Extorsión y mercancía ilegal: cómo el crimen organizado asfixia al pequeño comercio en México
Contenido Animal Político · 14 de octubre de 2025
El pequeño comercio en México enfrenta, cada vez más, la extorsión del crimen organizado. No se trata solo del llamado “derecho de piso”; en múltiples regiones del país, los tenderos son obligados a vender mercancía ilegal, pirata o adulterada bajo amenaza de violencia. Este fenómeno, silencioso pero en expansión, convierte a miles de tiendas de barrio en eslabones involuntarios de la cadena delictiva.
El impacto económico es devastador. Juan Carlos Buitrago, general colombiano en retiro y especialista en seguridad del comercio legal, ha documentado cifras alarmantes: “En México solo en el sector textil se pierden cerca de 250 mil empleos al año. Tienen que cerrar uno de cada 100 establecimientos en Ciudad de México; se han cerrado seis de cada 100 establecimientos, precisamente como resultado de este comercio informal que está cada vez más creciendo. Además, la afectación en el recaudo es enorme”.
El comercio ilegal no solo debilita la economía formal, también erosiona la capacidad del Estado para financiar programas de cultura, salud y educación. Buitrago advierte que “cada vez que un consumidor compra en la informalidad, alimenta a las mafias y priva al país de recursos públicos”.
Una Presión Constante sobre el Pequeño Comercio
“La presión del mercado informal y del mercado negro en las calles, en los barrios, es muy fuerte porque tenemos una economía de mercado negro muy robusta”, explica Cuauhtémoc Rivera, director de ANPEC.
En sus palabras, el canal tradicional —las tiendas de barrio, las misceláneas, los abarrotes— es el eslabón más cercano al consumidor, lo que las convierte en objetivo del crimen. “En México, si hay 10 pequeños comercios, cuatro padecen violencia y extorsión. Y probablemente son más, porque muchos no se atreven a reconocerlo ni siquiera en encuestas”, subraya.
El resultado es un círculo vicioso: consumidores con bajo poder adquisitivo buscan productos más baratos, los tenderos enfrentan cuotas de extorsión y, al mismo tiempo, se ven obligados a vender mercancías de contrabando o adulteradas.
El fenómeno se explica por su rentabilidad y el bajo riesgo que representa para los grupos criminales. El estudio del Observatorio Nacional Ciudadano indica que en 2021 se cometieron 4.9 millones de extorsiones, pero solo se denunciaron 246 mil, y de esas apenas 129 mil derivaron en una carpeta de investigación. En contraste, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó menos de 9 mil casos ese año.
La brecha refleja la “cifra negra” del delito y la falta de consecuencias para quienes lo cometen. “Es un delito muy rentable, castigado de manera suave, con penas bajas que permiten que los delincuentes rápidamente salgan libres y retomen su actividad”, afirma Rivera.
Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, agrega que la extorsión “afecta la competitividad, encarece productos y desplaza a los comerciantes legales”.
De la Amenaza al Control del Mercado
El crimen organizado no se limita a cobrar dinero: toma control de la cadena de distribución. Rivera detalla ejemplos: “En Culiacán, desde hace tiempo imponen las marcas de contrabando de cigarros que se venden e impiden que se oferten los legales. En Guerrero ocurre con pollo, huevo, cerveza o tortillas. Ellos dictan las reglas de qué marcas se venden y a qué precio”.
Para Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, este fenómeno es parte de un problema global: “El crimen organizado infiltra productos ilícitos en las cadenas legales de distribución. Utilizan la misma infraestructura del comercio internacional y se aprovechan de la falta de controles para mover mercancías ilegales con facilidad”.
La consecuencia es clara: los pequeños comercios se convierten en vitrinas de un mercado negro impuesto por la violencia y sostenido por la corrupción.
Uno de los ejemplos más documentados de este fenómeno es el del mercado ilícito de cigarros. Manuel Pérez Aguirre, investigador del Colegio de México y coautor del estudio Cigarros ilegales y crimen organizado, explica que el comercio ilícito pasó de representar 8.5% del consumo nacional en 2017 a 20.4% en 2023.
“Los cigarrillos presentan altos márgenes de beneficio y se encuentran entre los productos más comerciados en el mercado negro. Su producción y distribución son relativamente fáciles, con bajas tasas de detección y penalizaciones laxas”, indica el estudio.
A esta tendencia se suma un nuevo estudio del Instituto Politécnico Nacional, que revela que actualmente 3 de cada 10 cajetillas consumidas en México son ilegales, lo que representa una pérdida de hasta 26,700 millones de pesos anuales en recaudación fiscal. El documento, presentado el 2 de octubre de 2025, advierte que este tipo de comercio ya concentra 28% del consumo nacional, triplicando la cifra registrada hace ocho años y afectando la efectividad de las políticas de control del tabaco.
El impacto no es menor: en 2017, la pérdida fiscal por este comercio se calculaba en más de 9,000 millones de pesos; para 2021 ascendió a 13,500 millones.
El general Buitrago enfatiza que, a diferencia del narcotráfico, “el contrabando de cigarrillos o alcohol adulterado es una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad”.
Una Logística Criminal Aceitada por la Corrupción
¿Cómo llega la mercancía a las tienditas? Rivera lo explica: “Llega por Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamira, Tijuana, Laredo y hasta por el aeropuerto de la Ciudad de México. También por vías subacuáticas. El tema es de capacidad logística, no de impedimento legal”.
Campos añade otro ángulo: “Las mafias utilizan tanto canales físicos como digitales. Hoy, un consumidor puede recibir mercancía ilegal en su casa comprando en plataformas electrónicas sin saber que está alimentando al crimen organizado”.
Una vez dentro del país, la mercancía se concentra en nodos como Tepito en la Ciudad de México o San Juan de Dios en Guadalajara. Desde ahí, se reparte a bodegas menores y finalmente a los pequeños comercios.
El Observatorio Nacional Ciudadano confirma que la falta de controles efectivos en aduanas y la corrupción local son factores esenciales para entender la expansión del mercado ilícito.
El Comerciante: Víctima Atrapada
El tendero de barrio queda en medio de este engranaje. La disyuntiva es simple: vender lo que el crimen impone o arriesgar la vida.
Rivera lo resume: “Los comerciantes no quieren pleito, solo buscan trabajar. Pero cuando los amenazan, no queda otra opción que pagar, aceptar las reglas o cerrar”.
El problema, advierte, es que se ha ido normalizando: “Si llegamos a aceptar la extorsión como parte de la realidad, México pierde muchas de sus posibilidades”.
La extorsión al pequeño comercio y la venta forzada de mercancía ilegal son dos caras de un mismo fenómeno: un sistema que combina violencia, corrupción y economía informal. Su expansión responde a la lógica del bajo riesgo y alta rentabilidad para el crimen organizado, frente a un Estado incapaz de proteger a los comerciantes y garantizar la legalidad.
Nota del editor: Esta publicación se realiza con información obtenida en las entrevistas e investigación propia como parte de las alianzas estratégicas de Grupo Editorial Criterio.