Haidé Serrano · 1 de octubre de 2026
Cancún.- A pesar de que el aborto fue despenzaliado en la entidad hace cuatro años y el gobierno ha brindado 447 servicios de salud, el acceso efectivo es la gran tarea pendiente del Estado. La falta de difusión pública, barreras en insumos y la persistencia de carpetas de investigación demuestran que la ley es apenas el piso jurídico.
En Quintana Roo, la despenalización del aborto marcó un hito legal impulsado por el movimiento feminista. No obstante, las organizaciones civiles advierten que el reconocimiento en la ley no se ha traducido automáticamente en la posibilidad de ejercer este derecho en condiciones de igualdad.
Silvia Chuc, maestra en salud pública e integrante de la organización Gobernanza MX, señala que el principal obstáculo institucional radica en la prestación cotidiana del servicio. “La ley es el piso mínimo jurídico, pero el Estado tiene que poner todo lo demás que le permita a la población conocer, acceder y ejercer ese derecho”, enfatiza.
De acuerdo con la activista, a nivel local no existen campañas permanentes que acerquen la información a la ciudadanía. La despenalización en el papel corrompe su propósito si la infraestructura no se habilita activamente para las personas usuarias comunes.
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Uno de los principales problemas identificados por las organizaciones es el vacío informativo. Según datos oficiales del Gobierno del Estado, se registran 447 atenciones brindadas en los Servicios de Aborto Seguro. Sin embargo, la existencia del servicio no garantiza su aprovechamiento si las usuarias desconocen dónde ubicarlos.
El informe De la Despenalización al Acceso en Quintana Roo, elaborado en 2026 por REDefine Quintana Roo, revela que el propio personal sanitario reconoce que la difusión de estos servicios es escasa y depende de recursos limitados. La divulgación institucional se ha restringido a folletos esporádicos o publicaciones aisladas en redes sociales.
Chuc ejemplifica esta deficiencia con las publicaciones institucionales en fechas clave: la Secretaría de Salud estatal emitió un mensaje en Facebook sobre el Día de Acción Global por el Aborto Seguro recordando que es un derecho, pero omitió indicar las direcciones, horarios o requisitos para acceder.
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Para superar este cuello de botella, Gobernanza MX propone una estrategia de comunicación integral que abarque la señalética visible y clara en hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y SESA.
que haya una articulación directa con el primer nivel de atención (centros de salud), donde la población suele acudir a solicitar orientación inicial. También debe incrementarse y usarse el sistema de caravanas de salud y programas comunitarios para llevar información a zonas alejadas y de difícil acceso, así como una amplia difusión en medios digitales y de comunicación pública, de forma permanente y laica.
A las deficiencias de difusión se suman limitaciones operativas como la falta de medicamentos, la escasez de personal capacitado y barreras geográficas que impactan con mayor severidad a comunidades rurales e indígenas. Las mediciones del Observatorio para el Ejercicio del Aborto Seguro en Quintana Roo reiteran que un servicio inalcanzable no garantiza derechos.
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La despenalización legal tampoco ha erradicado por completo el uso del aparato punitivo. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, entre enero y agosto de 2026, se iniciaron ocho carpetas de investigación por el delito de aborto en la entidad. Las activistas exigen supervisar la procuración de justicia para evitar arbitrariedades.
A la par del ámbito institucional, la criminalización social se mantiene viva mediante el estigma y la violencia. Integrantes del movimiento reportan incidentes de acoso por parte de grupos religiosos a las afueras de clínicas privadas —como Medi Stops—, afectando tanto a usuarias como al personal médico.
Asimismo, las defensoras de derechos reproductivos sufren constantes campañas de hostigamiento en entornos virtuales. Silvia Chuc denuncia la existencia de un patrón reiterado de agresiones en redes sociales que transita desde insultos hasta amenazas explícitas de violencia física y de muerte.
“Se construye una narrativa de criminalización y de odio tanto hacia las personas que buscan el servicio como hacia quienes lo proporcionan o simplemente acompañan”, advierte Chuc. Esta violencia digital amenaza con escalar al plano físico en localidades pequeñas donde las activistas están plenamente identificadas.
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En el marco de las movilizaciones del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las colectivas feministas y de salud pública demandan al Gobierno de Quintana Roo, a través de un documento dado a conocer, asumir su responsabilidad constitucional y garantizar que el aborto seguro en Quintana Roo sea una realidad accesible.
Desde Gobernanza MX reiteran que mantendrán la vía del diálogo institucional apoyado en evidencia técnica. No obstante, subrayan que tras cuatro años del fallo judicial, la respuesta del Estado debe ser inmediata. “Despenalizar no alcanza: el derecho a decidir debe salir del papel y llegar a cada centro de salud de Quintana Roo”, concluyen.