CIDH y la desaparición: la necesidad urgente de construir una Política Nacional con las víctimas

“¿Qué Estado construye sin las víctimas? […] Tienen la vergüenza de pedirnos que no politicemos a nuestros desaparecidos, cuando quienes los politizan son funcionarios públicos, porque a nosotras sólo nos importa regresarlos y regresarlos con vida”, aseveró Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato, quien busca a su hermano Manuel. Lo hizo durante la presentación del Informe sobre desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde participaron autoridades y a la que fuimos invitadas desde el Centro Prodh a comentarlo. 

La CIDH publicó este documento un día después de la XIV Marcha por la Dignidad, realizada en distintas entidades de la República, la cual resignifica el “Día de las Madres”, fecha que las buscadoras han reinterpretado con demandas de verdad, justicia y memoria. 

La publicación del informe ocurre además en un momento clave, marcado por el debate sobre el escrutinio internacional frente a la crisis de desaparición, tras la polémica visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la reciente determinación del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) y la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas impulsada por el gobierno federal. Además, de las distintas manifestaciones de los colectivos de búsqueda en torno a mundial para visibilizar la crisis. 

En este último informe, la Comisión Interamericana analiza la situación a partir de 2018, como un fenómeno vigente y generalizado, que constituye una grave crisis de derechos humanos, la cual se ha agravado con el tiempo. Al respecto, y a diferencia de lo que se ha señalado desde la tribuna presidencial en múltiples ocasiones, se constata que las desapariciones no son un fenómeno del pasado, sino que persisten hasta la actualidad, sin que aún exista una Política Nacional para revertirla.  

La CIDH destaca que las desapariciones forzadas cometidas directamente por elementos del Estado continúan ocurriendo y no han sido erradicadas en el presente; es decir, no sólo se cometieron en la época de la llamada “Guerra Sucia”. 

Al analizar las desapariciones cometidas por elementos no estatales, en particular el crimen organizado, el organismo internacional señala que esta grave violación a derechos humanos se comete en connivencia, apoyo o coordinación de grupos criminales con autoridades estatales en el marco de redes de macrocriminalidad, hechos en los que se configurarían desapariciones forzadas. 

Al respecto, destaca que el Estado reconoció en su Estrategia Nacional de Seguridad de 2018 – 2024, que la extensión y el poder del crimen organizado en México no puede explicarse sin un grado de involucramiento de personas funcionarias públicas que le den protección e impunidad, en el marco de los altos niveles de corrupción en instituciones del Estado, específicamente en las instituciones vinculadas con la lucha contra el crimen y la procuración de justicia; ratificando lo que se ha dicho en múltiples ocasiones en este espacio, respecto a que los nidos de impunidad se encuentran en las mismas fiscalías. 

Por ello, la Comisión reconoce que en casos como Teuchitlán es imposible que las autoridades no conocieran de la connivencia con las redes macrocriminales, lo que apunta a una posible situación de aquiescencia.

Lo que hoy ocurre  en la Montaña baja de Guerrero – con denuncias de violencia exacerbada contra la población civil y de decenas de desapariciones – refleja la gravedad de los contextos descritos en el informe. Se trata de escenarios en los que resulta difícil pensar que las autoridades desconocieran lo que ocurría o el riesgo real de que hechos como lo que vemos ocurrieran contra la población, donde las autoridades no han adoptado medidas para evitarlos durante años. Ese es uno de los retos más profundos para nuestra democracia.   

El informe debe revisarse con atención; presenta con mucha claridad los perfiles de víctimas, los contextos de reclutamiento forzado y los impactos diferenciados en las niñas y adolescentes. Aunque reconoce esfuerzos del Estado, particularmente en los marcos normativos, señala que éstos han sido insuficientes debido a la falta de implementación adecuada, la descoordinación institucional y la impunidad estructural que prevalece en estos casos. Asimismo, advierte sobre el impacto de la militarización de la seguridad pública en el aumento de las desapariciones y señala que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) profundiza una política sostenida desde 2006.  

Sobre la crisis forense, que hoy suma más de 80 mil cuerpos sin identificar, la CIDH destaca el desmantelamiento de mecanismos como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH); y la falta de implementación adecuada de herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), por el que también han luchado buscadoras como Olimpia Montoya. En ese sentido, destaca el reconocimiento de la falta de trazabilidad para los esfuerzos de identificación que hay a nivel local. 

La Comisión también destaca la situación de violencia contra personas buscadoras, especialmente mujeres. Hoy son más de 35 buscadoras asesinadas desde 2010, y en este panorama el órgano interamericano subraya la obligación del Estado de reconocerlas como defensoras de derechos humanos. A la vez, la Comisión da cuenta de cómo se han ido cerrando verdaderos espacios de consulta con las víctimas y sociedad civil.  

Al final, el organismo regional presenta 40 recomendaciones al Estado con el objetivo de que sean atendidas para abordar esta crisis y ofrece su asistencia técnica para ello. Durante el evento y en un comunicado, los representantes del Estado reconocieron el diálogo con la Comisión Interamericana. Sin duda la posición del Estado dista de lo que hemos visto recientemente en su respuesta con otros mecanismos internacionales, en particular respecto del Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED); por ello, debe ser reconocida la determinación de la Comisión para lograr tener diálogo con la sociedad civil, víctimas y Estado. 

El reto para todas las partes -Comisión, Estado e incluso sociedad civil- se encuentra en cómo dar seguimiento a estas recomendaciones e impulsar acciones que se alejen de inercias institucionales que han probado ser insuficientes. Porque más allá de los tecnicismos y de marcos normativos aplicables, la CIDH concuerda con lo que en semanas pasadas ha determinado el Comité CED: que estamos ante una crisis de dimensiones no vistas en la región y que la misma requiere de acciones extraordinarias, implementadas con las familias, así como de un verdadero compromiso por hacerle frente y prevenir que siga avanzando.

Esas medidas requieren de reconocer –sin tapujos o matices– la crisis y los rostros que hay detrás de ella, porque como lo mencionó en reunión con la CIDH, Diana Iris García, madre de Daniel Cantú desaparecido en Coahuila en 2007: “El Estado no quiere reconocer a nuestros seres queridos, pero nosotras, sus madres, somos la prueba de que existen”. La voz de estas madres será la prueba si se dan pasos en la dirección correcta y de su mano.