Cinco empresas simularon competencia y obtuvieron 2 mil mdp en contratos: contralor del INE

Edgar Ledesma · 30 de octubre de 2026

Cinco empresas simularon competencia y obtuvieron 2 mil mdp en contratos: contralor del INE

Cinco empresas vinculadas entre sí simularon competencia y recibieron contratos de organismos electorales locales por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, señaló Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su comparecencia ante diputados, el funcionario también informó que cinco servidores públicos enfrentan procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves y presentó hallazgos sobre compras para la elección judicial, posibles conflictos de interés y reducciones injustificadas de penalizaciones a proveedores.

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Las empresas señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, que, según el análisis presentado por el OIC, comparten socios o representantes legales y participaron como competidoras en contrataciones de material electoral.

“Estamos ante un escenario de colusión, o bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, afirmó.

Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control
Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control. Foto. Comunicación Cámara de Diputados

Carvente explicó que el mecanismo consistía en presentar cotizaciones elevadas para incrementar artificialmente los precios de referencia, provocar la eliminación de propuestas más económicas y favorecer a una empresa del mismo grupo.

“Nos ponemos de acuerdo, dos inflamos el precio, elevamos la mediana, descalifican a la más baja y resulta ganadora la que tuvo la propuesta más alta. Ese es el modo de operar de estas empresas”, sostuvo.

El estudio incluyó la revisión de 106 contrataciones de material electoral en organismos públicos locales electorales y 53 procedimientos de licitación pública, con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El monto de 2 mil 461 millones corresponde al valor de los contratos identificados con esas cinco empresas, no a un daño patrimonial determinado. Carvente reconoció que el estudio es preliminar y no comprende la totalidad de las contrataciones de los organismos locales.

De acuerdo con el desglose presentado, Cajas Graf concentró contratos por mil 72.88 millones de pesos, seguida de Formas Finas y Materiales, con 815.96 millones; Corporativo ZEG, con 278.72 millones; Comercializadora JVLY, con 208.40 millones, y Seriplast de México, con 85.12 millones.

Cinco funcionarios enfrentan procedimientos por faltas graves

Ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, Carvente informó que existen 18 expedientes relacionados con los hechos difundidos en medios, de los cuales 13 continúan en investigación y cinco ya están en procedimiento de responsabilidades.

“Ya se dejó el citatorio para su audiencia inicial, es decir, formalmente ya se realizó la imputación al servidor público”, explicó sobre estos últimos.

Reunión con titular del OIC del INE
Reunión con titular del OIC del INE. Foto: Cámara de Diputados

El funcionario señaló que las investigaciones incluyen actuaciones bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflictos de interés, aunque no reveló las identidades de las personas involucradas ni atribuyó a los cinco funcionarios el conjunto de contratos por 2 mil 461 millones de pesos.

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Precisó que corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolver sobre las faltas graves e imponer, en su caso, las sanciones, por lo que los procedimientos anunciados no constituyen resoluciones definitivas.

Entre los casos expuestos, describió el de un servidor público que era socio de una empresa, intervino en su contratación y posteriormente firmó la recepción de los bienes a satisfacción, sin reportar inconvenientes.

En otro caso, una persona vinculada previamente con un proveedor como parte de su personal directivo ingresó al instituto y, desde un cargo de dirección, solicitó una contratación que fue adjudicada a esa misma empresa.

Carvente señaló que este último contrato tuvo una vigencia de nueve días y se pagaron aproximadamente 1.3 millones de pesos, pese a inconsistencias en los entregables y falta de evidencia suficiente para acreditar la prestación del servicio.