Abren proceso penal contra juez de Colima señalado por Sheinbaum; 14 de diciembre, audiencia inicial

El proceso disciplinario contra el juez de Colima, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum por presuntas irregularidades en su actuar, escaló del ámbito administrativo al terreno penal.

Ahora, el impartidor de justicia federal no solo enfrenta la suspensión temporal de sus funciones por orden del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), sino que además afrontará una investigación penal abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito contra la administración de justicia.

Frente al marco constitucional vigente en México, que declara inatacables los fallos del nuevo Tribunal de Disciplina y prohíbe el uso del juicio de amparo contra sus decisiones, aunado al procedimiento penal en puerta, la defensa del juzgador alista acciones en su defensa ante organismos internacionales de derechos humanos.

Causa penal contra el juez Sergio Alberto Sigales: detalles del caso

El pasado 8 de octubre, Animal Político dio a conocer que el TDJ analiza un proyecto de resolución elaborado por el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, el cual propone la destitución e inhabilitación definitiva del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima.

Este procedimiento sancionador inició a finales de octubre de 2025, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, a petición de la Secretaría de Marina (Semar), solicitara actuar en contra del juzgador por presuntas irregularidades en su desempeño.

Las acusaciones contra el juez de Colima se centran en su presunta intervención irregular en cuatro procedimientos abreviados mediante los cuales supuestamente redujo las penas de cinco personas acusadas de delitos como posesión de drogas y portación de armas. 

Aunque no se ha confirmado si existe relación directa con estos cuatro procedimientos abreviados, la actuación jurisdiccional del juez Sigales Obrador Garrido también fue judicializada por la FGR bajo la causa penal 104/2026.

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El trámite de esta causa penal presentó complicaciones iniciales de competencia local, luego de que las tres personas juzgadoras de control adscritas al Centro de Justicia Penal Federal en Colima presentaron excusas formales para no conocer del proceso contra su homólogo.

Tras declararse fundados los impedimentos por un Tribunal Colegiado de Apelación, el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) comisionó a una jueza del Centro de Justicia Penal Federal en Nayarit para desahogar las audiencias del caso.

La audiencia inicial en materia penal se fijó para el 14 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas en la Sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, la cual se llevará a cabo de manera remota mediante enlace con la juzgadora adscrita en Nayarit. 

Respecto a la cita judicial y a la designación de la autoridad encargada, el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido cuestionó en entrevista para Animal Político la imparcialidad de la juzgadora que revisará su caso.

“Ya tengo fecha de audiencia inicial […] con la jueza de Nayarit, una jueza que resultó de la elección judicial. ¿Me preocupa?, claro que me preocupa. Aquí mi pregunta es, ¿trae línea la señora?”.

Sobre la gravedad de llevar las interpretaciones jurídicas de las personas juzgadoras al ámbito penal, el abogado Arturo Guerrero Zazueta, representante legal del juez e integrante de la Alianza por la Independencia Judicial, advirtió sobre los riesgos para el gremio judicial en México.

“Si lo disciplinario es alarmante, que esto transite al ámbito de lo penal es escalofriante ya. O sea, un juez ahora no está preocupado porque le revoque la decisión, está preocupado porque sus decisiones no puedan conllevar un enfrentamiento político, señalamientos mediáticos, la posibilidad de destitución e inhabilitación […] Te estás jugando la libertad hoy por una cuestión que era velar por los derechos de personas que están sometidas a un proceso penal”.

El patrón de persecución penal contra juzgadores en México

El proceso penal abierto contra el juez de Colima sigue un patrón sistemático de actuación ampliamente documentado por organizaciones civiles y organismos multilaterales de derechos humanos.

El 16 de abril de 2024, Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió una carta a las autoridades mexicanas expresando su preocupación por el presunto uso indebido de canales gubernamentales para estigmatizar a operadores de justicia.

En su comunicado oficial, la relatora especial señaló que este mecanismo iniciaba con la descalificación pública de sentencias en conferencias matutinas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de secciones como “Jueces que favorecen a delincuentes”.

Posteriormente, estos señalamientos mediáticos derivaban en quejas administrativas impulsadas por dependencias del Poder Ejecutivo Federal (como la Presidencia, Gobernación, Seguridad Pública, Marina o Sedena) ante los órganos disciplinarios, así como en investigaciones penales abiertas por la FGR.

La relatora especial citó casos concretos de juzgadores perseguidos penalmente, como el del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado —conocido en el ámbito jurídico por sus resoluciones para inaplicar la prisión preventiva oficiosa con base en estándares internacionales de derechos humanos—, el juez Samuel Ventura Ramos —asociado al caso Ayotzinapa— y la jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo.

Asimismo, la representante de la ONU recordó los marcos normativos internacionales que obligan al Estado mexicano a garantizar la independencia judicial, citando el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A nivel nacional, en el informe La independencia judicial en jaque, la Fundación para la Justicia indicó que señalar públicamente a los jueces permite desviar la atención de las deficiencias probatorias de las fiscalías.

Asimismo, advirtió sobre la falta de claridad entre las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para investigar por la vía administrativa y penal.

En su informe, la Fundación para la Justicia concluye que el esquema disciplinario y la persecución penal vulneran las garantías de la judicatura, debido a que “sus decisiones serán definitivas e inatacables, lo que significa que no procederá juicio ni recurso alguno en contra de estas, lo que constituye un riesgo para la protección de las garantías procesales de las personas juzgadoras”. 

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El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las resoluciones emitidas por el Tribunal de Disciplina tienen el carácter de definitivas e inatacables, lo que significa que no existe ninguna instancia judicial superior dentro del país que pueda modificarlas o anularlas.

A este precepto constitucional se suma la reforma a la Ley de Amparo, cuyo artículo 61, fracción III, estipula de forma explícita que el juicio de amparo es improcedente contra cualquier acto u omisión proveniente del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta combinación normativa cierra definitivamente la posibilidad de solicitar la revisión de las sanciones administrativas en tribunales mexicanos.

Defensa del juez acudirá ante la CIDH y la ONU

Ante la falta de recursos judiciales efectivos en México, la representación legal del juez Sergio Sigales sostuvo reuniones con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la ONU para denunciar violaciones a la independencia judicial.

Sobre las acciones internacionales, el abogado Arturo Guerrero Zazueta confía en un fallo favorable: “este caso se va a ganar, no hay forma de que se pierda, porque va en contra de todo. Lo gravísimo es que solo pueda ganarse en instancias internacionales con un enorme costo humano”.