Contraloría del INE investigaba contratos irregulares desde 2025; diputados citan al titular

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) investigaba desde 2025 presuntas irregularidades en contrataciones públicas, entre ellas posibles conflictos de interés, uso irregular de recursos y simulación del cumplimiento de requisitos. Ahora, diputados llamarán a comparecer a su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, para que explique sus actuaciones en las indagatorias que involucran a por lo menos 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas.

El OIC entregó su informe a la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre, el mismo día en que Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE, después de que reportes periodísticos expusieran presuntas irregularidades en contratos y sus presuntos vínculos con losentre proveedores y su entorno. El documento recoge expedientes y observaciones anteriores a su salida.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, cuestionó la actuación de la contraloría y pidió conocer qué medidas emprendió durante ese tiempo. También sostuvo que la renuncia de Taddei no debe cerrar las investigaciones.

“Vamos a llamar a comparecer al titular del OIC para que dé a conocer a todos los grupos parlamentarios qué es lo que se ha hecho en todo este tiempo”, expresó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó el 27 de octubre que Carvente comparecerá ante ese órgano y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Espero que esta misma semana lo haga”, señaló, aunque la fecha está pendiente de definición.

La Junta Directiva de esa comisión fue convocada para este miércoles 28 de octubre, a las 10:00 horas, para discutir y, en su caso, aprobar el acuerdo relativo a la reunión del pleno de la comisión con el titular del OIC. La convocatoria todavía no establece cuándo acudirá Carvente.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, confirmó que los grupos parlamentarios aceptaron la comparecencia y que deberán acordar la fecha. Su bancada, dijo, insistirá en que el funcionario acuda lo antes posible.

Monreal conocía las investigaciones desde meses antes

Monreal reconoció el pasado 26 de octubre que conocía las indagatorias desde dos o tres meses atrás. “Yo sabía del Órgano Interno de Control y también sé que ha iniciado investigaciones, no ahora, sino desde hace seis meses”, afirmó.

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El legislador atribuyó la permanencia de los procedimientos abiertos al respeto del debido proceso y a los plazos para que las personas señaladas presenten pruebas y alegatos antes de una resolución.

Carvente también había presentado avances de fiscalización ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados el 9 de septiembre, durante una reunión sobre las acciones del órgano de control en 2026.

A ese antecedente se suma la notificación al INE, el 9 de octubre, de 45 cédulas de observaciones preliminares. Según el informe, derivaron de una auditoría a procedimientos de contratación realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026.

La revisión abarcó áreas como la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, las unidades técnicas de Fiscalización y de Igualdad de Género y No Discriminación, así como las coordinaciones de Comunicación Social y de Asuntos Internacionales.

Entre los posibles hallazgos en las auditorías, la contraloría enumeró documentación falsa o alterada, ocultamiento de información, actuaciones bajo conflicto de interés, recursos sin debida comprobación y posibles actos de colusión. También advirtió sobre empresas que no acreditan capacidad técnica, económica u operativa para prestar los servicios contratados.

El informe señala que las observaciones fueron notificadas al INE, pero no identifica a las personas que las recibieron ni detalla las medidas adoptadas en respuesta por cada área.

En el documento, identificado como anexo al oficio INE/OIC/0182/2026, el órgano fiscalizador reportó que durante 2025 y 2026 abrió 16 expedientes relacionados con los hechos difundidos públicamente. De ellos, 11 corresponden a contrataciones públicas y comprenden a los funcionarios, exfuncionarios, particulares y empresas.

Adicionalmente, informó de otras 25 investigaciones en materia de contrataciones, iniciadas como resultado de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control.

Las posibles conductas identificadas incluyen uso irregular de recursos públicos, simulación del cumplimiento de requisitos en contrataciones, abuso de funciones y deficiencias en la supervisión, recepción o pago de bienes y servicios que podrían ocasionar daños patrimoniales.

Respecto de cuatro casos de posible ocultamiento de conflictos de interés, el OIC indicó que emitió acuerdos de calificación de la conducta en por lo menos tres, mientras el restante continúa bajo investigación. Estos avances no equivalen, por sí mismos, a sanciones definitivas.

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El informe también incluye un balance general de las actividades del órgano de control. Desde enero de 2025 y hasta la fecha del documento, reportó 20 sanciones: 19 inhabilitaciones y una suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días. Las sanciones económicas acumuladas ascienden a 1.6 millones de pesos, sin que el reporte atribuya todas estas medidas a los casos recientemente difundidos.

Entre los procedimientos contra proveedores, destacó la inhabilitación de Bell-Krom, S.A. de C.V., el 2 de octubre, por incumplir la entrega de bienes. La empresa había sido contratada para adquirir y distribuir 25 mil 302 chamarras destinadas a supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales del proceso federal 2023-2024.

La contraloría precisó que no tiene facultades para revisar, validar o autorizar previamente las contrataciones de personal del INE. Sí puede verificar la veracidad de las declaraciones de los servidores públicos e iniciar investigaciones cuando encuentre indicios de discrepancias u omisiones.

El Órgano Interno de Control sostuvo que debe proteger la identidad de los denunciantes y de las personas investigadas, así como la información cuya divulgación pueda obstaculizar los procedimientos. Aclaró también que esas restricciones no impiden informar sobre sus acciones generales, estadísticas, resultados públicos de auditorías y resoluciones firmes.

Monreal, por su parte, afirmó que la renuncia de Taddei no la exime de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido y se pronunció por una investigación imparcial.