Especialistas rechazan censura en lineamientos de audiencias, pero advierten riesgos
Andro Aguilar · 30 de julio de 2026
Especialistas en comunicación y derecho a la información coinciden en que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias que promueve el gobierno federal para que sean aplicables a medios de comunicación en televisión y radio no contienen mecanismos de censura ni prohibiciones a la libertad de expresión. No obstante, consideran necesario hacer precisiones para fortalecerlos y evitar posibles arbitrariedades en su aplicación.
En entrevista, Aleida Calleja y Raúl Trejo Delarbre, expresidentes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), coinciden en que si bien faltan precisiones en los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las acusaciones de censura tienen un trasfondo económico.
Raúl Trejo Delarbre, investigador emérito en el Sistema Nacional de Investigadores, advierte que hay motivos para desconfiar y pensar que pueda existir una intención de censura, pero al revisar el documento no halló razones que la sustenten.
“Comprendo las suspicacias que están surgiendo sobre todo en medios de comunicación críticos, en legisladores de oposición y gente que desconfía de lo que hace el gobierno, porque el actual y el anterior gobierno han mantenido un constante y abusivo acoso en contra de comentaristas críticos, en contra de medios de comunicación independientes. La misma presidenta (Claudia) Sheinbaum se ha quejado en varias ocasiones de la cobertura noticiosa que hacen medios que no se ciñen a lo que ella quisiera que publicaran. Hay una hostilidad del gobierno hacia los medios en el contexto en el cual entiendo estos reclamos. He revisado la propuesta de lineamientos para regular los derechos de las audiencias que presenta la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y sinceramente no encuentro motivos para suponer que de aquí se derivarían acciones de censura”.
Trejo Delarbre la califica como una solución “prudente y casi elegante” para diferenciar la opinión de la información en los noticieros.
El especialista destacó como uno de los principales puntos, y quizá la mayor preocupación entre empresarios de la industria, la obligación de distinguir cuando su contenido se trata de publicidad y contenido patrocinado.
“Esto no les gusta a los empresarios. Creo que es útil que los radioescuchas o televidentes sepan de manera absolutamente clara cuándo se les está ofreciendo un contenido producido por los comunicadores de cada empresa y cuándo se trata de un asunto resultado de un convenio comercial”.
Se busca sancionar algo que no existe en la ley
El especialista señaló, sin embargo, que en el artículo 12 de los lineamientos se menciona que los concesionarios adoptarán medidas para no difundir información falsa o descontextualizada, pero eso no está contenido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y los lineamientos no pueden decir algo que no dice la ley.
“Esto se lo sacaron de la manga, se lo inventaron los comisionados o quien quiera que les haya hecho este proyecto de lineamientos. Y yo creo que es fácilmente impugnable la existencia de esta intención para que en los noticieros de radio y televisión no haya información falsa ni descontextualizada”.
Aun cuando se mantuviera, destaca, no hay manera de sancionar a los concesionarios porque no está contemplado en la ley.
Los lineamientos, que están abiertos a una consulta pública hasta la segunda semana de agosto, señalan que cada medio de radio y televisión deberá designar a su propio defensor de audiencias y elaborar su código de ética. Si una persona del público considera que un programa o publicidad viola sus derechos o el código del medio, podrá quejarse ante ese defensor, quien debe solicitar un informe y resolver el asunto con una recomendación de corrección si comprueba la falta.
El usuario puede acudir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones si está inconforme con la solución o si el medio no atiende la recomendación. En esos casos la CRT revisa el caso, dicta una resolución final y, si la empresa se niega a cumplirla, inicia un procedimiento de sanción.
Trejo Delarbre señala también una irregularidad que, advierte, no es legal, sino política, debido a que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende de la Agencia de Transformación Digital, que la ley dice que tiene independencia técnica, operativa y de gestión; sin embargo, fue presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
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“¿Con qué atribuciones se apropian de un documento de un organismo que debe tener, según la ley, independencia técnica, operativa y de gestión?, cuestiona.
El investigador insistió en que los comentarios sobre censura obedecen a causas comerciales.
“No hay las posibilidades de censura que hoy deploran muchos comentaristas de buena fe y que, tengo la impresión, son comentarios propiciados o inducidos por algunos empresarios de la radio y la televisión descontentos, no solamente o no tanto con posibles restricciones a la libertad de expresión, sino con el apartado que les obligará a señalar como tal la publicidad que hoy difunden de manera encubierta”.
“Tenemos derecho a saber que es algo pagado”
Aleida Calleja, experta en derecho a la información, libertad de expresión y derechos digitales, destaca que los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones obedecen a un mandato de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada hace un año.
La especialista advierte que hacen falta precisiones que puedan desencadenar en arbitrariedades, pero destaca el derecho de televidentes y radioescuchas a saber si lo que están consumiendo es noticia o publicidad o propaganda encubierta.
“Salvo algunas cosas que deben ser precisiones, porque son como de hilado fino, para no dejar cosas imprecisas que puedan llevar a algún acto arbitrario, en general los lineamientos están acordes a lo que establece la ley a lo largo del tiempo. Y me parece que (en algunas críticas) se están planteando prohibiciones que no existen en la propuesta. Lo único que hace es garantizar que se transparente cuando la información es propaganda o publicidad pagada o cuando no lo es. No se está diciendo que no lo pueden hacer, simplemente que nosotros como audiencia tenemos derecho a saber que es algo pagado y por lo tanto tiene un interés muy concreto”, explica.
La especialista señala que si bien es deseable que los medios se autorregulen, ha habido excesos de las empresas y llama a que la discusión se realice de manera seria y sin estridencias.
La actual defensora de las audiencias de Canal 22 explica que distinguir la información de la opinión es algo que ya ocurre en otros países. Reconoce que en televisión no siempre la dinámica permite colocar una pleca al momento de opinar —como establecen los lineamientos—, pero hay fórmulas sencillas para aclararlo oralmente con frases como “en mi opinión”, “lo que yo creo”, por lo que debería haber más flexibilidad.
Aleida Calleja insiste en que hay un avance y que se pueden mejorar algunos aspectos de los lineamientos que pueden generar polémica. Sin embargo, advierte, se está generando desinformación.
“Cuando la oposición acusa que hay censura, a mí me gustaría saber exactamente cuáles son los argumentos para determinar esta censura. La libertad de expresión es tan importante para cualquier sociedad que requiere de un debate serio, informado, que nos permita mejorar la calidad democrática y el debate democrático. No sirve la estridencia para esto, porque termina priorizando a unos y excluyendo a otros, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia de los medios en este país y de lo que se trata es de hacer un equilibrio”.
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La especialista también destaca que hay un problema de diseño institucional cuando el órgano encargado de controlar estos lineamientos ya no es independiente, sino adscrito a una dependencia gubernamental.
“La CRT ha intentado hacer su mejor esfuerzo, pero tiene el problema de que está adscrita a una institución gubernamental y sería preferible que no fuera así, pero ya es así. Ahora lo que toca es poner los criterios y las aclaraciones pertinentes para que exista el menor margen de maniobra para una arbitrariedad”.
La especialista señala que debe haber mayor precisión respecto de cuando se señala que hay desinformación emitida por un concesionario en televisión o radio, ya que esta puede ser por una equivocación, porque el contexto es confuso o porque hay dolo. Sin embargo, destacó la importancia de que el contenido sea transparente.
“Los medios tienen dueños y los dueños tienen intereses, y no está mal, nada más hazlo transparente; ‘no me dores la píldora’, dime que estás en defensa de tus intereses, y es legítimo y válido, pero no se vale generar la desinformación a sabiendas de que lo estás haciendo con dolo. Esas son las partes que requieren mayor precisión, mayores criterios orientadores, que acoten el uso político o el uso arbitrario de este tipo de figuras”.
¿Qué dicen los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias?
La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones prohíbe a concesionarias de televisión abierta, radio y televisión/audio de paga presentar publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa. En televisión, los espacios comercializados o patrocinados deberán identificarse en pantalla con el símbolo “P” durante al menos cinco segundos al inicio y al final del segmento. En radio, la aclaración debe hacerse verbalmente de forma previa. Asimismo, exige incorporar elementos sonoros o visuales como plecas, cortinillas o avisos al inicio y al final de los programas para que las audiencias identifiquen cuándo los conductores expresan opiniones o presentan notas informativas.
También ordena que las emisoras eviten la difusión de información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual. Exige difundir los procedimientos para ejercer el derecho de réplica. Asimismo, obliga a incluir subtitulaje oculto y Lengua de Señas Mexicana en al menos un noticiario y un programa infantil de mayor audiencia al día.
Como mecanismos de protección de las audiencias, la CRT establece que cada medio debe emitir e inscribir ante la CRT un documento con sus principios editoriales y valores, además de designar a una persona defensora imparcial encargada de dar trámite a las quejas del público en un plazo máximo de 20 días.
De dónde vienen los lineamientos
El pasado 24 de julio de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó someter a consulta pública por 20 días los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El documento establece obligaciones para concesionarias de televisión abierta, radio y televisión/audio de paga, así como para programadoras. No incluye redes digitales ni medios en internet.
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La emisión de estos lineamientos responde a un mandato establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expedida el 16 de julio de 2025, que dio plazo de un año para expedir las disposiciones administrativas.
Críticas y advertencias
La propuesta de lineamientos de la CRT ha generado posturas encontradas. La organización Artículo 19, especializada en la defensa de la libertad de expresión, señaló en un mensaje en sus redes digitales que no se espera autonomía e independencia en las decisiones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ni en la aplicación de los lineamientos frente al Poder Ejecutivo.
La organización advirtió que la propuesta de los lineamientos excede lo dispuesto en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que establece procesos, mecanismos y sanciones que no fueron previstos ni aprobados por el Congreso.
Asimismo, legisladores de oposición manifestaron su rechazo al proyecto con el argumento de que hay riesgos de control estatal sobre la información.
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, afirmó que la propuesta responde al interés del gobierno por controlar la conversación pública. Advirtió que las multas de hasta el 1 % de los ingresos anuales para quienes incumplan los lineamientos provocan un efecto inhibidor favorable a la autocensura.
“No estamos en contra de los derechos de las audiencias; estamos en contra de que el gobierno sea el juez de la verdad”.
El PRI presentó en el Congreso un punto de acuerdo en el que exhorta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a ajustar su propuesta para establecer límites claros a la actuación de la autoridad y salvaguardar las libertades de expresión, información, programación y editorial. Llamó a garantizar que la CRT no sustituya el criterio editorial de los medios de comunicación y a eliminar cualquier disposición que implique censura, presión o sanción a los medios.
Kenia López Rabadán, diputada del PAN, señaló ambigüedades que pueden poner en riesgo la libertad de expresión. La legisladora advirtió que la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o sancione a los medios resultaría en censura.
En un comunicado, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó que apoya el mandato de proteger a las audiencias, pero señaló que los lineamientos dan lugar a discrecionalidad al permitir al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, imponen sanciones desproporcionadas no previstas en la ley, pretenden establecer un recurso de inconformidad para revisar decisiones de los defensores y no prohíben quejas anónimas que podrían usarse como mecanismo de presión contra comunicadores.
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Cuestionado al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ignacio Mier Velazco, llamó a la prudencia y a participar en la consulta pública antes de emitir juicios precipitados.
“No hay que emitir un juicio hasta que no tengamos los resultados, las conclusiones y las modificaciones, en su caso, que deriven de la consulta”.
Durante el espacio Derecho de Réplica, que realiza la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde insistió en que los lineamientos no los emitió la presidenta Claudia Sheinbaum sino la CRT en cumplimiento de la ley.
La funcionaria rechazó las acusaciones de censura y sostuvo que se trata de que se respete a las audiencias y no se les trate de engañar y de manipular.
“Son los propios medios los que construyen sus códigos de ética y los que designan a estos defensores”, argumentó.