Jueces y magistrados denuncian “hostigamiento disciplinario” por fallos contra reforma judicial

Alfredo Maza · 14 de septiembre de 2026

Jueces y magistrados denuncian “hostigamiento disciplinario” por fallos contra reforma judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) abrió al menos 20 procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados federales por emitir fallos contrarios a la implementación de la reforma judicial en México.

“Existen al menos 20 procedimientos disciplinarios en trámite fundados en hechos similares, cuyo patrón común es haber otorgado suspensiones o sentencias de amparo en contra del proceso de la reforma judicial”, denunció la asociación mediante un comunicado.

Por este motivo, la JUFED expresó su respaldo y solidaridad con juezas, jueces, magistradas y magistrados —tanto en activo como en retiro forzado— que enfrentan un entorno calificado como de “hostigamiento y persecución administrativa” y penal a raíz del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Jueces y magistrados denuncian “hostigamiento disciplinario” por fallos contra reforma judicial
La JUFED denunció que el Tribunal de Disciplina Judicial abrió al menos 20 procedimientos disciplinarios. (Foto: Cuartoscuro Archivo).

Hasta el momento, el Tribunal de Disciplina Judicial, presidido por la magistrada Celia Maya García —electa mediante voto popular—, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto.

Casos señalados: Jueces y magistrados enfrentan procedimientos y denuncias penales

Entre los casos expuestos por la asociación se encuentra el de la exjueza María Gabriela Ruiz Márquez, del Estado de Jalisco. 

A Ruiz Márquez, el Tribunal de Disciplina Judicial le admitió un “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa” e inició un procedimiento derivado de la emisión de la sentencia en el juicio de amparo 1338/2024, promovido por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La JUFED sostuvo que este caso no es aislado y señaló también la situación de la jueza Martha Eugenia Magaña López, quien enfrentó denuncias por dictar suspensiones contra el proceso legislativo vinculado con la reforma judicial.

Jueces y magistrados denuncian “hostigamiento disciplinario” por fallos contra reforma judicial
Desde 2024, jueces y magistrados federales advirtieron sobre los posibles riesgos de persecución contra las personas juzgadoras tras la reforma judicial. (Foto: Cuartoscuro Archivo).

Adicionalmente, la asociación de jueces y magistrados aseguró que se están realizando denuncias penales contra juzgadores que dictaron resoluciones contra la reforma judicial o por inaplicar la figura de prisión preventiva oficiosa —conocida como prisión automática— en cumplimiento de una sentencia de un tribunal internacional.

Riesgos de persecución ante la creación del Tribunal de Disciplina Judicial

Desde finales de 2024, jueces y magistrados federales advirtieron sobre los posibles riesgos de persecución contra las personas juzgadoras tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dicha legislación dotó de amplias facultades al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para vigilar la actuación de los juzgadores “de manera similar a una policía”.

“La novedad no es que exista un Tribunal de Disciplina Judicial, la novedad es el enfoque que se les está imprimiendo: el enfoque policial. La capacidad pretendida para que los jueces de jueces, que son los que disciplinan a los jueces, tengan la capacidad de revisar las decisiones como si fueran otra instancia, pero no para revocar la decisión ni para modificarla, sino para sancionar a la persona que desempeña la función de juzgar”, dijo el magistrado Juan José Olvera López al encabezar una de las entonces conferencias matutinas de los jueces.

Al aprobar por mayoría de votos la nueva Ley Orgánica del PJF, el Pleno del Senado de la República aprobó crear una figura llamada “agentes investigadores” para vigilar el comportamiento y la actuación de las personas juzgadoras federales.

Tras la aprobación de esta norma, la JUFED manifestó su total rechazo a dicha figura, asegurando que se trata, en los hechos, de un “tribunal de inquisición judicial”.

“Ante estas medidas desproporcionadas y autoritarias, la JUFED anuncia que impugnará esta ley por todos los medios legales disponibles, en defensa de la independencia judicial y los derechos fundamentales de las personas juzgadoras”, señaló la asociación mediante un comunicado.

Por su parte, el magistrado Jorge Rogelio Alanís García, al explicar por qué consideran que estos agentes “van a funcionar de manera similar a una policía”, aseguró que esto es así porque van a poder vigilar de manera constante a los juzgadores.

“Como les refiero: si tienes siempre atrás a un policía que te está vigilando, pues es porque está asumiendo o presumiendo que vas a actuar de manera contraria a derecho, cuando lo que debe inferirse, si es un juez realmente independiente e imparcial, es que, por regla general, se resuelve conforme a derecho”, dijo.

Postura de JUFED sobre estándares internacionales e independencia judicial

Respecto a las medidas aplicadas a las personas juzgadoras, la JUFED sostuvo que “sancionar a personas juzgadoras por impartir justicia y haber examinado la regularidad constitucional de un procedimiento legislativo transgrede los estándares internacionales en materia de garantías judiciales y convierte a los órganos disciplinarios en tribunales de revisión ideológica y política”.

La organización añadió que “intentar amedrentar a las personas juzgadoras a través de herramientas disciplinarias no subsana los vicios ni la inviabilidad del modelo impuesto, sino que busca instalar un clima de autocensura e intimidación generalizada dentro de la judicatura”.

Finalmente, la Directiva Nacional del organismo concluyó reafirmando su postura sobre la labor jurisdiccional. 

“En JUFED reiteramos que la función jurisdiccional exige independencia absoluta y protección efectiva contra cualquier represalia por el sentido de las sentencias. No dejaremos solas ni solos a quienes cumplieron y cumplen con su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. La defensa de cada jueza y juez perseguido es la defensa misma de las libertades y de la justicia en México”.