Abortar en prisión: mujeres privadas de la libertad, una población olvidada

Cuando se habla del acceso al aborto en México, generalmente se abordan las barreras legales y de atención que en general persisten; sin embargo, poco o nada se sabe sobre lo que pasa con las mujeres privadas de la libertad que quieren interrumpir un embarazo. 

Mientras que en los registros federales el nivel de desagregación de los sistemas de salud no permite conocer cuántas mujeres en reclusorios han accedido a estos servicios, en la Ciudad de México aseguran que la incidencia es de cero, dado que en dichos lugares no se practica la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En respuesta a una solicitud de información pública, las autoridades de salud proporcionaron una copia del protocolo institucional para la atención de la interrupción legal y voluntaria del embarazo del Hospital General Torre Médica Tepepan, que forma parte de las instalaciones del Centro Femenil de Reinserción Social del mismo nombre.

“Toda mujer privada de la libertad que manifieste deseo de interrumpir su embarazo deberá ser canalizada sin demora al área médica correspondiente. La solicitud deberá registrarse en el expediente clínico. No deberán establecerse requisitos administrativos adicionales que no sean indispensables para la seguridad y atención médica. El lineamiento señala que no deben imponerse prerrequisitos que retrasen injustificadamente la prestación del servicio”, asevera el documento.

El protocolo contempla dos rutas, la A, que es la atención resolutiva en el Hospital General Torre Médica Tepepan, y la B, que es la atención mediante referencia a otra unidad, la cual —según el documento— sólo es necesaria cuando la edad gestacional excede la capacidad resolutiva, existen comorbilidades, inestabilidad hemodinámica, sepsis, se requiere intervención quirúrgica, o no se cuenta con personal ni con equipamiento suficiente.

En tanto, como parte de su respuesta, la Secretaría de Salud capitalina informó que en la unidad médica que se ubica en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla únicamente se recibe la solicitud de interrupción legal del embarazo de las mujeres privadas de la libertad.

“Si esta presenta menos de doce semanas de gestación, de manera inmediata se realiza la referencia al Hospital Materno Infantil Xochimilco o al Hospital Materno Infantil Inguarán, lugar donde se lleva a cabo la valoración médica, consejería, elección de método y seguimiento de la paciente”, precisa el oficio en respuesta a una solicitud de información pública.

No obstante, consultadas al respecto, mujeres privadas de la libertad en reclusorios de la Ciudad de México aseguran que una de las deficiencias en el acceso al servicio es precisamente la exigencia de ingresar un oficio, el cual puede tardar semanas en definirse, con lo que muchas veces se termina venciendo el plazo legal de 12 semanas. Esto ocurre aunque el aborto es una elección minoritaria entre quienes se encuentran en prisión, en parte por los beneficios, personales e institucionales, que encuentran en la maternidad.

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En 2021, la última versión de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad reveló que 3 de cada 10 mujeres que estuvieron embarazadas en prisión reportaban haber tenido un aborto en el último año, con el grupo de entre 40 y 49 años en la primera posición. Sin embargo, desde entonces no fue posible conocer si habían sido espontáneos o voluntarios, ni qué tipo de atención recibieron del personal de salud de los centros penitenciarios. Los 261 abortos en números absolutos incluían registros en la Ciudad de México y el Estado de México.

Sin embargo, consultada respecto al registro de interrupciones legales del embarazo en los reclusorios de la capital entre el 1 de mayo de 2007 —fecha de su despenalización en la entidad— y el 31 de agosto de 2026, la Secretaría de Salud local aseguró: “se realizó una búsqueda exhaustiva, razonable y localizada en los Subsistemas de Información de esta Secretaría, cuyo resultado numérico es de cero registros toda vez que dentro de los centros penitenciarios no se realiza la interrupción legal del embarazo”.

En tanto, a nivel federal, la Secretaría de Salud afirmó que “no se cuenta con el nivel de desagregación solicitado, particularmente respecto de la identificación del centro penitenciario en el que se hubiera realizado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ni respecto de la vinculación de una defunción con un procedimiento de ILE realizado específicamente dentro de un centro penitenciario”.

Agregó que, por lo que respecta a la información sobre las mujeres que hubieran accedido a la Interrupción Legal del Embarazo, sus subsistemas “no permiten identificar que un procedimiento haya sido realizado específicamente dentro de un centro penitenciario, ni identificar el centro penitenciario correspondiente”.

En tanto, sobre los protocolos a seguir para que las mujeres privadas de la libertad accedan al servicio de aborto, señaló que las atribuciones técnico-normativas para la rectoría, emisión de lineamientos, guías y estrategias nacionales en materia de salud sexual, reproductiva y equidad de género corresponden al Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, que es un órgano desconcentrado.

“El tiempo pasa muy distinto adentro”: una experiencia de acompañamiento 

Al relatar su experiencia en un taller de formación al interior de un centro penitenciario en el estado de Hidalgo, un colectivo de acompañantes de aborto prefiere reservar su identidad y la ubicación del reclusorio al que ha tenido acceso.  

Al centro penitenciario llegaron para dar pláticas sobre otros temas, no sobre el aborto, y descubrieron que pocas mujeres decidían recurrir al aborto, en buena medida por una persistencia fuerte de prejuicios y estigmas, pues “el tiempo pasa muy distinto adentro”. 

Su trabajo de acompañamiento inició hace aproximadamente un año y medio. Una de las activistas explicó que el acercamiento formal para abordar el aborto ocurrió tras una solicitud del área de trabajo social del propio centro, para replicar un taller que la colectiva ya impartía fuera de los reclusorios.

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“Se enteraron ellos de que estábamos haciendo una escuela de acompañamiento del aborto. Y nos la pidieron, la trabajadora social nos la pidió para el Cereso. Entonces, fue una sorpresa muy grande de nuestra parte”, afirma.

Pudieron hacer “una escuelita” que duró un mes, a la que se inscribieron entre 18 y 20 internas —un número significativo de la población total—, de las cuales dos concluyeron por completo la formación registrada ante una instancia del gobierno local. De acuerdo con la activista, la percepción inicial sobre el tema enfrentaba prejuicios morales arraigados dentro del penal.

Poco a poco, entre las internas se fue hablando del tema. Para la integrante de la colectiva, se trata de un trabajo de largo aliento porque muchas situaciones están normalizadas, como tener parejas conflictivas o ser violentadas durante la visita conyugal. Al irlas conociendo, incluso llegaron a cambiar algunas de sus opiniones sobre las agendas feministas. 

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“Algo que es muy cierto es que el tiempo pasa muy distinto dentro de la cárcel y afuera. Creo que afuera ya tenemos una idea muy distinta sobre el aborto, y adentro todavía hay ideas muy conservadoras”, sostiene. Sin embargo, con el desarrollo de los talleres, mujeres de diversas edades, incluidas adultas mayores de 60 años que inicialmente mostraban oposición, se integraron en diversos momentos al proceso formativo.

En Hidalgo, el aborto está despenalizado desde 2021. Por lo tanto, el procedimiento institucional establece el traslado a un hospital general tras notificar al personal de trabajo social. “Lo ideal para ellas es que ellas den aviso a trabajo social y las puedan llevar al hospital general de aquí”, señala.

Aunque después del proceso formativo la agrupación suministró a las participantes del taller medicamentos para abortar, la mayoría de los casos de los que tuvieron conocimiento resultaron en canalizaciones para la atención en hospital. Además, precisa, la labor de acompañamiento en prisión se realiza en un entorno de estricta supervisión institucional sobre la información que difunden las activistas.

Por lo tanto, la vigilancia de las autoridades penitenciarias limita la divulgación. “Entendemos, desde el momento en el que empezamos a trabajar, que no es algo que podamos platicar mucho, contar detalles, por ejemplo, esta es la primera vez”, apunta.

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Como parte de ese contexto de reservas y discreción, subraya el aislamiento que prevalece en los centros penitenciarios, particularmente en el caso de las mujeres, que reciben escasa visita, y que dificulta tanto la información como el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

La falta de información y la poca presencia de organizaciones externas profundizan la marginación de las mujeres en reclusión que llegan a solicitar el servicio de aborto. “Casi no se trabaja, es una población muy olvidada y es como muy reservado todo. Todo lo que puedes hablar o comentar es muy hermético”, asegura. 

“Tenemos alguna idea, por algunas chicas que transfirieron, que cambiaron de cárcel y después regresan. Nos dicen que en la que estamos trabajando es una de las más laxas, donde están mucho más libres, si puede caber, dentro del encierro: pueden trabajar, tener pareja y actividades como las que llevamos… Si no tienes acceso a la información, menos probablemente vas a poder abortar, incluso utilizar algún método, está mucho más limitado”, añade.