¿Derecho, libertad o responsabilidad? Las paradojas de la expresión

Hay personas de la vida pública cuyo único reclamo de relevancia es el ridículo. A veces, esas personas se encuentran y deciden buscar el ridículo en equipo, con la burda esperanza de que alguien les tome en serio. Con esto dejo claro que me interesa hablar de la reciente polémica que enfrenta el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado mexicano por decidir no transmitir una entrevista, realizada por una “figura pública” a un conocido personaje que aspira a ser la cara y el liderazgo de la derecha reaccionaria en nuestro país, en la que repetiría su discurso antiderechos. El problema real no es su patético espectáculo (por lo que no los mencionaré de nuevo), sino la discusión de fondo sobre la decisión tomada por las defensorías de audiencias del SPR y el Canal Once.

Mi postura es clara: la decisión tomada fue correcta y un raro acto político de responsabilidad. Los discursos de odio, antiderechos, que incitan a la violencia contra cualquier persona (homofobia, transfobia, xenofobia, racismo, clasismo, misoginia, por mencionar los más comunes) no tienen ni deben tener lugar en la vida pública. Tampoco deben normalizarse mediante la discusión, el debate o la polémica. Si algo hemos aprendido en la última década es que su principal estrategia de acción es ésa: estirar y poner a prueba los límites de lo aceptado socialmente. Ampliar la “tolerancia” para justificar la violencia y la exclusión.

También hemos aprendido que estos discursos y estrategias cuentan con los espacios, las figuras y los recursos para difundirse de manera virulenta y acelerada. El sesgo denunciado de plataformas como X o Facebook, su presencia en radio y televisión nacional e internacional dentro de programas de entretenimiento o barras de opinión de noticieros, en periódicos y medios digitales, nos demuestran que no les faltan espacios, voces ni representación. ¿Por qué deberían ampliarlos más los medios de comunicación del Estado mexicano? A diferencia de los medios privados (que en nuestro país explotan un bien público como el espectro radioeléctrico), los medios públicos deben reflejar el proyecto de nación y hacer valer los principios constitucionales, así como las reglas y leyes que los materializan.

También sostengo que no es censura ni tutela del Estado sobre la ciudadanía no transmitir esa entrevista. Reitero que ya existen otros espacios y plataformas donde pueden consultarse esos discursos para quien quiera hacerlo, como la entrevistadora hizo al difundir por su cuenta la entrevista. Tanto la censura como la tutela son salidas tramposas para no discutir la relación que existe entre derechos, libertades y responsabilidades políticas. La principal responsabilidad del Estado, en materia de libertad de expresión, es garantizar que no se difundan ideas contrarias a los valores democráticos y republicanos que enarbola la Constitución como pacto fundacional de nuestro país. La libertad de expresión es un derecho que debemos ejercer, sí, y que deben garantizar que lo hagamos sin sanción o proceso judicial por hacerlo, o sin que se ponga en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física, cosas que no ocurren por no transmitir una entrevista.

Manuel Buendía defendía que una de las principales responsabilidades del Estado era la comunicación social como parte del ejercicio del poder, una acción concreta que definía cómo traduce un gobierno su programa y lo presenta ante el pueblo, y se conforma de cuatro elementos: información, publicidad, propaganda y relaciones publicas. La aspiración que tuvo el maestro y columnista era que el Estado promoviera una comunicación social democrática, una política que, en sus palabras: “fructifica en un sistema nacional, en un estilo nacional de vida, que convierte al pueblo en protagonista de su propio gobierno.” Lejos estamos de ello, incluso este gobierno que se asume popular lo está, pero esta decisión al menos refleja una política de comunicación social con límites claros.

Los medios públicos son un espacio de ejercicio de derechos administrado por el Estado, y el derecho a la libre expresión no incluye promover o dar lugar a discursos violentos, contrarios a los valores democráticos y republicanos que enarbolamos como una sociedad y un país que se asume como tal. Por ello, este respaldo a la decisión de las defensorías de las audiencias debe acompañarse por la rendición de cuentas: quiénes fueron responsables de que esa entrevista ocurriera en primer lugar, y que sólo esa decisión previno su transmisión. Como un instrumento de la comunicación social del Estado mexicano, dichos medios deben ser plataformas populares, donde el pueblo al que presumen dirigirse no sólo sea espectador, sino también un creador y comunicador de sus problemas, de sus realidades.

Y ahí también reside una crítica al gobierno federal. Que las defensorías hicieran su trabajo en esta ocasión no nos hace olvidar que en estos espacios permitieron la cooptación de programas y líneas editoriales por figuras afines al partido en el gobierno. Tampoco se nos olvida, a nivel local, que en un programa de la ciudad de México atacaron a Carla Escoffié por criticar la elección judicial. No es una de cal por las que van de arena, es un llamado de atención para que sea el inicio de una reformulación de su política de comunicación social. Un gobierno que vive preocupado por sus narrativas no puede considerar que sólo cooptando los medios públicos se gana la batalla. Si no abre los espacios al pueblo, y refleja mediante estos medios la diversidad de realidades que conforman nuestra vida nacional, sólo facilitará que esos discursos de odio que hoy previene de presentarse, ocupen los vacíos que genera su desatención de las voces populares que han sido negadas.

* Armando Luna Franco (@alunaf_89) es candidato a doctor en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en política nacional, pensamiento político y análisis de coyuntura.