Aborto: seis países, una misma ruta de criminalización

Más de 10,000 mujeres, niñas y adolescentes fueron criminalizadas por aborto entre 2012 y 2023 en Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. Un informe de la iniciativa regional Salud Sin Miedos analizó 611 de esos casos y encontró algo que va más allá de los diferentes marcos regulatorios: una misma ruta de criminalización.

Los hallazgos de esta investigación coinciden con lo que GIRE ha encontrado en el caso de México y que puede consultarse en los informes Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México y Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México: lo que comienza con la búsqueda de atención médica puede terminar en una denuncia, una investigación penal y una cadena de vulneraciones a derechos humanos que se repite una y otra vez.

A partir de la revisión de expedientes judiciales, sentencias, entrevistas, notas de prensa y datos oficiales se encontraron elementos comunes que atraviesan contextos diferentes. Podría ser yo. Por una Salud Sin Miedos reconstruye el recorrido que siguen mujeres, adolescentes y niñas desde el momento en que buscan atención en salud hasta que enfrentan procesos penales.

Los hospitales como puerta de entrada a la criminalización 

En más de la mitad de los casos donde pudo identificarse el origen de la denuncia, esta provino de personal sanitario. Además de que se viola el secreto profesional y el derecho a la confidencialidad en materia de salud, las mujeres enfrentan situaciones de maltrato y violencia obstétrica e institucional, incluidos procedimientos sin anestesia, denegación de comida o bebida y exposición deliberada de restos fetales.

Procesos judiciales sin garantías

El análisis de los 611 casos evidenció violaciones al debido proceso. Muchas mujeres, adolescentes y niñas no tuvieron acceso oportuno a representación legal, fueron interrogadas sin defensa presente y enfrentaron procesos basados en pruebas obtenidas mediante violaciones a la confidencialidad médica, lo que vulnera la garantía contra la autoincriminación.

Tensiones con el derecho a la igualdad y no discriminación

Se identificó la presencia de estereotipos de género sobre la función reproductiva de la mujer, que permean tanto el inicio de las investigaciones como el desarrollo de los procesos judiciales. En general, en los expedientes revisados, las mujeres fueron descritas como “frías”, “calculadoras” o incluso “asesinas”. Asimismo, se evidenciaron los impactos diferenciados en grupos específicos de mujeres: con discapacidad, migrantes, y niñas y adolescentes.

El derecho de acceso a la información

Un hallazgo adicional tiene que ver con problemas de transparencia y acceso a la información pública: ausencia de datos desagregados y actualizados, inconsistencias entre cifras oficiales y omisiones sobre el perfil de las personas criminalizadas.

Recomendaciones

El informe propone una hoja de ruta que incluye acciones como: eliminar o reducir el uso del derecho penal en materia de aborto; garantizar la confidencialidad médica y eliminar obligaciones de denuncia del personal sanitario; asegurar defensa adecuada y debido proceso, y tomar medidas para eliminar los estereotipos de género en los sistemas de justicia.

Lo que la comparación regional permite ver

Gran parte de la evidencia sobre aborto en América Latina se ha construido desde experiencias nacionales y lo que este informe aporta con el análisis de cientos de casos es la presencia, en distintos países, de ciertos mecanismos que aparecen una y otra vez: denuncias desde los servicios de salud, vulneraciones al debido proceso, estereotipos de género y respuestas institucionales que transforman una necesidad de salud en un asunto penal.

Esta evidencia regional muestra que las transformaciones legales no modifican automáticamente las prácticas institucionales. Por ello, garantizar el acceso al aborto implica algo más que reformar códigos penales; requiere fortalecer instituciones de salud, proteger la confidencialidad médica, combatir el estigma y asegurar que quienes buscan atención encuentren cuidado, no sospecha.

El llamado, tal como se plantea desde la iniciativa Salud Sin Miedos, es a avanzar hacia modelos basados en la salud y los derechos humanos, con perspectiva de género e interseccional, en los que el aborto sea tratado como lo que es: un servicio de salud. ♦

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