimiento de un mecanismo internacional e independiente de asistencia técnica para supervisar la investigación.

Son peticiones que las madres y los padres de los 43 normalistas llevan años exigiendo y que podrían ser tomadas en cuenta o ignoradas durante el informe que presentará la administración de Claudia Sheinbaum en los próximos días.