Brecha laboral de género en Quintana Roo: costo y desigualdad de los cuidados

La brecha laboral de género en Quintana Roo alcanza un 29.4% de diferencia entre hombres y mujeres debido a la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado, en una economía donde el 34.5% de la fuerza asalariada carece de servicio médico y el 25.8% de los hogares depende de subsidios gubernamentales. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 dados a conocer por el Inegi, Quintana Roo registra una población de 2.1 millones de habitantes. En materia de integración económica, 62 de cada 100 personas de 12 años y más participan en el mercado de trabajo en la entidad.

Sin embargo, los datos oficiales exhiben una profunda asimetría de género: la participación económica masculina alcanza el 76.4%, mientras que la femenina se ubica en apenas un 47.0 por ciento. Esta brecha, que rebasa los 29 puntos porcentuales, tiene como principal detonante la asignación desproporcionada de las labores domésticas y de cuidados no remuneradas a las mujeres.

Esta barrera estructural restringe el acceso de las mujeres al empleo formal en un estado donde la edad mediana de la población aumentó a 31 años y el promedio de hijos por mujer descendió de 1.8 a 1.6 entre 2020 y 2025.

Desprotección médica y falta de prestaciones

La estructura productiva de Quintana Roo está hiperconcentrada en el sector Servicios (63.4%) y el Comercio (16.6%), actividades asociadas a la industria hotelera y turística del caribe mexicano. Aunque la tasa de ocupación general se sitúa en 97.6%, las condiciones de empleo reflejan serios vacíos de protección social.

Entre la población asalariada —que representa el 76.4 % de los trabajadores— persisten deficiencias severas en el cumplimiento de derechos laborales básicos:

—24.1% carece por completo de prestaciones laborales elementales.

—34.5% no cuenta con acceso a servicios médicos por la vía del empleo.

—31.6% no goza de vacaciones pagadas con goce de sueldo.

A nivel general, el 25.3% (una cuarta parte) de la población total del estado no está afiliada a ninguna institución de salud pública o privada. Entre quienes sí cuentan con cobertura, el IMSS concentra al 62.8%, los servicios públicos estatales al 17.6% y el esquema IMSS-Bienestar alcanza únicamente al 2.2% de los habitantes.

En entrevista para Animal Político Quintana Roo, la maestra Lesly Jurado Estrada, consultora en materia laboral en Fisher&Phillips, aseguró que estamos ante una Ley Federal del Trabajo estructurada en torno a un trabajador sin responsabilidades familiares.

“Desde la perspectiva del derecho laboral te confirmo que una reforma pendiente en el tintero del legislativo es la ampliación de la licencia de paternidad, ya que actualmente la Ley Federal del Trabajo contempla una licencia de paternidad de tan solo 5 días, lo que claramente refleja el lugar que de hecho se le otorga a la mujer”, explicó.

“La reforma para extender la licencia de paternidad ayudaría a contrarrestar el costo del cuidado que actualmente tienen las mujeres, ya que es completamente incongruente considerar que 5 días son suficientes para paternar en el cuidado de un recién nacido”, precisó Jurado Estrada.

Discriminación indirecta: jornadas rotativas y falta de corresponsabilidad

La economía de Quintana Roo depende en un 63.4 % de los servicios, con horarios rotativos y exigencia de disponibilidad total. A este respecto la también maestra en derecho constitucional, explicó que “hay un concepto que me gusta mucho que habla de la discriminación indirecta que establece que la clave para identificar la discriminación indirecta es distinguir entre una regla aparentemente neutral y su efecto”.

“Por ejemplo, una política empresarial como ‘el puesto requiere disponibilidad total, turnos rotativos, trabajo en fines de semana y posibilidad de cubrir cualquier horario’, no menciona a las madres. Formalmente podría aplicarse a hombres y mujeres por igual; pero se convierte en discriminación indirecta si esa exigencia afecta desproporcionadamente a personas con responsabilidades familiares, particularmente a mujeres, y no es indispensable o proporcional para las funciones concretas del puesto”, consideró la abogada y asesora legislativa.

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Las tareas de cuidados y del hogar restringen la participación de las mujeres en el ámbito laboral en un 47 por ciento. “Lamentablemente aquí el campo de acción se reduce”, subraya Jurado sobre qué podrían hacer las trabajadoras para presionar a las grandes empresas a instalar centros de cuidado infantil. “Al no existir una legislación o NOM que obligue al empleador a contar con guarderías y centros de cuidado infantil”.

Sin embargo, la experta presenta un camino posible: la “fuerza colectiva podría mediante un sindicato” plantear como condición de trabajo un paquete de corresponsabilidad que incluya: instalación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI); convenio con el IMSS; contratación o financiamiento de una guardería cercana; transporte entre el hotel y la guardería; cobertura compatible con turnos nocturnos; horarios de entrada y salida previsibles; mecanismos de intercambio de turnos; y permisos para emergencias de cuidado.