Despenalización del aborto en Quintana Roo: a 4 años, rezagos persisten

Pese a que en Quintana Roo desde el 2022 está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, este año se han iniciado ocho averiguaciones previas o carpetas de investigación por este hecho, el cual es considerado un delito solo después de dicho periodo. Activistas sostienen que aún quedan muchos retos por cubrir para garantizar el derecho a un aborto seguro.

De acuerdo con los datos abiertos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de enero a agosto de este año se han denunciado ocho casos de aborto en Quintana Roo. 

El dato no especifica la carpeta de investigación ni precisa en qué municipio se realizaron.

Los detalles oficiales indican solamente que hubo dos casos en el mes de febrero, uno más en marzo, tres en mayo y dos en julio. La cifra duplica incluso el número de 2022, cuando durante todo el año solo se registraron cuatro casos. 

Quintana Roo tuvo que reformar la Constitución Política del Estado para acatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual emitió una sentencia que despenalizó el aborto en todo el país. Esto abrió la puerta para que en Quintana Roo, primero una mujer y luego un centenar, interpusieran amparos colectivos a favor del aborto, lo que se sumó a varios meses de movilizaciones, incluida la toma del Congreso del Estado en 2020.

La experiencia del aborto legal en Cancún

Manuela, de 36 años, narró su experiencia cuando se enfrentó a la necesidad de abortar. Su sorpresivo embarazo, en medio de una situación familiar complicada, que la orilló a tomar una decisión que puso en riesgo su salud.

Pese a ser una mujer profesionista y considerarse “informada”, al momento de enterarse de su embarazo no planeado no supo cómo actuar. Acudió con una ginecóloga privada que de tajo le dijo que ella no le practicaría ningún aborto e intentó convencerla de continuar con la gestación.

Esa situación la desalentó de acudir a un centro de salud o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque requería hacerlo. Finalmente, encontró en redes sociales a un grupo que la puso en contacto con una persona que la asesoró y le envió por paquetería misoprostol y mifepristona para abortar con medicamentos.

Manuela enfrentó sola el proceso: la primera toma le provocó un aborto parcial y, en una segunda dosis, tampoco pudo desechar los restos de tejido que quedaban en el útero. Después de presentar sangrado excesivo, fiebre y percibir un olor fétido, encontró a una ginecóloga que la atendió de urgencia practicándole una Aspiración Manual Endouterina (AMEU).

De no haberse realizado ese procedimiento, pudo haber desarrollado una infección grave que habría puesto en riesgo su vida. 

Sin campañas, insumos, ni capacitación 

La coordinadora de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS), Vanesa González Rizzo, consideró que, a casi cuatro años de su despenalización y con la reciente creación del Observatorio para el Ejercicio del Aborto Seguro en Quintana Roo, se ha advertido la existencia de muchos sesgos en la práctica del aborto seguro.

Vanesa González, quien ha realizado activismo relacionado con el aborto durante muchos años, sostuvo que, aunque se puede realizar sin ningún inconveniente mediante medicamentos, el panorama al que se enfrentan las personas que acuden a los hospitales es la falta de insumos, por lo que no se cumple con el protocolo de atención.

“Hay un servicio deficiente, si bien la doctora o el doctor lo pudo haber hecho correctamente, incluso amigablemente brindando información, el propio personal del hospital no cuenta con los datos necesarios como para dar un seguimiento correcto. (…) Entonces, el embarazo sigue su curso y muchas veces las personas se enfrentan con este tipo de barreras”, explicó.

La coordinadora de DAS sostiene también que, desde el momento de pedir información al ingresar a un hospital, un guardia de seguridad responde a menudo “eso aquí no se hace“ por sus propios prejuicios y porque no tiene la capacitación. 

Sin servicio seguro en la zona maya

En Quintana Roo, el acceso al servicio existe únicamente en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Esto significa que quedan fuera municipios como Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, los cuales albergan población indígena.

“No hablemos de lo que sucede en la zona maya de nuestro estado en donde de plano no se brinda el servicio. Porque mandan a las personas a otros hospitales en donde tenemos otro tipo de complejidad, nos dicen compañeras nuestras que si no sirve la ambulancia para una emergencia cualquiera, menos medicamentos para abortar”, señaló González Rizzo.

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Por ello, la activista concluye que, a pesar de haberse despenalizado el aborto en Quintana Roo, todavía hay muchos retos. El primero es mantener un trabajo coordinado con el sector salud para garantizar que la población sepa que el aborto no está penalizado hasta las 12 semanas de gestación. Para esto, se requieren campañas de difusión no sólo por internet o mediante folletos, sino buscando rutas de incidencia efectivas.

Sumado a ello, resulta urgente la capacitación de todo el personal que labora en clínicas y hospitales, así como garantizar los insumos, la actualización de los protocolos y la extensión de los servicios a todo el estado, incluida la zona maya.

Esto abarca fortalecer el protocolo de actuación para garantizar el servicio institucional, “porque puede haber objetores de conciencia que sean personas, pero no puede haber objetores de conciencia institucionales, es decir, las instituciones no pueden objetar, tienen que brindar el servicio”, detalló la experta.

Exigen la reforma al Código Penal estatal

Si bien la activista sostiene que las organizaciones pueden seguir acompañando, quien tiene la obligación de brindar el servicio es el Estado, garantizando que las usuarias se lleven su medicamento completo, tengan riesgos mínimos, acudan a su seguimiento y tengan acceso a una línea de atención.

González Rizzo destacó que, por parte del Congreso de Quintana Roo, aún está pendiente la reforma a la Ley General de Salud para que el sector médico no tenga confusión en su actuar y, principalmente, para borrarlo del Código Penal.

El diputado local Hugo Alday reconoció que existe desinformación sobre el aborto y también sobre la prevención del embarazo, al punto de que los propios legisladores atienden a decenas de menores de edad que requieren de estos servicios, muchas veces como víctimas de violación.

“En lo personal me ha tocado llevar varios temas a la Fiscalía, muchos casos al DIF, para sacarlas del lugar en el que se encuentran para retirarles la custodia al papá o mamá, incluso de madres que venden a sus hijas. Son temas feos, estamos llenos de abuso sexual y relaciones sexuales sin protección, ahí toca hacer campañas”, expresó.