Con información de Alfredo Maza · 25 de septiembre de 2026
Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa informaron que el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibirá a familiares dentro de la sede del máximo tribunal del país.
Aunque al iniciar su mitin, padres y madres de los 43 reprocharon que la SCJN se encuentre cercada y piden a los ministros, y en especial, al presidente Hugo Aguilar Ortiz que reciba a las familias.
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“El PJF también tiene responsabilidad en el caso Ayotzinapa”, aseguran.
Magdalena, madre de Antonio Santana Maestro, indicó que en dicha reunión se tendría que hablar sobre las respuestas del Ejército acerca de la desaparición de los jóvenes.
“Al ejército que es quien cometió este crimen de Estado. No olvidamos que ellos tienen mucho que ver”, comentó.

Además, aseguró que “no esperamos nada del informe”, pero insiste en la entrega de los folios con información que aún falta por ser proporcionada por la Sedena.
El portavoz declaró que “de igual manera también se sabe que 25 muchachos fueron ingresados a las instalaciones del Cuartel Militar que está en Iguala”.
Exigimos que aquí a la presidencia haga su trabajo. Ahorita estamos aquí porque exigimos también una reunión con el presidente de la Suprema Corte”.
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Añadió que la Corte podría resolver el caso y esperan que no se deslinde del caso.
“Le quieren quitar culpa al Ejército y no lo vamos a aceptar como padres y madres. Queremos verdad, queremos justicia y sabemos que ellos son culpables”, señaló.
“Vamos a seguir redundando en esta situación del ejército porque esto no puede quedar impune en lo que tuvieron que ver. Le echan la culpa al crimen organizado”, comentó.
Prosiguió: Entonces no es posible que quieran quitarle la culpa al ejército porque sabemos que fue un crimen de Estado y sabemos que tiene el ejército gran parte de esta responsabilidad. En estos momentos entonces exigimos ya como padres y madres que en estos momentos nos reciba el presidente de la Suprema Corte”.
La jornada inició el pasado 21 de septiembre en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla. Al día siguiente, los contingentes se movilizaron en Chilpancingo y el 23 llevaron a cabo actividades en Iguala.
En la capital del país, su primera parada fue para reclamar una deuda reciente que tienen pendiente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Afuera de las instalaciones del organismo, madres, padres y estudiantes realizaron un mitin y pidieron ser recibidos por la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra.
La protesta se concentró en el contenido de la recomendación 208VG/2026, emitida por la CNDH en julio de este año.

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Para las familias, el documento representa un retroceso y una postura injustificada porque “descarta” la responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición y cuestiona investigaciones realizadas por las y los especialistas internacionales del GIEI, así como por organizaciones que le han acompañado durante estos años.
También reclamaron la entrega de documentos de inteligencia militar y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos trabajos fueron fundamentales para cuestionar aspectos centrales de la llamada “verdad histórica”, como se conoce —por la frase pronunciada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam— a las primeras conclusiones de la investigación que llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La CNDH ha sostenido desde la presentación de su más reciente recomendación, que el documento no busca exonerar a las Fuerzas Armadas, sino que concluye que no existen elementos suficientes para acreditar una participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los estudiantes. La comisión también ha señalado que no le corresponde determinar responsabilidades penales, facultad que pertenece estrictamente a las autoridades ministeriales y judiciales.
Tras poco más de una hora de reunión con el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa comienzan a salir del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).