INE descartó oferta más barata para material electoral y prefirió empresas ligadas a Taddei
Edgar Ledesma · 4 de noviembre de 2026
Por una hoja faltante en un convenio y un anexo que correspondía a otro organismo electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), entonces presidido por Guadalupe Taddei, descartó una cotización de Talleres Gráficos de México que era 34.3 millones de pesos más barata que la presentada inicialmente por Cajas Graf y TOL Producciones, empresas que posteriormente recibieron el contrato por adjudicación directa para fabricar urnas y mamparas para la elección judicial de 2025.
Aunque las empresas adjudicadas redujeron después sus precios, la diferencia frente a Talleres Gráficos se mantuvo en 26 millones 667 mil 936.64 pesos, según confirmó el Órgano Interno de Control (OIC) durante la comparecencia de su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante comisiones de la Cámara de Diputados este viernes 30 de octubre.
El contralor también informó que no se verificó suficientemente la capacidad de los proveedores contratados y que una de las empresas incorporó a su objeto social la comercialización de artículos electorales apenas tres días antes de publicarse la convocatoria.
“No se verificó objetivamente que los proveedores contaran con los recursos necesarios y la capacidad de respuesta inmediata”, sostuvo Carvente.
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Los hallazgos del OIC se suman a los documentos del propio INE que permiten reconstruir cómo fue descartada la propuesta de Talleres Gráficos y cómo la contratación terminó en manos de empresas que también habían sido descalificadas por documentación incompleta en una licitación previa.
La oferta descartada por una hoja y un anexo
El informe “Evaluación Integral del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, elaborado en noviembre de 2025, reconoce que Talleres Gráficos presentó la cotización más baja entre los proveedores consultados y que cumplía con los tiempos de entrega y las especificaciones técnicas, verificadas con acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La empresa ofreció fabricar cada urna electoral en 297.08 pesos y cada mampara especial, en 233.17 pesos, mientras que Cajas Graf y TOL Producciones cotizaron inicialmente esos materiales en 335 y 296 pesos, respectivamente, antes del impuesto al valor agregado.
La diferencia entre las primeras propuestas ascendía a 34.3 millones de pesos a favor de Talleres Gráficos, de acuerdo con el informe.
Sin embargo, el instituto descartó su cotización porque dos de los cinco contratos presentados para acreditar experiencia estaban incompletos. En un convenio con el organismo electoral del Estado de México faltaba la página 17 de 17, mientras que otro, correspondiente a Guanajuato, incluía un anexo del instituto electoral mexiquense.
Por esas inconsistencias, el INE consideró que Talleres Gráficos sólo había acreditado tres de los cinco contratos completos exigidos, pese a cumplir con las condiciones de precio, entrega y especificaciones de los materiales.
El informe no precisa si Talleres Gráficos, organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob), tuvo oportunidad de subsanar los documentos ni si existía algún impedimento para hacerlo.
Talleres Gráficos también mantenía vigente el convenio marco de colaboración INE/DJ/102/2023, que fue considerado durante el análisis de las alternativas de contratación.
Las empresas adjudicadas también habían sido descalificadas
El procedimiento comenzó el 23 de enero de 2025, cuando el INE publicó la convocatoria de la licitación pública LP-INE-001/2025 para adquirir urnas electorales, mamparas especiales y dados marcadores.
Según el acta de fallo del 7 de febrero, ninguna propuesta cumplió con todos los requisitos, por lo que las tres partidas fueron declaradas desiertas.
Entre los participantes estaban Cajas Graf y TOL Producciones, que concursaron conjuntamente. La evaluación detalla que presentaron ocho contratos para acreditar experiencia, pero cuatro estaban incompletos, por lo que tampoco cumplieron con el requisito de entregar al menos cinco contratos completos.
Después de declarar desierta la licitación, el INE realizó la investigación de mercado IM-0030-2025 e invitó a nueve posibles proveedores a presentar cotizaciones y muestras.
En esa etapa participó Talleres Gráficos, que no había concursado en la licitación inicial y ofreció los precios más bajos para las urnas y mamparas.
Tras descartar su cotización, el instituto consideró que la siguiente propuesta económicamente más baja entre las que cumplían con los requisitos era la de Cajas Graf y TOL Producciones.
El 18 de febrero, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral solicitó nuevas cotizaciones a los proveedores considerados aptos. Talleres Gráficos quedó fuera de esa consulta, mientras que Cajas Graf y TOL Producciones redujeron sus precios a 320.88 pesos por urna y 282.80 pesos por mampara.
Con esa reducción, la diferencia frente a la oferta de Talleres Gráficos pasó de 34.3 a 26.67 millones de pesos. Esta última cantidad corresponde a la comparación de los precios finalmente contratados y fue presentada por el OIC entre sus hallazgos preliminares.
La Dirección de Asuntos Jurídicos analizó tanto la adjudicación directa como el uso del convenio marco con Talleres Gráficos. Según el informe, mediante el oficio INE/DEAJ/3091/2025 señaló que recurrir al convenio requería acreditar la capacidad técnica, material y humana del proveedor, mientras que la licitación desierta permitía considerar una adjudicación directa.
El área jurídica también advirtió que la falta de urnas y mamparas podía poner en riesgo la organización de la elección judicial y el ejercicio del voto.
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Finalmente, el 27 de febrero de 2025, el INE adjudicó directamente a Cajas Graf y TOL Producciones la fabricación de 63 mil 549 urnas y 432 mil 745 mamparas, de acuerdo con el informe de seguimiento de materiales electorales presentado al Consejo General en mayo de ese año.
La presentación del OIC identifica la contratación como INE/007/2025, con un monto mínimo de 165 millones 615 mil 391.38 pesos y uno máximo de 198 millones 738 mil 544.10 pesos.
El contralor cuestiona la capacidad de los proveedores y las penalizaciones
Durante su comparecencia, Víctor Hugo Carvente señaló que la contratación presentaba deficiencias en la investigación de mercado y en la acreditación de la capacidad técnica, económica y operativa de los proveedores.
“Particularmente, no se acreditó la participación técnica y operativa de una empresa en la ejecución del contrato”, afirmó.
Según su presentación, esa empresa incorporó a su objeto social la comercialización de artículos electorales el 20 de enero de 2025, tres días antes de publicarse la convocatoria. En ese apartado no identificó a cuál de las empresas se refería.
El contralor añadió que la investigación de mercado incluyó posibles oferentes cuya actividad comercial no correspondía con los materiales que el INE buscaba adquirir. “Yo me dedico a vender tornillos y de repente ya puedo vender urnas electorales”, ejemplificó.
También cuestionó la justificación de la adjudicación directa, pues, de acuerdo con los hallazgos del OIC, el Comité de Adquisiciones aprobó la excepción a la licitación pública sin acreditar suficientemente las causales previstas en el artículo 50, fracciones II, IV y VI, del reglamento de adquisiciones del iInstituto.
“No se justificaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad”, señaló. La revisión también identificó retrasos en la entrega de los materiales y diferencias en el cálculo de las penalizaciones.
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La presentación del OIC indica que el INE determinó inicialmente penas convencionales por casi 5 millones de pesos, pero después las redujo a aproximadamente 26 mil pesos, al invocar un supuesto caso fortuito que, según el órgano de control, no estaba acreditado.
El OIC estimó que los retrasos debieron generar penalizaciones por casi 43 millones de pesos. “¿Qué hizo el instituto? Determinó que esa pena convencional solamente iba a ser por 26 mil pesos”, expresó Carvente ante los diputados.
El funcionario precisó que los resultados expuestos eran preliminares y debían continuar su proceso de revisión antes de convertirse en determinaciones definitivas.
La ASF ubica a las empresas en un mismo grupo
En la presentación de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ubicó a las empresas identificadas como “C Graph” y TOL dentro de un mismo grupo de proveedores, denominado GHC, junto con ZEG, Seriplast y Reconstrucción y Comunicación.
A ese grupo le atribuyó contrataciones con entes públicos por 2 mil 257.1 millones de pesos, dentro de un análisis correspondiente a los ejercicios de 2014 a 2026. El monto comprende distintas contrataciones y no corresponde exclusivamente al contrato de urnas y mamparas.
Por su parte, el OIC presentó un análisis de vínculos entre accionistas, apoderados y representantes legales de proveedores electorales, en el que aparece José Alfredo Hernández Casillas relacionado con Cajas Graf y Seriplast.
Carvente sostuvo que la concentración de proveedores trasciende al INE y alcanza a los organismos electorales estatales. “Este no es un asunto de este momento, es un asunto que viene de muchos años atrás”, dijo.
En el contrato de urnas y mamparas, los documentos consultados dejan pendiente precisar qué información permitió considerar aptas a Cajas Graf y TOL Producciones después de haber sido descalificadas por contratos incompletos, así como si Talleres Gráficos tuvo oportunidad de corregir la documentación por la que fue excluida.
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