“¿Dónde empieza la criminalización del aborto?”: el estigma surge al llegar al sistema de salud

La criminalización del aborto en México, sin importar su estatus legal, empieza mucho antes de la apertura de una carpeta de investigación, y se expresa en diversas acciones desde el primer momento en que las mujeres y personas con posibilidad de gestar se acercan al sistema de salud para interrumpir un embarazo.

La imposición de los hechos, la negligencia médica, el mantener el estado de incertidumbre, la distorsión de la información clínica, la activación de procesos penales y las vulneraciones al debido proceso, así como la creación de culpa y de defensa, constituyen un “protocolo de criminalización” sistemático.

Así lo denomina el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el análisis “¿Cómo se vive la criminalización?”, elaborado a partir de los expedientes de casos de mujeres acompañadas por la organización, que se han enfrentado a una recepción estigmatizante en la atención médica. 

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“Llegué al hospital muy asustada por mi hemorragia, pero el personal me dejó esperando durante horas sin aliviar mis síntomas. Pasó casi un mes antes de que me dieran una cita en ginecología, y fue una familiar la que logró que por fin me atendieran. Antes del procedimiento, me dejaron sin comer por casi 30 horas. Después, cuando todavía estaba en recuperación, me interrogaron. Parecía que todo era a propósito, como si me mereciera ser tratada así por lo que creían que había hecho”, es uno de los testimonios que recoge el análisis.

El testimonio refleja específicamente la práctica recurrente de negligencia médica en el acceso al aborto, en un país en el que solo siete de 32 entidades conservan una penalización total del aborto voluntario —permitido únicamente bajo ciertas causales—. Aunque en el resto está legalizado hasta determinado número de semanas gestacionales, las restricciones de acceso son múltiples, dada la criminalización social que también se refleja en la práctica médica.

La imposición de los hechos —describe el GIRE— es, por ejemplo, una forma de criminalización simbólica que ocurre cuando el personal de salud asume, sin evidencia clínica ni diálogo con la persona usuaria, que se llevó a cabo una conducta delictiva. La acción, definida como “mantener en estado de incertidumbre”, refiere, por otro lado, a retener la información sobre el estado de salud, distorsionarla o transmitirla de manera fragmentada.   

Otra forma de criminalización simbólica es la distorsión de la información clínica, que ocurre cuando el expediente de la persona no refleja la realidad de su caso, ya sea por prácticas clínicas normalizadas, errores de registro o interpretaciones atravesadas por estigmas relacionadas con el aborto.

“Esta alteración se presenta en entidades federativas con marcos legales que limitan el aborto a determinados plazos. En ese contexto, cada semana adicional aumenta la responsabilidad jurídica y alimenta percepciones sociales de culpabilidad, lo que favorece tratos más restrictivos y estigmatizantes”, describe el documento. 

Esa es la razón por la que la Ciudad de México, pese a ser la entidad federativa pionera en despenalizarlo, desde abril de 2007, mantiene el índice nacional más alto de carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, con más de mil 700 en la última década.

A esas formas de criminalización simbólica, que ocurren mucho antes de una denuncia formal, se suma la activación de procesos penales, incluso años después de haber recurrido al procedimiento médico —según revela uno de los testimonios—, que consiste en la notificación al ministerio público que convierte a las instalaciones médicas en antesalas del proceso penal.

De ahí en adelante pueden ocurrir diversas vulneraciones al debido proceso, que se expresan cuando se ignoran o transgreden las garantías mínimas de la persona o mujer acusada, como el derecho a una defensa efectiva, a recibir información clara y un trato digno. “Es decir, la criminalización no se limita a la violencia de la intervención legal, sino que puede intensificarse a lo largo del procedimiento”, subraya el análisis.

Aunque dichas prácticas no están formalizadas en manuales, la organización las denominó en su conjunto “protocolo”, porque se repiten de manera sistemática en los casos que han acompañado, y constituyen un patrón reconocible.

Cuando las mujeres y personas con posibilidad de gestar acuden a los servicios médicos en busca de atención por sangrado excesivo, dolor, contracciones, fiebre o vómito, algunas con un aborto inducido, otras con uno espontáneo, a menudo desde la evaluación clínica se enfrentan a una presunción sobre la posible inducción del aborto. Entonces, la atención médica empieza a ser mediada por supuestos de culpabilidad.

“A partir de esta sospecha, la persona usuaria empieza a ser tratada como si estuviera involucrada en una conducta delictiva. Se construye lo que podría denominarse una ‘verdad médica’ que se impone sobre el relato de lo que llevó a la persona usuaria a acudir al hospital”.

Además de las cuatro acciones categorizadas como sistemáticas a partir de los casos analizados, en otros más extremos se hacen acusaciones por delitos, como infanticidio, aun si no se abre una carpeta de investigación. A este proceso GIRE lo denomina “creación de culpa”, pues la recopilación de indicios y la interpretación de los hechos médicos dejan de orientarse a la salud de la persona y tienden más hacia la construcción de una narrativa delictiva.

Por otro lado, el estigma asociado al aborto puede hacer que las necesidades de la persona usuaria dejen de ser atendidas como tales y se conviertan en posible evidencia. Bajo ese enfoque, se refuerza la idea de que se ha cometido un delito y, en consecuencia, la “causante” puede ser tratada como responsable ante el sistema penal, sin importar la veracidad de los hechos.

Por otro lado, como reacción a la vigilancia constante y las acusaciones, las personas usuarias desarrollan estrategias de autoprotección, como guardar silencio, reservar su declaración, buscar asesoría o estructurar sus respuestas de forma defensiva. A ese fenómeno, GIRE lo llama “creación de defensa”, y como consecuencia, las mujeres y personas con posibilidad de gestar quedan atrapadas en la dinámica del protocolo de criminalización, en el que persisten la percepción de culpabilidad y los mecanismos de vigilancia. 

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Ante todo ello, el estudio subraya la necesidad de fortalecer una cultura del derecho a decidir como eje de la política pública en materia de salud reproductiva. Además, apunta que es urgente implementar políticas públicas dirigidas a transformar los sistemas de salud, mediante capacitación obligatoria y continua del personal médico y administrativo en derechos humanos, perspectiva de género y atención no estigmatizante, al mismo tiempo que el establecimiento de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. 

Como consecuencia, la criminalización formal no se detiene

En estados donde el aborto ya fue despenalizado, las denuncias y carpetas de investigación por este delito continúan. La persistencia de investigaciones formales por aborto muestra que los cambios en la legislación no se traducen de manera inmediata en la forma en que las autoridades valoran este tipo de casos, señala GIRE. 

De acuerdo con datos de GIRE hasta junio de 2026, actualizados con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en agosto de este año, Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz son las entidades con mayor registro de carpetas y averiguaciones previas por el delito de aborto. 

A pesar de que en la Ciudad de México se despenalizó hasta la semana 12 de gestación hace casi 20 años, la entidad lidera el número de carpetas de investigación abiertas por aborto con mil 713 entre 2015 y el cierre de agosto de 2026.

Enseguida aparece el Estado de México —que también despenalizó el aborto hasta la misma semana que la capital mexicana—, que acumula mil 465 carpetas abiertas por aborto en el mismo periodo, de las cuales 153 fueron abiertas durante los primeros ocho meses de este año.

En Nuevo León, el aborto voluntario todavía no está despenalizado en el Código Penal estatal; apenas el 22 de septiembre, la colectiva Morras Feministas Mty entregó por cuarta ocasión una iniciativa de despenalización al Congreso del estado. La entidad suma mil 265 carpetas abiertas por aborto entre 2015 y agosto de este año. Cabe destacar que 2025 fue el año en que acumuló más carpetas abiertas, con 218.

Desde 2015 hasta agosto de 2026, otros estados como Baja California, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz también mantienen registros altos de carpetas abiertas por el delito de aborto, con 591, 297, 497 y 282, respectivamente.

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Durango, además de ser una de las entidades que mantiene criminalizado el aborto de manera total, también es una de las que registra una menor cantidad de carpetas abiertas en el periodo mencionado, con un total de siete. Mientras que Tlaxcala, estado que en diciembre del año pasado despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, suma 12 carpetas abiertas. 

En su análisis de dónde empieza la criminalización, GIRE vuelve a insistir en una propuesta que ya había tenido un avance en la Ciudad de México, pero permanece congelada: “Resulta indispensable que el Estado abandone el uso del derecho penal como herramienta para regular el aborto y avance a su despenalización total. Esta medida es necesaria para cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la salud, así como para erradicar prácticas institucionales que reproducen violencia y discriminación en los servicios de salud”.