"Prefiero cerrar": en CDMX solo 1 de 10 mil extorsiones llega a sentencia

—Nos dijeron que eran de ‘La Unión Tepito’. Querían 2 mil pesos a la semana.

Jair pide que se omita su verdadera identidad por temor. Tampoco quiere que se diga el nombre de su negocio. Solo permite señalar que es uno de los miles que hay en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

—Mi hermano me dijo: ‘carnal, con esa gente no se juega. Mejor dales la feria y no te metas en broncas’.

Son casi las siete de la tarde y los rayos anaranjados bañan las fachadas de los edificios de la capital. El lugar de la entrevista es un local de unos 50 metros cuadrados. Ahí lleva Jair más de 20 años preparando desayunos, aguas frescas y menús de comida casera. Desperdigadas por el comedor hay cuatro mesas con manteles a cuadros y sillas de plástico. Las paredes lucen amarillentas y descascaradas por los vapores de la cocina. Arriba de los fogones hay una campana de aluminio que no impide que el ambiente huela a aceite quemado. Y junto a una de las mesas, un viejo refrigerador —de esos que anuncian una marca de refrescos— mantiene frías las pocas aguas de jamaica que sobraron de la jornada.

No es un changarro callejero, pero tampoco un restaurante. Es la clásica fondita modesta, de barrio, que a duras penas resiste la llegada de la gentrificación y la proliferación de cafés y restaurantes gourmet en la colonia.

Sentado en una de las sillas rojas de plástico, Jair enciende un cigarrillo y da una larga calada.

—Pero no nos alcanza el dinero para todo —añade con los ojos entornados por el humo azulado—. Entre la renta, los gastos del negocio y lo que cuesta mantener a la familia, simplemente no alcanza.

Alza el brazo derecho y apunta hacia la persiana metálica que pidió a su ayudante que bajara, para platicar con calma. Por esa misma puerta, cuenta el hombre, hace un par de meses entró “muy alterada”, su esposa. Le pidió, con el gesto desencajado, que fueran rápido a su casa. Algo grave acababa de suceder.

—Me contó que llamaron a mi madre para amenazarla. Le pidieron dinero, 2 mil pesos semanales, dizque para darnos ‘seguridad’ en el local. Le dijeron que le iban a dar un número telefónico para que se reportara ahí e hiciera rápido el primer depósito si no queríamos tener broncas.

Jair apoya el antebrazo derecho en el filo de la mesa. Sus ojos lucen enrojecidos por el cansancio de la jornada y el humo del cigarro.

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—Lo que más me asustó es que sí me conocían. A mi madre le describieron mis características físicas con mucho detalle. También le dijeron cuánto tiempo llevo en el local y la ubicación exacta. Sabían perfectamente quién era. Me quedé paralizado porque, además, tocaron un punto muy sensible: mi mamá. Ella ya está mayor y se angustia mucho con todo esto. Se puso muy mal.

El comerciante suelta otra bocanada de humo y tose tapándose con el antebrazo derecho. Dice que buscó consejo entre varios amigos de confianza y su hermano. Todos le recomendaron pagar. Pero Jair no les hizo caso. Dice que hacerlo implicaría, de plano, echar el cierre después de dos décadas de trabajo.

Así que decidió guardar la calma y esperar a que la extorsión se quedara solo en una llamada. Aunque lo de guardar la calma —matiza alzando una mano— es un decir. Porque hace dos meses que no duerme por la preocupación. La misma que lo lleva a mirar continuamente por el rabillo del ojo quién entra por la puerta de la fonda y a sospechar de cada cliente que cruza el umbral.

—¿Denunciaste el caso? —se le pregunta.

Jair apoya ahora la espalda en el respaldo de la silla de plástico. Continúa con la mirada fija en la puerta metálica bajada.

—Por un momento lo pensé —encoge los hombros—. Pero decidí esperar, no actuar con desesperación. Porque en ese momento uno puede hacer muchas cosas por miedo, como ir a depositar el dinero.

—¿Y por qué no fuiste con la policía?

—Porque pensé en mi hijo, en mi familia. Sentí que esa gente me tenía muy bien ubicado y el miedo a denunciar fue más fuerte. No tengo confianza en la policía, la verdad. Está coludida con la maña. Todo el mundo lo sabe. Así que preferí dejarlo en manos de Dios, aunque todo el rato estás intranquilo, pensando qué va a pasar si llegan. Te afecta todo: tu tranquilidad, tu familia, tus proyectos…

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—…y tu economía —completa la frase el periodista.

—Sí, claro. Mantener un negocio no es fácil. Los insumos están caros. La luz, la gasolina, las tortillas; todo sube y hay muy poca ganancia. Pero a esa gente no le importa si no ganas suficiente para salir adelante o si le debes a tus proveedores. Ellos solo quieren su lana. Es lo único que les importa.

—¿Has sabido de otros casos en la zona?

Jair da otra calada y tose levemente.

—Sí, a varios de por aquí también les han hablado por teléfono, pero muchos no se dejan. O bueno, más bien hacen como yo. Dicen: ‘si vienen en persona aquí, al negocio, pues ahí sí hay que darles. Pero si no vienen, recemos para que solo sea una llamada anónima y ya’.

—¿Y si finalmente un día llegaran a tu negocio, qué harías? —se le cuestiona.

Jair baja la mirada. Ahora coloca ambos antebrazos sobre sus rodillas. El ayudante termina de acomodar las mesas y las sillas. El local ya está limpio y listo para la jornada que comenzará en unas horas, a las siete de la mañana.

—Pues me retiro —dice bajando la voz—. Como me dijo mi hermano: ‘con esa gente del cártel no se juega’. Y yo no juego. Tengo una familia que cuidar. Así que prefiero cerrar el local y desaparecer a la chingada. Porque no voy a trabajar para darle mi dinero a alguien más, y menos cuando apenas alcanza para mi familia.

El doble filtro de la extorsión

Historias como la de Jair se multiplicaron en la Ciudad de México durante el último año. 

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció en diciembre de 2025 que la extorsión se había convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y anunció una estrategia integral para combatir el delito. 

El plan, bautizado como “Vamos por una ciudad libre de extorsión”, contempla 15 acciones que incluyen un pacto con empresarios, comerciantes, organizaciones sociales y el Poder Judicial capitalino; el fortalecimiento de la videovigilancia; la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios; redes vecinales de prevención y una campaña para incentivar la denuncia.

La estrategia se puso en marcha en un contexto de fuerte crecimiento del delito. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por extorsión iniciadas en la capital pasaron de 473 en 2024 a 1 mil 753 en 2025: un incremento de 270 % en apenas un año.

Pero esta investigación encontró que el principal problema no termina cuando una víctima vence el miedo y decide acudir ante las autoridades. De hecho, el análisis de las cifras permite concluir que la lucha contra la extorsión enfrenta dos grandes obstáculos: el miedo a denunciar, por un lado, y la incapacidad del sistema para transformar las denuncias en justicia, por otro. 

Datos obtenidos por Animal Político, mediante solicitudes de transparencia a las fiscalías y poderes judiciales de los ocho estados con mayor incidencia de extorsión —entre ellos la Ciudad de México— muestran que denunciar es apenas el primer paso de un largo embudo. 

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En la capital, por ejemplo, de las 1 mil 753 carpetas de investigación iniciadas por extorsión durante 2025, solo 155 fueron judicializadas, es decir, apenas el 8.8 %. Y únicamente alrededor de 60 concluyeron con una sentencia: apenas el 3.4 % del total de las denuncias.

La brecha es todavía mayor si el análisis incorpora la llamada cifra negra. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, elaborada por el INEGI, la tasa de extorsión en la Ciudad de México equivale a un universo estimado de entre 550 mil y 650 mil víctimas al año. Para efectos de este análisis, Animal Político tomó como referencia un punto medio de aproximadamente 600 mil extorsiones anuales. 

Frente a ese universo, las 1 mil 753 carpetas de investigación que abrió la Fiscalía capitalina durante 2025 representan apenas el 0.3 % de los casos estimados.

El embudo se estrecha todavía más conforme los casos avanzan por el sistema de justicia. De esas aproximadamente 600 mil extorsiones estimadas por la ENVIPE, solo 1 mil 753 fueron denunciadas formalmente; 155 llegaron a judicializarse y alrededor de 60 terminaron en una sentencia. 

Dicho de otro modo: apenas una de cada 10 mil extorsiones estimadas en la Ciudad de México concluye con una sentencia judicial.

Y lo que ocurre en la capital no es una excepción: los datos recabados por transparencia para los otros siete estados con mayor incidencia muestran un patrón muy similar: la mayoría de las víctimas nunca denuncia y, entre quienes sí lo hacen, solo una fracción mínima consigue que su caso complete el recorrido que va de la denuncia al castigo.

Cuando el crimen sustituye al Estado 

Las cifras recabadas para esta investigación ayudan a dimensionar el problema. Sin embargo, no alcanzan a explicar, por sí solas, por qué tan pocas denuncias consiguen atravesar el sistema de justicia y por qué casi ninguna acaba con un castigo. 

Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el fenómeno tiene raíces mucho más profundas y anteriores al actual repunte de denuncias en la capital.

“La Ciudad de México siempre ha tenido un problema de extorsión”, plantea en entrevista con Animal Político. Y advierte a continuación que el error más frecuente consiste en reducir el fenómeno solo a las organizaciones criminales.

“Cuando hablamos de extorsión pensamos inmediatamente en los delincuentes, pero también existe una enorme extorsión ejercida desde las propias autoridades administrativas”, subraya durante una conversación en la sede del Observatorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo. 

El ejemplo, dice, se repite una y otra vez entre comerciantes y pequeños empresarios. Quien construye una vivienda suele enfrentarse a funcionarios que le exigen un “moche” para no detener la obra. Quien abre un negocio también termina encontrándose, tarde o temprano, con algún servidor público que condiciona permisos, inspecciones o trámites al pago de dinero.

Después aparece un segundo nivel de presión: el de las organizaciones criminales.

Rivas sostiene que existen zonas donde ese control resulta especialmente visible: el Centro Histórico, los alrededores del barrio de Tepito, La Merced y la Central de Abasto. Advierte que el fenómeno se ha extendido también hacia corredores gastronómicos y de entretenimiento en las colonias Roma, Condesa y Polanco, que pocas veces aparecen asociados a la extorsión.

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“He hablado con restauranteros de Polanco y de la Condesa. Todos están siendo víctimas de este delito, pero prefieren pagar antes que meterse en problemas serios”.

En muchos casos, explica, el cobro ya no consiste únicamente en exigir dinero.

Los grupos criminales han dado un paso más: también ordenan a quién contratar, qué proveedores utilizar, dónde comprar determinados productos y hasta a qué precio adquirirlos.

“Te imponen a quién comprarle el alcohol, el tabaco, la carne o determinados insumos. Si no aceptas empiezan los problemas: te sabotean proveedores, aparecen inspecciones o llegan directamente las amenazas y las agresiones, y hasta los ataques”.

Para Rivas, ese nivel de control sobre la actividad económica va mucho más allá de una simple extorsión.

“Eso es gobernanza criminal, porque al final es una sustitución del Estado”, subraya, para insistir en que hay organizaciones criminales que no solo cobran cuotas, sino que también fijan las reglas para abrir un negocio. 

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“La extorsión en la Ciudad de México tiene muchas caras —resume—. A veces, incluso, la cara de la propia administración pública”.

Frente a ese panorama, el especialista considera positiva la estrategia anunciada por el gobierno capitalino para combatir la extorsión, pero advierte que su éxito dependerá mucho menos del anuncio que de su ejecución.

“Todo lo que haga el Estado con un mínimo de consistencia tiene un efecto positivo. El problema es que seguimos pidiéndole a instituciones que carecen de personal, capacitación y recursos que resuelvan fenómenos cada vez más complejos”.

Como ejemplo menciona la línea nacional de denuncia 089.

“La herramienta existe, pero si una víctima tiene que pasar más de 40 minutos repitiendo cinco veces la misma historia, termina colgando. Y esa extorsión vuelve a convertirse en cifra negra“.

Mientras persistan la corrupción dentro de las instituciones, la falta de capacitación de policías y ministerios públicos y la incapacidad para construir investigaciones que permitan desarticular redes completas —y no solo perseguir casos individuales—, concluye Rivas, el Estado seguirá llegando tarde a un fenómeno que, en muchos territorios, incluida la capital mexicana, hace tiempo dejó de limitarse al cobro de piso para convertirse en una forma de control sobre la economía cotidiana.

“No les importa si no tienes para vivir; solo quieren su lana”

Los testimonios recopilados por Animal Político y los casos documentados previamente por este reportero para el libro Narcopandemia (Grijalbo, 2022), retomados como parte de esta investigación, muestran que el cobro de piso alcanza prácticamente cualquier actividad económica: comerciantes de mercados públicos, transportistas, operadores de carga, vendedores ambulantes, boleadores de zapatos e incluso trabajadoras sexuales.

También restauranteros de Paseo de la Reforma, que aceptaron hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias, relataron para este reportaje que las cuotas llegan a calcularse incluso en función del tamaño del negocio. 

“Si tienes terraza con mesas, pagas una cantidad. Si no tienes, es menos. Pero pagar, tienes que pagar sí o sí”, resumió el propietario de uno de esos establecimientos.

Durante la pandemia de Covid-19, cuando miles de personas vieron desplomarse sus ingresos por los confinamientos, las cuotas tampoco se detuvieron.

Carlos, un boleador de zapatos de 58 años que trabaja sobre Paseo de la Reforma, recuerda que antes de la emergencia sanitaria podía bolear unos 30 pares al día y obtener alrededor de 500 pesos. Con las oficinas vacías y las calles desiertas, sus ingresos cayeron a poco más de 150 pesos diarios. Aun así, quienes le cobraban la cuota siguieron presentándose dos veces por semana.

“Los malandros solo entienden una cosa: lana. Llegan y te dicen: ‘no es mi bronca si ahorita tienes menos chamba. Yo quiero mi feria’”. 

Cada miércoles debía entregar 50 pesos. Y otros 50 los viernes.

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“A veces hasta descuento me hacían por el coronavirus“, recuerda con ironía. “Pero de que me chispaban algo, me chispaban”.

La pandemia tampoco dio tregua a Celia, una trabajadora sexual salvadoreña de 65 años que ejerce en los alrededores del Metro Revolución. Con los hoteles semivacíos, los clientes desaparecieron y las deudas comenzaron a acumularse. Sin embargo, la cuota al crimen siguió siendo obligatoria.

“Ahora casi no hay clientes”, contaba entonces. “Pero hay que seguir pagando la renta, la comida… y también el impuesto para los mañosos”.

Su hija, también trabajadora sexual, debía entregar 300 pesos cada semana para poder seguir trabajando en la calle. Ella debía pagar más que su madre porque era más joven. 

“No hay clientes. Y aun así tienes que pagarle a la mafia”.

Los testimonios coinciden con otro patrón identificado durante esta investigación: la extorsión no distingue entre giros comerciales, tamaño del negocio o capacidad económica de las víctimas. Tampoco suele detenerse en momentos de crisis.

Cuando las ventas caen, los ingresos desaparecen o incluso un negocio está a punto de cerrar, la exigencia de pagar la cuota al crimen organizado permanece intacta.

Como resume Jair al recordar la llamada que recibió su familia: “no les importa si apenas te alcanza para vivir. Ellos solo quieren su lana”.