Animal Político · 26 de septiembre de 2026
Familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron con una misa la jornada de conmemoración a 12 años de la desaparición.
Dicha congregación se realiza en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
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Ayer, más de 20 autobuses comerciales trasladaron a madres, padres y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ingresaron al Centro Histórico para realizar un mitin frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el marco de las movilizaciones por el caso Ayotzinapa.

Tras una reunión con el ministro presidente, Hugo Aguilar, los familiares informaron que la Corte turnó la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa el expediente para analizar la validez de la sentencia por la que ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
En ese sentido, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz informó sobre esta decisión, comprometiéndose a organizar una reunión entre la ministra Esquivel Mossa y las familias.
Además, el ministro presidente se comprometió a revisar los amparos y recursos legales promovidos en el caso Ayotzinapa para intentar acelerar su resolución.
La jornada inició el pasado 21 de septiembre en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla. Al día siguiente, los contingentes se movilizaron en Chilpancingo y el 23 llevaron a cabo actividades en Iguala.
En la capital del país, su primera parada fue para reclamar una deuda reciente que tienen pendiente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Afuera de las instalaciones del organismo, madres, padres y estudiantes realizaron un mitin y pidieron ser recibidos por la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra.
La protesta se concentró en el contenido de la recomendación 208VG/2026, emitida por la CNDH en julio de este año.
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Para las familias, el documento representa un retroceso y una postura injustificada porque “descarta” la responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición y cuestiona investigaciones realizadas por las y los especialistas internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como por organizaciones que le han acompañado durante estos años.
También reclamaron la entrega de documentos de inteligencia militar y el regreso del GIEI, cuyos trabajos fueron fundamentales para cuestionar aspectos centrales de la llamada “verdad histórica”, como se conoce —por la frase pronunciada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam— a las primeras conclusiones de la investigación que llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto.