Defensores del territorio y organizaciones exigen revisión exhaustiva a reforma ambiental
Verónica Santamaría · 29 de septiembre de 2026
Las audiencias públicas del Parlamento Abierto que analiza la reforma ambiental propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum continúan. En esta ocasión fue el turno de las personas defensoras del territorio, organizaciones ambientales y activistas, quienes acudieron a la Cámara de Diputados para presentar sus observaciones y propuestas sobre esta iniciativa.
Durante dos días aportaron temas relevantes en la mesa de trabajo “Participación de comunidades indígenas y rurales, defensores y activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil”, como la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental que, especialistas y científicos también abordaron en su intervención.
La reforma ambiental de Sheinbaum propone una actualización a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental que, actualmente, rige el marco jurídico de las instituciones ambientales del país.
Las personas defensoras del territorio, colectivos y activistas coincidieron en que deben incorporarse los estándares del Acuerdo de Escazú que garanticen la participación comunitaria y aseguren el presupuesto suficiente para su ejecución.
Organizaciones exigen cambios a la EAE y transparencia
A la mesa acudieron decenas de organizaciones ambientales y personas defensoras del territorio. Los primeros en participar fueron la representación del Colegio de Ingenieros Civiles de México con su Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad quienes señalaron las diferencias entre la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Manifestación de Impacto Ambiental (EIA).
Explicaron que la EAE es un instrumento macro de planeación para políticas, planes y programas, por lo que no debe aplicarse a proyectos de infraestructura individuales ni sustituir a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Dicho lo anterior, proponen modificaciones para cinco artículos específicos:
- Artículo 22: solicitan acotar la EAE exclusivamente a políticas y planes públicos.
- Artículo 28: piden suprimir la equivalencia entre EAE y autorización de impacto ambiental, advirtiendo que eliminar la MIA a nivel de proyecto vulnera la prevención y desprotege a las comunidades.
- Artículo 45: aclaran que ninguna obra debe iniciarse sin autorización previa y que cualquier inicio no autorizado debe ser nulo de pleno derecho.
- Artículo 51: proponen limitar la responsabilidad del consultor al uso de información oficial pública mientras no exista un sistema consolidado de datos.
- Artículo 53: exigen la supresión total del artículo 53 para garantizar la prevención técnica.
Luis Enrique Montañés Cartacho del Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos coincidió en que se debe corregir el concepto de la Evaluación Ambiental Estratégica que aparece en los Artículos 22 y 28.
Señaló que aplicar la EAE a proyectos de infraestructura individuales desvirtúa su función internacional, la cuál está enfocada en políticas y planes. Asimismo, rechaza la paridad entre dictamen de dicha herramienta y la autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental.
Luis Enrique también exigió que se transparente la totalidad de los estudios técnicos, anexos, solicitudes de información, los informes de cumplimiento, de condicionantes y modificaciones de los proyectos que den cumplimiento al ejercicio de transparencia en los procesos.
📌 Del 28 al 30 de septiembre, la Cámara de @Mx_Diputados realizará audiencias públicas para analizar la iniciativa de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Este será un espacio para escuchar a comunidades, academia, sociedad civil,… pic.twitter.com/5CThegVqqx
— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) September 27, 2026
“Participación sin simulación”: CEMDA
María Fernanda Armijo Silva de la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), pidió que este ejercicio de participación no termine con el desarrollo de las audiencias sino que continúe y haya más mesas de diálogo para discutir el análisis a la reforma de la LGEEPA.
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“Es deseable que esta consulta sea de verdad y no una simulación para legitimar algo que ya se tiene listo, solo para aprobar. Debe haber diversos foros a nivel nacional para recoger las opiniones y preocupaciones de diferentes actores”, destacó.
En su análisis, la experta valoró el reconocimiento de los polinizadores en la reforma de la LGEEPA, la inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica, el ordenamiento ecológico, las nuevas categorías de Áreas Naturales Protegidas y la Economía Circular.
Asimismo, expusó su preocupación por la falta de integración real del Acuerdo de Escazú en la iniciativa de reforma, los castigos por “uso indebido” de información, la falta de protocolos para defensores ambientales y el principio de “no regresión”.
De acuerdo con la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., la organización informó que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas.
Polinizadores, mares y pesca
Luis Arturo Carrillo Sánchez, coordinador de la Alianza Nacional Apícola celebró que por primera vez se incorpore de manera explícita la palabra “polinizadores” en el marco jurídico federal mexicano.
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Esta acción reconoce a los polinizadores; así como su valor económico y ambiental. Luis Arturo también destacó que el 81% de las especies de plantas requieren de la polinización animal y son las abejas las que realizan el 80% de esta labor.
“Hay muchos polinizadores: mariposas, escarabajos, arañas, roedores y lagartijas. Las abejas son los principales polinizadores. (…) hay más de 20,000 especies de abejas en el planeta y México, al ser un país megadiverso, es el segundo con más especies registradas de abejas en el mundo, (…) sencillamente sin abejas el país, tal como lo conocemos, desaparece y también todo lo que tiene que ver con la cultura indígena vinculada a la apicultura”, subrayó.
El experto advirtió del colapso de polinizadores por factores negativos como la deforestación, el cambio climático y el uso de plaguicidas. Por ello, propone adicionar un artículo para ceñir la legislación y política pública nacional al Plan de Acción para la Protección de Polinizadores del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU.
Esteban García Peña-Valenzuela, coordinador de Investigación y Políticas Públicas en Oceana México, inició su análisis celebrando la apertura de las diputadas y diputados con este parlamento abierto para escuchar las inquietudes de las organizaciones y personas defensoras del territorio.
García Peña-Valenzuela pidió fortalecimiento institucional con mayores facultades para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Por ello, sugirió que se elimine la discrecionalidad y se eviten conflictos de atribuciones.
Entre sus propuestas presentó iniciativas enfocadas en beneficio de la pesca y los océanos al pedir que se incluya la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el listado de leyes tuteladas.
“Es imperativo que se incluya esta ley porque tutela a un recurso natural que se encuentra en el océano, ambos propiedad de la nación y de todas y todos los mexicanos. También se somete a evaluación de impacto ambiental a actividades pesqueras o acuícolas que puedan poner en riesgo la preservación de especies o de causar daños en los ecosistemas complejizando con esto los procedimientos que deban seguir las personas pescadoras y abriendo la puerta a la discrecionalidad de las autores en de las autoridades que son Semarnat y Sader”, señaló.
También calificó pidió incorporar explícitamente el concepto de “restauración de recursos pesqueros” en los Programas Nacionales de Restauración, acorde con los Artículos 48, 133, 134, 136 y 150.
Participación ciudadana y justicia a pueblos originarios
Mariana Urías Malvido del colectivo Unión Loreto de Baja California Sur, llevó sus demandas a las diputadas y diputados a la segunda audiencia pública del Parlamento Abierto.
La activista colocó dentro de sus prioridades la participación de las comunidades y exigió una participación pública previa antes de autorizar proyectos.
Aprovechó para recordar la reciente oposición comunitaria del pueblo mágico y municipio de Loreto, en Baja California Sur, cuando el gobierno federal buscaba convertirlo en un proyecto de puerto de altura.
“El antecedente es Loreto, una comunidad pesquera que decidió seguir el consejo de la academia, de los científicos y de algunas organizaciones para convertirse en una comunidad guardiana del Golfo de California y de todas las especies que han sido documentadas”, recordó Urías Malvido.
También pidió que se reconozca la transición de economías pesqueras a conservación y turismo sustentable como ocurre con el santuario de la ballena azul. La activista propuso poner mayor atención a las evaluaciones de impactos acumulativos y evitar la fragmentación de los proyectos por etapas.
Iyari Balderas Cruz es un jóven defensor del territorio, de las comunidades y de los pueblos originarios pero también es licenciado en Sustentabilidad Ambiental por la Universidad Iberoamericana. Libros Prehispánicos A.C.). Acudió al Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para hablar del cambio climático y el impacto social.
Durante su participación propuso que tanto la Evaluación Ambiental Estratégica como la Manifestación de Impacto Ambiental incorporen el análisis de impactos sociales, poblaciones expuestas, riesgos acumulativos y adaptación al cambio climático ante eventos extremos
Además, exigió el cumplimiento del Artículo 2 constitucional mediante protocolos autonómicos y sistemas normativos propios que garanticen a los pueblos originarios una consulta pública que garantice su participación.
En materia de seguridad para las personas defensoras del territorio pidió que se establezcan sistemas de alerta temprana y enlace territorial para advertir presiones sobre agua y tierra vinculadas al crimen organizado.
Finalmente, enfatizó que para que exista justicia se debe facilitar información traducida a lenguas originarias y crear salas especializadas en materia ambiental dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.
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