Caso Ayotzinapa: Corte revisará sentencia impugnada para frenar Comisión para la Verdad
Alfredo Maza · 8 de julio de 2026
Durante tres administraciones consecutivas, el Estado mexicano ha mantenido una estrategia legal para impedir la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala, un organismo creado por orden de un tribunal federal a partir de la exigencia de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tras los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
A lo largo de los años, estas familias y las organizaciones que las representan —como el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz—, promovieron recursos legales y reclamaciones para combatir los incidentes y amparos promovidos por las distintas administraciones del gobierno federal para frenar la instalación de la comisión.
Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer revisar la sentencia que ordenó fundar este organismo en 2018. La actual Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, solicitó atraer recursos legales promovidos originalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto y mantenidos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La petición del actual gobierno argumenta que es necesario definir si existe viabilidad jurídica y material para cumplir con la orden judicial, planteando que existe una “imposibilidad jurídica” para crear dicha comisión.
En contraste, las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus representantes legales advirtieron que la resolución de la SCJN genera inestabilidad legal en el caso, al poner en tensión el principio de “cosa juzgada”, que garantiza que las sentencias definitivas no puedan volver a discutirse.
El riesgo a la cosa juzgada: la advertencia de las organizaciones civiles
Al aceptar la atracción de este caso, el análisis que realizará la SCJN se centrará en un debate sobre los límites de los jueces de amparo. El tema central a debatir consistirá en definir si, al dictar una sentencia relacionada con un auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada, “es válido que también se ordene la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo extraordinario de investigación o ello vulnera los principios de relatividad y división de poderes”.
La decisión unánime de la SCJN generó el rechazo del Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz. Los representantes legales de las familias advirtieron que la Corte abrió la puerta para revisar los efectos de una sentencia definitiva dictada hace ocho años, lo que pone “en tensión el principio de cosa juzgada” y la seguridad jurídica.
Además, las organizaciones señalaron que el “recurso de revisión extraordinario”, figura mediante la cual la SCJN aprobó ejercer su facultad de atracción para analizar el caso, “no está previsto expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo”.
Por este motivo, las organizaciones advirtieron en un comunicado que la actuación de los ministros “genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas”.
En redes sociales, abogados como Luis Eliud Tapia, especialista en derechos humanos, coincidieron en señalar que la decisión de la SCJN “socava su legitimidad cada vez que quebranta el principio de la cosa juzgada. Nadie toma en serio a un tribunal que no respeta las decisiones firmes”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
La Suprema Corte de Justicia dándole vida a una estrategia de Peña Nieto para reabrir una sentencia firme dictada en el caso Ayotzinapa hace 8 años.
La Suprema Corte socava su legitimidad cada vez que quebranta el principio de la cosa juzgada.
Nadie toma en serio a un… https://t.co/346GNPAKv6
— Luis (@EliudTapia) July 7, 2026
A casi 12 años del caso Ayotzinapa, un nuevo retraso en el acceso a la justicia
La creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala fue ordenada originalmente por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, mediante una sentencia dictada en mayo de 2018, tras concluir que la investigación original de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no fue “pronta, imparcial ni independiente”.
Adicionalmente, en su momento hubo otras instituciones que impulsaron o aceptaron el cumplimiento de esta medida.
Por ejemplo, en octubre de 2018, el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestaron formalmente a la Suprema Corte su disposición para cumplir con la orden judicial e integrar la comisión.
El 3 de diciembre de 2018, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también firmó un decreto para crear la “Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa”.
Sin embargo, las organizaciones señalan que este organismo presidencial nunca tuvo los mismos alcances legales con los que el tribunal federal pretendía dotar a la comisión judicial, como poder sustituir a la Fiscalía en la investigación y el ejercicio de la acción penal.
Ahora, a poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, el caso sigue sin esclarecerse.
Para las familias y sus defensores, lejos de contribuir a conocer lo que ocurrió, la decisión de la SCJN “implica un nuevo retraso para el cumplimiento de una sentencia firme”.
Las organizaciones denunciaron que este proceso judicial prolongará la incertidumbre, mientras persisten obstáculos graves en la investigación oficial.
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Entre estos pendientes destacaron “la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante” y la demora en extradiciones prioritarias para el caso, como la de Tomás Zerón de Lucio, antiguo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
También recordaron que la sentencia original de 2018 no solo desmontó la llamada “verdad histórica”, sino que esta resolución judicial ordenaba que las víctimas participaran activamente en la nueva investigación.